1) Retirar la propiedad intelectual de las vacunas y de otros productos sanitarios, los llamados “TRIPS waivers”
Uno de los puntos centrales que estaba sobre la mesa era la propuesta de renunciar a la protección de patentes para las vacunas contra la COVID-19 con la intención de facilitar su acceso al sur global para que, en futuras pandemias, estas se pudieran producir sin la autorización de los titulares de las patentes. Principalmente, India y Sudáfrica — pero también las principales instituciones sanitarias y oenegés de todo el mundo —, han criticado insistentemente lo que se ha ido llamando “apartheid de vacunas”. Los países occidentales, principalmente Estados Unidos, Suiza y Alemania (presionados por la poderosa industria farmacéutica) se situaban en contra. Aunque el foco estaba en la liberación de las patentes de la COVID-19, la reivindicación histórica de los países del sur global — que la OMC como institución apoyaba — se extendía también al resto de productos sanitarios para tratamientos no relacionados con la COVID-19.
¿Qué se consiguió?
Muy poco. De los tres grandes bloques, el de la liberación de las patentes es en el que menos avances se lograron. India, Sudáfrica y otros países en vías de desarrollo pidieron la exención de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas, tratamientos, y diagnósticos de COVID-19 durante más de un año, pero enfrentaron la oposición de varias naciones desarrolladas con importantes productores farmacéuticos. El limitado avance logrado consistió en adoptar el acuerdo provisional firmado en mayo entre India, Sudáfrica, Estados Unidos y la UE, que consiste en que los países en desarrollo podrán autorizar el uso de una patente para la producción y el suministro sin el consentimiento del titular de la patente durante cinco años, sujeto a una posible prórroga. No es necesario que la producción sea predominantemente para el mercado interno, lo que significa que se permiten más exportaciones para garantizar un acceso equitativo. Dentro de seis meses, los miembros de la OMC deberán considerar si extiende la exención a terapias y diagnósticos.
Sobre la posibilidad de extender la liberalización de las patentes de otro tipo de productos sanitarios, ni hablarlo.
2) Acabar con los subsidios a la pesca
Según los estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA), la porción de las poblaciones de peces dentro de los niveles biológicamente sostenibles se ha desplomado del 90 % en 1990 a menos del 66 % en 2017, con algunas regiones como el Mediterráneo con porcentajes significativamente más bajos. El coste estimado por la OMC de los subsidios seria de 35.000 millones de dólares en los últimos 25 años, de los cuales 20 mil millones están directamente relacionados con la sobrepesca.
Acabar con los subsidios a la sobrepesca (una propuesta que la OMC mantiene desde hace veinte años) era la propuesta principal a debatir en la cumbre, a la cual se llegaba con un acuerdo de base general entre la gran mayoría de los estados, con una excepción: India. El segundo país más poblado del mundo (representa cerca de un 18% de la población mundial) se oponía al texto inicial, a la vez que pedía una exención del control durante 25 años, y una exención total para los “pescadores artesanales”.
¿Qué se consiguió?
“Un acuerdo histórico”, revelaban fuentes de la OMC poco después su confirmación. Todos los miembros de la OMC (recordemos que los acuerdos deben firmarse por unanimidad entre todos los estados) estuvieron de acuerdo en que a partir de ahora no se otorgará ningún subsidio a las embarcaciones u operadores que se dediquen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y/o a la pesca de una población sobreexplotada. Aunque los países en desarrollo estarán exentos durante dos años de la aplicación del nuevo acuerdo, la adopción de esta medida ha sido vista como una gran cesión por parte de la India, que hasta hace poco bloqueaba cualquier acuerdo. Los propios miembros deberán lleva a cabo investigaciones sobre las actividades frente a sus costas, y todos los miembros deberán notificar a la OMC sus planes de subvenciones a la pesca.
3) Agricultura
El tema de la agricultura y la seguridad alimentaria era en realidad el tema central de la cumbre que debía de haberse celebrado en el 2020, pero la COVID-19 — y la guerra en Ucrania —alteraron los planes establecidos. Había dos grandes bloques de propuestas. La primera, más delimitada, era la de excluir las restricciones a la importación de las compras de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos. Este punto se consideraba importante con respecto a la seguridad alimentaria en el sur global, particularmente con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también por la creciente emergencia climática que provoca sequías, inundaciones, etc. El segundo gran bloque de propuestas formaba parte de unas negociaciones que llevan 25 años en marcha y que tiene que ver con poner fin a las subvenciones internas a la producción y a la mejora de la transparencia de las restricciones a la exportación. Egipto, Sri Lanka y la India eran los tres países principales que se oponían a las propuestas de la OMC.
¿Qué se consiguió?
