Alumnos con discapacidad intelectual y título de la ESO, ¿todavía una lotería?

El título de ESO es el primer gran reconocimiento que todo estudiante recibe habitualmente a los dieciséis años, después de diez años de escolarización obligatoria y varios más no obligatoria. Unos pocos alumnos no titulan porque no aprueban. Y hay otros que tampoco lo hacen a pesar de que sí aprueban. Éstos es el caso, todavía, de buena parte de alumnos con discapacidad intelectual (NESE A), que hacen todo el itinerario formativo obligatorio con adaptaciones, y con unos objetivos de aprendizaje personalizados, y que al finalizar el etapa son juzgados a partir de los criterios estándar, y por tanto no llegan al nivel . O que se ven condicionados por una normativa que, paradójicamente, les condena a suspender por seguir formándose.

“¿Dónde se ha visto que después de todo el esfuerzo que han hecho acaben la etapa formativa más importante de su vida sin reconocimiento? Como le explicas a un alumno que ha hecho todo lo que le han dicho que haga, y que lo ha hecho bien, que al final eso no tiene ningún valor y que te vas sin nada, mientras todos tus compañeros reciben un título ? ¿Cómo puede que la obtención de un título te perjudique y que la razón para no concedértelo sea no perjudicarte?”. Estas preguntas se las hace Montse Tarridas, vicepresidenta de la Asociación en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (LADD), entidad que ha llevado al Síndic de Greuges su queja después de años de pedir – infructuosamente– una solución a las administraciones implicadas, en especial el Departamento de Educación, pero no sólo.

El problema tiene mucho que ver con lo que ocurre después. Los institutos aconsejan suspender a los alumnos con NESE A porque los ciclos formativos de grado medio, a los que podrían acceder con el graduado, no suelen realizar adaptaciones. Con lo que sólo les queda la vía de los PFI adaptados o los programas de transición a la vida adulta de los centros de educación especial, a los que sólo se accede sin el graduado. Esta problemática se medio solucionó hace unos años, con la creación de los IFE (Itinerarios de Formación Específica), una formación de FP básica de cuatro años a la que se puede acceder con y sin el título de ESO, y precisamente Tarridas va formar parte del grupo de madres que más empujó (a través de los medios y decenas de reuniones con los grupos parlamentarios) para que la Ley de FP (2015) regulara esta formación.

El catalán y la fortuna

Hay una derivada “especialmente discriminatoria”, dice Tarridas, que tiene que ver con el reconocimiento del catalán, y por tanto con Política Lingüística (Departamento de Cultura). Todos los alumnos que aprueben la ESO obtienen automáticamente el certificado B2 de catalán. En el caso de los alumnos con discapacidad sin título de ESO, tampoco tienen el B2 de catalán, al margen de la nota obtenida en esta materia. Lo que ocurre después es que en cualquier proceso de oposición de una administración pública en Cataluña se pide el B2 como mínimo, también las que se hacen por el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Y Política Lingüística no hace convocatorias adaptadas a personas con discapacidad intelectual, ni tampoco contempla, por ejemplo, que un alumno con un título de IFE también consiga el B2. Pero es que, en relación a las convocatorias del Estado, la discriminación es aún más flagrante. Los alumnos con discapacidad intelectual españoles que realizan procesos de oposición en una administración pública no deben acreditar ninguna competencia en lengua castellana, porque al ser ciudadanos españoles ya se supone que la tienen.

Todavía hay otro aspecto discriminatorio, que quizá sea el que más duele. Porque en la obtención del título muy a menudo interviene la buena o mala suerte de cada familia, por lo empático que es el director/ao inspector/a que se cruza en el camino de su hijo/a. Dicho de otro modo: sí que hay alumnos con discapacidad intelectual que obtienen el título de la ESO. “Los suspenden de una materia para que puedan acceder al itinerario que quieren, y cuando ya están dentro hacen un simulacro de recuperación y así ya pueden tramitar el título”, explica Montse Tarridas. No han hecho más méritos ni tienen más competencias que el resto. Solo han sido más afortunados. “Este tema es demasiado serio y condiciona el futuro de nuestros hijos. No podemos estar pendientes de la suerte o de la buena voluntad del director o el inspector, ¿qué igualdad de oportunidades es ésta?”, se pide la vicepresidenta de la LADD.

La resolución del Síndic

En enero de 2020, la LADD presentó por registro tres cartas a los Departamentos de Educación, Cultura y Trabajo (como Departamento que había convocado unas oposiciones que no tenían en cuenta todas estas cuestiones) para exponer la problemática y pedir a sus responsables ( Bargalló, El Homrani, Ponsa) una reunión para explorar vías de solución. No obtuvieron ninguna respuesta. Casi dos años después, en diciembre de 2021, volvió a entrar por registro la misma carta en los mismos departamentos y distintos titulares (Cambray, Torrent, Garriga). Tampoco ninguna respuesta. Y finalmente la LADD se dirigió al Síndic de Greuges, que les ha acabado dando la razón.

En una larga resolución hecha pública hace unas semanas, el Síndic analiza todos los derechos que concurren en esta cuestión, así como la normativa (desde las Convenciones de NNUU de los Derechos de la Infancia y de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hasta la LOMLOE , la LEC y el decreto de escuela inclusiva) y acaba pidiendo al Departamento de Educación que garantice “la graduación en ESO del alumnado con necesidades educativas especiales en base a los criterios de evaluación establecidos en su plan de soporte individualizado, de acuerdo con el progreso educativo seguido por el alumnado”. “No es suficiente –dice el Síndic– denegar la graduación de la ESO por falta de consecución de las competencias básicas establecidas con carácter general para la etapa (…), dado que cualquier alumno debería poder superar la educación básica si realiza un proceso educativo positivo acorde con sus necesidades”.

