Basharat Changuerra y Canalejo (38) es la candidata de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona y actualmente ocupa un escaño en el Parlament de Catalunya. En sus manos estará liderar una formación que, en las últimas elecciones, perdió casi la mitad de los votos (un 43%) y se quedó sin representación en el consistorio.
Como candidata a la alcaldía de la CUP a Barcelona en las elecciones de mayo 2023 le pregunto: en caso de que ganara las elecciones, ¿cuál es la primera prioridad para la ciudad?
Lo primero que nos preocupa —como bien expresan las vecinas—, es la situación económica y el trabajo. Y esto significa acceso a la vivienda, capacidad de hacer frente a las facturas, etc. Nosotros tenemos las preocupaciones que tienen las vecinas, tal y como salió en la última Encuesta de Servicios, donde mostraba que la principal preocupación individual es su situación económica y el paro.
Pero la principal preocupación de la encuesta es la inseguridad con un 19,1% del total.
La inseguridad como percepción de problemática de ciudad, no como principal problema individual. Es interesante esta encuesta porque las vecinas realizan esta diferenciación. Vemos cómo este 19,1% de la problemática en inseguridad y del 12,4% de la de percepción a los problemas que tiene la ciudad, pero que éstos no se corresponden con los principales problemas que afectan a las vecinas, y que tienen que ver con la forma con cómo se construyen estos relatos.
La inseguridad como percepción de problemática de ciudad, no como principal problema individual
Entonces -y volviendo a la primera pregunta- me ha dicho que la prioridad es, principalmente, mejorar la situación económica. ¿Qué se puede hacer desde el consistorio en esta dirección?
Se pueden acompañar estos procesos de cara a la atención directa a las vecinas, a nivel de conseguir trabajo y desarrollar sus proyectos vitales e individuales, y por otra parte, a nivel de relación con políticas con el Estado y con los poderes económicos para proveer a la ciudadanía estas condiciones de acceso al mundo laboral.
Le pido, a ser posible, más de concreción: ¿qué políticas públicas se pueden hacer desde el consistorio —que al final tiene que ver con una partida concreta de los presupuestos— que sirvan al objetivo que usted ha determinado como prioritario?
Lo primero que debe hacer el consistorio es ser consciente de esta preocupación de las vecinas y procurar que todas las relaciones económicas del consistorio, a través de la internalización de los servicios públicos y de la contratación público-privada que se pueda hacer mientras camina hacia la internalización de los servicios públicos—, y todas las políticas de empleo y generación de puestos de trabajo, tengan como prioridad que las condiciones de las trabajadoras sean dignas y seguras. Esto vemos que no ocurre por ejemplo cuando se externalizan servicios básicos o cuando las empresas que brindan servicios al Ayuntamiento no tienen como principal preocupación blindar las condiciones laborales de las trabajadores. Allí donde el consistorio tiene competencia directa de las condiciones laborales deben procurarse blindarlas.
Internalizar los servicios públicos que el ayuntamiento tiene contratado a empresas externas es la principal política pública para revertir la situación…
Es una de las principales capacidades de incidencia que tiene el consistorio, además de acompañar a todos aquellos procesos de búsqueda de empleo y de atención ciudadana para garantizar condiciones dignas y seguras.
El Ayuntamiento gestiona una serie de tributos exclusivos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y puede crear otros nuevos, como la tasa turística. ¿Tiene alguna idea de qué hacer con estos impuestos, o toda redistribución de recursos se plantea en base a lo que me comentaba?
Evidentemente toda la recaudación de impuestos que dependa del consistorio, como puede ser la tasa turística debe revertir directamente en las vecinas, aunque no necesariamente en políticas de empleo por las propias vecinas. En muchas ocasiones se pueden mejorar los equipamientos deportivos, de barrio, etc. Todo esto implica una ampliación de los servicios que pueden optar las vecinas, pero no necesariamente generar puestos de trabajo.
Una de las críticas que se le ha hecho en el Ayuntamiento liderado por Ada Colau es la falta de proyecto a largo plazo.
Sí.
¿Cómo imagina Barcelona a veinte años vista?
El modelo de ciudad por lo que nosotros apostamos es, primero, el de un decrecimiento de turismo general y el del fomento de todo un nuevo modelo económico y empresarial a través de la contracción a pequeñas y medianas empresas, mejorando el tejido comercial, en detrimento de las grandes corporaciones, empresas y fondos buitres que sólo tienen el lucro como motor de generación de su actividad. No queremos seguir con el “modelo Barcelona” de escaparate que atraiga al turismo y las inversiones extranjeras como principal motor de generación de políticas.
El modelo de ciudad por lo que nosotros apostamos es, primero, el de un decrecimiento de turismo general
¿Cómo se hace esto, desde el Ayuntamiento? ¿Qué políticas públicas concretas —quizás en el terreno del urbanismo, de la economía— pueden emprenderse desde el marco jurídico y competencial del consistorio? Porque si bien puede haber un cierto consenso en la necesidad de redistribuir la riqueza de una forma más equitativa, al final esto debe pasar por una ley, una normativa, una ordenanza, etc…
Se deben establecer primero las bases y criterios de contratación de los servicios básicos y empresas con las que te relacionas y planificar la internalización de todos estos servicios. Después, todos aquellos servicios que queden fuera deben estar perfectamente tipificados en las bases de contratación y licitación para evitar que el lucro sea el único criterio. Es decir, en los contratos del consistorio, incorporar todas aquellas cláusulas que blinden los contratos de las trabajadoras y que hagan que la correlación entre el coste y la calidad del servicio prestado no obedezca únicamente a criterios económicos.
