Las jóvenes a partir de los 16 años podrán abortar sin el consentimiento de los padres y madres, las reglas dolorosas podrán comportar bajas laborales desde el primer día y sin duración máxima, habrá un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de gestación -no de la 36, como en principio proponía el Ministerio de Igualdad- y los centros educativos tendrán que ofrecer, gratuitamente, los productos necesarios para la menstruación. Éstas son algunas de las cuestiones más relevantes que incorpora el anteproyecto de ley para la Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Garantía de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, después de muchos meses de controversia entre ambos partidos que conforman el gobierno español.
Ahora, este proyecto de ley deberá pasar por los órganos consultivos, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, y después se enviará al Congreso de los Diputados, donde se debatirán las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. A continuación irá al Senado, donde previsiblemente también se presentarán enmiendas. Si supera este largo trámito parlamentario, la nueva ley actualizará la vigente desde 2010, que todavía está pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional por el recurso interpuesto por el Partido Popular hace doce años.
El anteproyecto ha sido impulsado por el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos) y, desde el minuto cero, ha generado debate entre los miembros socialistas del gobierno, que no ven con buenos ojos algunos de los planteamientos del nuevo anteproyecto de ley. De estos aspectos, los más controvertidos son en relación con el aborto a partir de los 16 años sin el consentimiento paterno, lo que genera mucho rechazo en sectores más conservadores y, especialmente, las bajas laborales por reglas dolorosas. De hecho, este último aspecto ha sido discutido desde el propio PSOE, desde los sindicatos y desde diferentes sectores feministas, por considerar que puede estigmatizar a las mujeres y dificultar aún más su actividad laboral y sus carreras profesionales. Finalmente, la baja por reglas dolorosas requerirá que la mujer haya sido diagnosticada con alguna enfermedad asociada a estos dolores, como dismenorrea, endometriosis o síndrome de ovarios poliquísticos, minimizando el número de mujeres que podrán acogerse a ellos.
Sin IVA reducido en los productos menstruales
El proyecto de reforma de la ley del aborto finalmente no incluirá la reducción del IVA de los productos de higiene menstrual, que el Ministerio de Igualdad pretendía bajar del 10% al 4%. Lo confirmó la ministra de Igualdad este lunes, en una entrevista en la Cadena SER, en la que responsabilizó al Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, de que este elemento no se incorpore en la propuesta legislativa. Se calcula que con esa reducción del IVA se dejarían de recaudar unos 30 millones de euros.. La propuesta ha quedado aparcada y se volverá a plantear en los próximos presupuestos generales del Estado.
Según un estudio del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol, un 19,2% de las mujeres han tenido en algún momento de su vida dificultades económicas para comprar productos menstruales. Asimismo, una investigación pionera en el ámbito europeo, impulsada por Zero Waste Europe y realizado por Rezero, estima que el coste anual asociado a estos productos oscila entre los 21 y los 125 euros, entre 749 y 4.493 euros a lo largo de la vida de una mujer.
Interrupción voluntaria del embarazo
Por lo que respecta al derecho al aborto, se pretende que sea claramente un servicio del sistema público de salud y, para garantizarlo, la propuesta adoptada por el Consejo de Ministros recoge un registro de objetores de conciencia que se pondrá en marcha en cada autonomía y que ya avanzó la ministra Montero hace unas semanas. En este sentido, los profesionales que quieran inscribirse deberán hacerlo con antelación y por escrito y, como dice el texto del proyecto, estos objetores de conciencia lo serán tanto para el ámbito público como para el privado. También se prevé la eliminación de los tres días de reflexión para abortar y la obligación de recibir información a menos que lo solicite la mujer de forma expresa. Se mantendrán los plazos actuales, por lo que el aborto seguirá siendo libre hasta la semana 14 de gestación, pero será la mujer quien decida el método con el que llevará a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. A partir de aquí y hasta la semana 21, se podrá realizar un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas como malformación del feto o peligro para la vida de la madre. Además, el nuevo proyecto de ley incluye un período de baja por interrupción voluntaria del embarazo y se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en estos casos.
En este contexto, recientemente se ha modificado el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos. Este tipo de acoso en las puertas de determinadas clínicas era una constante desde la despenalización del aborto y el reconocimiento, del derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras catorce semanas del embarazo. Con esta nueva disposición, que ya está en funcionamiento, se ofrece proporcionar seguridad jurídica tanto a las mujeres que desean interrumpir el embarazo como a los profesionales que participan, ya que establece penas de hasta tres años para aquellos que, para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosen a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos.
Salud sexual
El documento presentado en el Consejo de Ministros también incluye la gratuidad de los anticonceptivos hormonales, incluidos los de larga duración, y la píldora del día siguiente, la distribución de estos métodos anticonceptivos en institutos en el marco de campañas de educación sexual y, en el plazo de un año, la dispensación de anticonceptivos de barrera en los centros educativos. Además, las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, para que esto no sea sólo una responsabilidad de las mujeres.
El nuevo proyecto de ley también pone énfasis en la educación sexual, que pasará a ser obligatoria en todas las etapas educativas y se enfocará desde el consentimiento y relaciones fomentadas a los buenos tratos. Asimismo, se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y también se formará de forma específica en educación sexual y menstrual a los profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.
Vientres de alquiler
El proyecto de ley también regula, prohibiéndolos, los vientres de alquiler, puesto que se consideran como una de las formas de violencia contra la mujer. Con esta consideración, se prohibirá la publicidad de las agencias que ofrecen este tipo de servicios, con sanciones por los medios de comunicación que incluyan sus anuncios. Finalmente, el borrador de la nueva norma ha eliminado el artículo en el que se proponía dar competencia a los tribunales para perseguir penalmente a las parejas que recurran al extranjero para llevar a cabo esta práctica.