En un año no ha cambiado nada

De hecho, el tema parecía resuelto con la aprobación de la LOMLOE. En marzo de 2021 este diario publicó una noticia con este titular: Los alumnos con discapacidad intelectual podrán graduar la ESO (de hecho, ya podían). La LOMLOE, aprobada dos meses atrás, dejaba claro que las adaptaciones curriculares no deben ser un obstáculo para que un alumno promocione o titule. En ese momento este diario habló con la entonces directora general de Currículum y Personalización, Maite Aymerich, quien confirmó que éste era también el espíritu de la norma en Cataluña. “Nuestro sistema educativo se rige por una normativa suficientemente flexible y abierta que pretende favorecer el éxito educativo de todo alumnado, ajustándose a las diferentes necesidades de los alumnos”, decía Aymerich, según la cual estaba previsto “revisar la normativa de forma que el hecho de obtener el graduado en educación secundaria no limite el acceso a los PFI”.

De momento, la normativa sobre el acceso a los PFI ya los IFE sigue igual, debe suspenderse a la fuerza en el primer caso y para poder competir en el segundo. Y la práctica y la mirada de algunos equipos de evaluación y de algunos inspectores sigue siendo la misma: no tiene las competencias básicas, no puede graduar. Así lo razonaba recientemente en un caso particular una inspectora a una familia que también reclama el título de la ESO para su hijo a través del Síndic:

“El PI del alumno XXX y las actas de evaluación ponen de manifiesto que al finalizar el curso 2017-18 estaba en proceso de alcanzar las competencias propias del ciclo medio de educación primaria recogidas en el Decreto 119/2015. (…) De acuerdo con la normativa vigente la consecución de las competencias de la etapa de ESO es requisito indispensable para la expedición del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. (…) El artículo 16.2. de la Orden ENS/108/2018, de 4 de julio, por la que se determinan el procedimiento, documentos y requisitos formales del proceso de evaluación en la educación secundaria obligatoria establece que se considera que un alumno ha superado la etapa cuando ha alcanzado las competencias de los ámbitos asociados a las materias y las de los ámbitos transversales”

En otras palabras, este alumno no tiene nivel . “Aprobar es una cosa y titular es otra”, le dijo la inspectora a esta familia cuando la recibió por hablar sobre el caso.

En su resolución, el Síndic lo ve de una forma muy diferente: “El sistema educativo no puede considerarse plenamente inclusivo si establece unos niveles de aprendizajes para superar la educación básica que no pueden ser adquiridos potencialmente, con las adaptaciones que correspondan, por cualquier alumno, sean cuales sean sus condiciones. En otras palabras, cualquier alumno debería poder graduarse en ESO, con las adaptaciones y apoyos necesarios, y la no graduación debe estar motivada en base a los criterios establecidos en cada caso, de acuerdo con sus necesidades educativas y con la consecución de los objetivos establecidos para el caso”.

Alumnos de CEE que sí titulan

Preguntado por este diario, fuentes del Departament d’Educació aseguran que el espíritu sigue siendo el mismo expresado por la ex directora general. Según estas fuentes, las instrucciones de inicio de curso 2022/23 establecerán que para la concesión del título de la ESO deben tenerse como referencia los criterios establecidos en el plan individual del alumno, y que “en ningún caso las medidas de apoyo que se deriven pueden suponer un obstáculo para obtenerlo”. Sin embargo, estas fuentes aceptan que los equipos evaluadores que de forma colegiada deciden otorgar o no el graduado pueden tener en cuenta otros factores, más allá de si ha superado sus objetivos de evaluación, “cómo puede ser la madurez personal o su posibilidad de progreso en itinerarios formativos posteriores”. Por ahí llora la criatura.

Estas fuentes también aportan un dato interesante, que refuerza la impresión sobre la arbitrariedad del sistema. En 2020, un total de 40 alumnos de centros de educación especial (CEE) obtuvieron el graduado de ESO. Y el año 2021 fueron 30. Los CEE son uno de los apoyos intensivos previstos en el decreto 150/2017, de escuela inclusiva, más aún que los SIEI, que son los soportes, también intensivos, que existen en los centros ordinarios para el alumnado con NESE A. Se hace difícil entender, pues, como alumnos con el apoyo CEE obtienen el título y alumnos con el apoyo SIEI no, habiéndolo aprobado todo.

El concepto está claro, está recogido en una ley orgánica, en una resolución del Síndic y ahora parece estar en unas instrucciones del Departamento. Pero las inercias no se detienen de la noche a la mañana. Y, además, quedan pendientes de reparación los derechos que no se han respetado hasta ahora. “Tenemos a toda una generación de alumnos que ha superado la ESO con adaptaciones y que no tiene el título –recuerda Tarridas–, alumnos que todavía no están insertados en el mercado laboral y que se ven perjudicados y discriminados por la lentitud de las administraciones a la hora de respetar sus derechos. ¿Qué ocurre con toda esta generación a la que se le ha denegado la ESO pero se le sigue exigiendo el catalán en unas oposiciones? ¿Qué ocurre con los que no tienen el título de la ESO porque la manera de ayudarles en el corto plazo era perjudicándoles en medio y largo; ¿haremos alguna cosa con ellos?