Una de cal y otra de arena. Por un lado, se firmó una decisión vinculante de no frenar las exportaciones al Programa Mundial de Alimentos; sin embargo, los miembros podrán elegir si adoptar o no medidas propias para garantizar su seguridad alimentaria. Aunque los miembros de la OMC acordaron en una declaración que tomarían medidas concretas para facilitar el comercio de alimentos y agricultura (incluidos cereales, fertilizantes y otros insumos agrícolas) y reafirmaron la importancia de limitar las restricciones a la exportación, no se cerró un acuerdo vinculante.
Este punto era especialmente susceptible para intentar frenar el gran aumento de precios del cereal debido a la interrupción de la exportación de cereales de Ucrania y Rusia. Por otro lado, los miembros de la OMC han extendido una moratoria sobre la imposición de derechos de aduana a las transmisiones electrónicas, en vigor desde 1998.
La OMC ¿una organización a la deriva?
Creada en el año 1995 después de ocho años de negociaciones, la OMC nacía bajo el auspicio de los Estados Unidos — el principal contribuyente económico de la organización —, con la intención de generar una estructura mundial que situara las bases del sistema multilateral de comercio bajo cinco principios clave que han regido la institución hasta la fecha:
- No permitir que los países discriminen entre sus socios comerciales o entre productos nacionales y extranjeros.
- Promover el libre comercio a través de la reducción de las barreras comerciales mediante la negociación.
- Promover la previsibilidad y la estabilidad en el sistema de comercio multilateral mediante la creación de compromisos vinculantes que aumenten la inversión empresarial y la competencia.
- Apoyar la competencia leal mediante la creación de condiciones equitativas para todos sus miembros.
- Fomentar el desarrollo y la reforma económica de los países “menos desarrollados”
Durante los primeros años después desde su nacimiento, la OMC (WTO en sus iniciales en inglés) era presentada ante el mundo como una suerte de avatar de la globalización y el capitalismo. En cierto sentido, así era. En ocasión de la 3ª cumbre ministerial celebrada en Seattle entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999, asociaciones sindicales y estudiantes, ONG, parte del movimiento anarquista y, por supuesto, el movimiento anti-globalización, protagonizaron una serie de manifestaciones que representaron el momento más álgido de la lucha anti-globalización, a la vez que encumbraron la OMC como garante y protectora de los intereses de la misma.
Paradójicamente, la “Lucha de Seattle” fue el principio del fin del movimiento anti-globalización, que en los años siguientes vio menguada tanto su unidad de actuación como, consecuentemente, su capacidad de intervención. La globalización — o esa “Aldea Global” que pronosticara Guy Débord en La sociedad del espectáculo (1967), se acabaría imponiendo de manera irremediable. Pero lo que parecía una institución dedicada a la mundialización del comercio al servicio de los Estados Unidos, acabó chocando con la voluntad e intereses de su mayor defensor.
Estados Unidas la creó, y ahora la deja caer
La OMC es una organización intergubernamental en la que las decisiones deben ser acordadas por unanimidad. Esto significa que un solo estado tiene capacidad de veto, aunque todos los demás estén a favor, por lo que llegar a acuerdos concretos es una tarea extremadamente difícil de conseguir.
El mayor “poder” de la OMC ha sido el Órgano de Apelación, establecido en 1995. Se trata de un órgano permanente integrado por siete personas, que tiene como misión lidiar entre las disputas legales planteadas por los miembros de la organización. El Órgano de Apelación puede confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas de un grupo especial y los informes del Órgano de Apelación son adoptados por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) salvo que todos los Miembros decidan no hacerlo.
Ya bajo la administración Obama, los Estados Unidos se quejaron de que muy a menudo las decisiones tomadas por el Órgano de Apelación quitaban derechos a los estados miembros al tiempo que se agregaban nuevas obligaciones. La OMC se estaría convirtiendo en una organización supranacional, algo que los Estados Unidos nunca pretendió. Cuando llegó la hora de renovar a los miembros del tribunal, Donald Trump decidió bloquearlo, acabando con el principal mecanismo legal de disputa de comercio internacional.
De fondo, una lectura en clave geopolítica parece clara: si en su creación la OMC podía interpretarse como una organización al servicio de los Estados Unidos (su mayor donante todavía a día de hoy), con el paso de las tres últimas décadas y con el fin de la hegemonía americana, ante el creciente imperio económico chino e indio, el balance de poder interno en la organización ya no es tan favorable a los intereses americanos.
En este sentido, la cumbre celebrada recientemente en Ginebra representa un balón de oxígeno para la OMC (y para Ngozi Okonjo-Iweala, su directora general desde marzo del 2021) que ha llegado a algunos compromisos importantes que le permitirá a la OMC reivindicar su propia razón de ser hasta, al menos, la próxima cumbre ministerial que se prevé a finales del 2023.