Pero esto no deja una parte muy pequeña de la economía de la ciudad. Lo que me está comentando sólo tendría efecto en aquellos contratos que tengan relación con la administración pública, pero no el de aquellas empresas privadas que operan al margen…
No, pero sí puedes hacerlo a través de la concesión de los permisos de actividad y los criterios que establecen en qué condiciones se conceden permisos de usos de espacio público, etc. Todas las empresas que quieren venir a invertir en Barcelona, independiente de si hacen o no una licitación pública, necesitan una serie de licencias, permisos, etc. En el momento en que se incorporan nuevos criterios para el desarrollo de actividades y relaciones económicas, estás procurando que la calidad de vida de las trabajadoras y usuarios de aquellos servicios mejoren.
Antes hemos comentado la posición de la inseguridad como máxima preocupación de la Encuesta de Servicios del Ayuntamiento y me ha puntualizado que la inseguridad era una cuestión más de percepción que, digamos, de empirismo en los datos. Aun así, aunque sea una percepción y no se vea reflejada a nivel cuantitativo con un incremento de la criminalidad, ¿hay que hacer algo para rebajar esta percepción?
Evidentemente. Que sea una percepción no significa, ni mucho menos, que sea un problema a menospreciar. Para nosotros es importante explicar lo que es la inseguridad o la seguridad. Lo que nos preocupa es cómo se genera, promociona o facilita este marco propio de la derecha y la extrema derecha, pero somos conscientes de que de fondo la inseguridad tiene mucho que ver con las condiciones materiales de la ciudadanía. La pregunta es: ¿qué condiciones materiales hacen que haya un porcentaje de la población que deba verse forzada a delinquir para sobrevivir? Cuando las condiciones materiales están cubiertas o aseguradas, reduce esta posibilidad. Entonces para nosotros la seguridad significa que todo el mundo tenga un techo, que tenga la capacidad de autogestionarse la vida y hacer frente al coste económico de la vida. Vemos la seguridad de forma comunitaria y global. Es un problema complejo y debe tenerse una mirada larga, sobre todo, también, potenciando la prevención.
¿Qué condiciones materiales hacen que haya un porcentaje de la población que deba verse forzada a delinquir para sobrevivir?
Uno de los principales debates de ciudad— y caballo de batalla del proyecto de Ada Colau— es aquél que pone el centro la reducción de la contaminación y la disminución del vehículo privado dentro de la ciudad. ¿Se sienten próximas a estas ideas?
En la teoría sí, en la aplicación práctica, no. Vimos por ejemplo cómo la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) propuesta por el Ayuntamiento no salió adelante porque el propio Tribunal de Justicia de Cataluña tuvo que decirles que se trataba de una medida clasista porque hay personas que no tienen la capacidad de no prescindir del vehículo privado puesto que la red pública no resuelve sus necesidades de desplazamiento. Estamos de acuerdo con el discurso general, pero después a la hora de resolverlo a menudo no estamos al 100% de acuerdo.
La CUP Barcelona perdió en las últimas elecciones municipales el 43% de los votos obtenidos y se quedó sin representación en el Ayuntamiento. ¿Cuál es el análisis que han hecho de esta situación, y qué piensan hacer diferente de cara a las elecciones de 2023?
Poniendo por delante que la situación y contexto del 2019 no es lo mismo que el actual, la autocrítica es un proceso que nunca termina. Una de las cosas que hemos hecho diferente es la de anunciar la candidatura con mayor antelación para poder trabajar y difundir mejor las líneas y el programa.
¿Barcelona debe pensarse en términos de Área Metropolitana?
Sí, absolutamente. Pero no sólo en términos de Área Metropolitana, pero entendiendo que Barcelona es la capital del Principado de los Països Catalans. Por tanto, hay que pensar también en términos de confrontación con el Estado y en relación con el resto del territorio. Es necesario que Barcelona ejerza su capitalidad como modelo a seguir a nivel económico y social, pero sin perder de vista que aparte de ser la ciudad más importante de los Països Catalans, debe estar en consonancia con el territorio.
Entonces entiendo que también piensan Barcelona en clave nacional, es decir, como una institución en la que hay que proyectar el discurso independentista de ruptura con el Estado.
Efectivamente. Si Barcelona está siendo una moneda de cambio para apaciguar un conflicto de liberación nacional, y eso lo vemos con las negociaciones de los presupuestos en Madrid, en la Generalitat y en Barcelona, que son tres piezas que se mueven de forma coordinada. Si las actuales fuerzas políticas que gobiernan entienden que Barcelona es una pieza por clave para destensar el conflicto nacional, nosotros también debemos hacer valer la capitalidad de Barcelona en el sentido contrario.
Última: del 0 al 10, ¿cómo valora la gestión de Ada Colau (BComú) en el Ayuntamiento?
Un 4.5. Casi aprobado.
