España persiguió, torturó y mató a miles y miles de personas disidentes, y deportó a muchos más a campos de concentración nazis, todo con la colaboración de Hitler.
Así se implantó un régimen nacionalcatólico fascista durante 40 años, 40 años del silencio del miedo.
Con la llegada de la Constitución Española en 1978, muchas personas pusieron sus esperanzas en las que el Régimen sería juzgado y condenado. Pero al contrario: vieron cómo una Ley de Amnistía de 1977, pre constitucional, se mantenía vigente haciendo de contramuro para mantener el modelo español de impunidad.
No fue hasta el 2007, con Rodríguez Zapatero en el Gobierno, que pusieron sobre la mesa una Ley de Memoria, una ley que el PSOE daba por definitiva e incluso se disculparon por llegar tarde. Inmediatamente, las víctimas y las familias se topó con la realidad y el engaño: no habría anulación de las sentencias, no se cuestionaría la legalidad de los tribunales franquistas y, por tanto, tampoco de sus sentencias. Esto les llevó a iniciar un periplo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación en tribunales internacionales, como en Argentina.
Ahora, quince años después, se aprueba una nueva Ley de Memoria, lo que demuestra lo que ya denunció en su día el compañero Joan Tardà: la ley de memoria del 2007 mantenía las heridas abiertas y el sufrimiento de las víctimas y de los familiares.
Las exigencias de Esquerra Republicana y de la lucha contumaz del movimiento memorialista liderada por Tardà han hecho posible una mejor ley de memoria. La declaración de ilegalidad y nulidad de los tribunales franquistas y por tanto de sus sentencias, ha sido una de nuestras batallas, como el reconocimiento de la represión que sufrieron las culturas vasca, catalana, gallega y valenciana. O el reconocimiento de las víctimas de la Transición.
Sin embargo, la nueva Ley de Memoria Democrática deja abiertas todavía muchos interrogantes, porque mantiene en vigor la Ley de Amnistía del 77, no concreta cómo reparar a las víctimas y familiares – ya que no reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado ni de la Iglesia católica ni de empresas que se enriquecieron, así como deja a la voluntad de los ayuntamientos la retirada de toda simbología y nomenclaturas franquistas.
Para Esquerra Republicana la ley es poco ambiciosa, y cree que se ha perdido la oportunidad de realizar una verdadera ley de memoria democrática y por eso no hemos dado nuestro sello de calidad. Vamos a seguir muy atentas al desarrollo de la misma para que se cumpla todo lo que obliga la ley. Las víctimas y las familias merecen toda la dignidad, merecen saber la verdad, que se haga justicia y se las repare de una vez por todas, poder cerrar sus heridas.
