“Queremos tolerancia cero ante las ocupaciones”, así de contundente termina el manifiesto escrito por la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano, formada por alcaldesas y alcaldes de Granollers, Mataró, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Dicha asociación se creó hace aproximadamente un año con la intención de poder ‘’tener más fuerza’’, como coalición de municipios. Básicamente, hacer frente común ante los problemas que les afligen aunque sean medio ficticios.
El frente común que han elegido como caballo de batalla son las ocupaciones. No para buscar soluciones afrontando el problema de la vivienda enfrentándose a la banca, fondos buitre y demás especuladores, sí para sumarse a la campaña de desinformación que hace tiempo lleva orquestando la derecha más rancia con la complicidad de los grandes medios y empresas de alarmas, subvencionados por los mismos fondos buitres que especulan y desahucian con toda la impunidad que se les ha otorgado. Tanto, en nuestra historia más reciente, por las políticas del PP y el PSOE, como de la complicidad de jueces y Tribunal Constitucional, más preocupados por proteger los intereses de unos pocos, apelando a la propiedad privada y a la seguridad jurídica de un sistema capitalista que ya ha mostrado sus efectos sobre la población, que en hacer políticas reales que den un beneficio a la ciudadanía que les vota y hace funcionar el país.
Es totalmente contradictorio, que estos consistorios supuestamente progresistas, lejos de fomentar políticas sociales o usar mecanismos legales existentes, como la ley 24/2015 o su reciente ampliación con la ley 1/2022, se dedican a alimentar la guerra entre vecinos y vecinas, con un discurso lleno de odio. Un discurso que da claras muestras de racismo y clasismo institucional que se muestra como mero ataque a los barrios más empobrecidos y precarizados de unas ciudades que optan por políticas elitistas y burguesas, para tapar lo que incomoda: la pobreza. La misma pobreza a la que las administraciones nunca han dudado en dar la espalda y ahora se pretende convertir en un problema de delincuencia. Solo hay que escuchar, por ejemplo, las declaraciones del alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, afirmando sin que le suban los colores, que “más de la mitad de la gente que vive en precario son delincuentes”.
La ocupación de viviendas vacías es un hecho, tan indiscutible, como que hay un problema estructural con la vivienda que políticamente no interesa revertir. Sale más barato arremeter contra aquellas familias expulsadas del sistema, sin más remedio que ocupar para tener un techo. Antiguos propietarios que perdieron su vivienda junto a sus trabajos, inquilinos incapaces de asumir los actuales precios, personas vulnerables – sea por falta de ingresos o por tenerlos demasiado bajos- personas migradas…, diversos son los perfiles del ocupa, por que la ocupación, junto al sinhogarismo, son la última frontera cuando todo els sistema administrativo y judicial falla.
La respuesta del movimiento por la vivienda, en torno a los municipios englobados en el Arco Metropolitano, no ha tardado en llegar. Está en marcha una campaña impulsada por la PAH Mollet Baix Vallès y la PAH de Granollers, que dio su pistoletazo de salida el martes 24 de mayo con la ocupación del Ayuntamiento de Mollet para exigir que el alcalde se retracte de sus acusaciones.
En su comunicado, el movimiento por la vivienda afirma: “Las protagonistas de la ocupación son mayoritariamente familias en situación de exclusión residencial […] ¿Con qué intención desde el gobierno municipal se pretende falsear esta realidad? Cierto es que hay grupos que operan en la clandestinidad lucrándose con la venta de llaves de pisos de grandes propietarios. Prácticas que denunciamos. Se aprovechan de una situación generada por las otras mafias que operan a plena luz del día: los bancos y los fondos buitre. Y lo hacen porque hay una demanda: familias que no tienen otra opción de acceder a una vivienda. Ninguna familia quiere vivir ocupando. Supone tener problemas con la comunidad de vecinas, problemas para tener agua, luz y gas, problemas con la policía y los juzgados, estigma social… Y sobre todo, saber que hay una fecha cercana de desahucio aproximándose. ¿Qué familia quiere vivir así voluntariamente? Las administraciones del Estado, incluidos los ayuntamientos, con colaboradoras de generar y perpetuar esta situación: creando marcos legales favorables a los especuladores, enviando dispositivos casi militares a los desahucios, no desarrollando programas de vivienda pública, no ofreciendo alternativas dignas a las familias desahuciadas, en situación de sinhogarismo o infravivienda y reprimiendo a aquellas que defienden el derecho a la vivienda.
¿Cual es la mejor forma de combatir a las mafias? Dejar de proteger a los grandes especuladores y proteger el derecho a la vivienda.’’
Según el Ministerio del Interior español, en septiembre de 2021, en Catalunya había 5.689 ocupaciones, de las 13.389 existentes en el conjunto del Estado. Cabe recordar que Catalunya también es el territorio donde más desahucia. A falta de los datos de este año en vigor, el año 2021 se cerró con 9.398 desahucios en Catalunya, 2.142 en los nueve municipios del Arco Metropolitano. Los mismos municipios que aglutinan 3898 pisos vacíos de gran tenedor, que de cumplir la cesión obligatoria tal como marca la ley catalana, darían respuesta habitacional a las familias desahuciadas y sin alternativa de vivienda.
Según el manifiesto del Arco Metropolitano,”tenemos un problema y queremos soluciones. Por eso pedimos medidas legales y mejores instrumentos para la actuación policial y actuar contra las mafias y las ocupaciones conflictivas.
Una reforma de la ley estatal que dé más cobertura a la actuación policial, endurecer el Código Penal, la creación de juzgados especializados y un plan policial especial contra las mafias. Estas son las medidas que reclaman al Estado español y a la Generalitat, la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano, para “erradicar las ocupaciones de viviendas que provoquen conflictos vecinales y que forman parte de entornos delictivos”.
Un juego perverso y peligroso, mezclar problemáticas como son el de acceso a la vivienda y el de la delincuencia via narcotráfico y trata de personas, apelando a la seguridad vecinal y tachándolo todo de ocupaciones conflictivas sin distinción.
Si observamos los datos ofrecidos por los Mossos d’Esquadra, observaremos cómo se está sobredimensionando un problema, que dista mucho de ser la realidad que nos están vendiendo, como método discursivo para eludir las responsabilidades de las administraciones y no tocar el problema de raíz que sí nos afecta a todas: la falta de vivienda pública y unas políticas públicas que velen por el interés general y no solo el de los fondos de inversión o sus puertas giratorias.
Los datos reales no están evitando el aluvión de mociones municipales impulsadas por el PSC por todo el territorio catalán, que están dando pie al apoyo de PP, Ciudadanos, Vox y Junts, para seguir promocionando fantasmas, proteger a los más ricos y discriminar aún más, si cabe, a las personas más empobrecidas de nuestra sociedad.
