Decrecimiento energético, la industria y el transporte son los factores clave

El decrecimiento energético es la pieza clave para contener el calentamiento global en el tope de +1,5ºC respecto al inicio de la era industrial, un parámetro que debería permitir la supervivencia de un número considerable de especies animales y vegetales en el planeta, entre ellas la nuestra. Para entender lo radical que debe ser la reducción del consumo energético, sólo hay que ver que en Cataluña, la temperatura media se ha incrementado en 1,8ºC desde 1950 [1] y han desaparecido el 25% de las especies animales en los últimos veinte años [2].

En el camino de este decrecimiento, la transición energética [3] es un proceso que pretende reducir un 55% las emisiones de dióxido de carbono en 2030 y conseguir las cero emisiones en 2050, sustituyendo los combustibles fósiles por fuentes renovables y locales. Esto es lo establecido en la Unión Europea (UE 2022) como legalmente vinculante por los países miembros. [4] Sin embargo, las políticas que se siguen aplicando no están alineadas con estos propósitos. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, [5] la industria de los combustibles fósiles recibió durante 2020 casi seis billones de dólares en subvenciones, es decir, 11.000 millones de dólares cada minuto, y las previsiones de algunos organismos, como el informe International Energy Outlook 2021, de la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos, anuncian que, en ausencia de cambios significativos en las políticas energéticas o la tecnología, el consumo global de energía aumentará casi un 50% durante los próximos treinta años.

Esta tendencia se confirmó en la UE en 2021, con el repunte en el consumo de carbón (+11,9%) y derivados del petróleo y gas (+4%), y en el consumo energético global (+4,5%) respecto a los datos de 2020. Todo remachado con un incremento del 7,1 % en las emisiones de CO2 [6] y la tontería suicida de etiquetar el gas y la energía nuclear de energías “verdes”.

Todo ello con el objetivo de incrementar la seguridad en los suministros para sostener la capacidad productiva de las grandes empresas y generar unos ingresos que permitan hacer frente a los costes de la transición a energías renovables. Sin embargo, la fecha límite del 2030 es aquí mismo y la realidad es que a escala europea y en Catalunya, como veremos, la aportación de estas energías es escasa.

Ante este hecho incuestionable y la evidencia del incremento exponencial del calentamiento global, las élites económicas y sus agentes de la comunicación no dejan de deslumbrar a la ciudadanía con una fe ciega hacia unas tecnologías que permitirían optimizar y reducir el consumo energético en el futuro –lo que se conoce como tecno-optimismo–, como si el calentamiento del planeta pudiera reducirse a un problema técnico.

Es evidente que las energías renovables son una de las herramientas para hacer frente a la crisis medioambiental, pero no puede obviarse que su desarrollo se da en un contexto productivo donde las empresas están explotando los recursos del planeta 1,7 más veces de lo que él puede regenerar su capacidad, [7] y que las “tecnologías renovables” dependen íntegramente de esta capacidad, principalmente de los materiales disponibles para la construcción de equipos y del espacio donde ubicarlos. Es en este sentido que los expertos advierten sobre la imposibilidad de electrificar el conjunto de actividades industriales (la electricidad sólo supone el 20% del consumo energético global en el planeta) y afirman que las energías renovables no podrán cubrir las necesidades de energía que ahora son abastecidas por combustibles fósiles.[8] Un dato: los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas necesitan 25 veces más materiales (calculados en peso) que las centrales de gas fósil para obtener la misma electricidad, lo que incrementa la carga de la minería y la industria metalúrgica, y los requerimientos de más energía.[9] El capitalismo lleva décadas puesto contra las cuerdas sus límites biofísicos.

Mientras las élites económicas siguen apostando por el crecimiento infinito de la productividad, las exportaciones a mercados lejanos y las soluciones técnicas, la realidad conduce a que es indispensable una disminución generalizada de las actividades productivas no esenciales. Esto significa impulsar un modelo económico basado en una economía plural centrada en “satisfacer equitativamente las necesidades económicas, sociales y culturales de las personas; que proporcione salud, renta, cuidados, vivienda, alimentación, educación, abastecimientos energéticos y protección social de forma universal; que garantice el conjunto de bienes y servicios necesarios para la reproducción social y la dignidad de la vida”.^[10]

¿Quién consume energía y de dónde proviene?

De acuerdo con los datos del Instituto Catalán de Energía (tabla 1), el transporte es el gran consumidor de energía, con un 45,10% del total, seguido de la industria, con un 25,51%, y el consumo doméstico, con un 14,70%.

Por otro lado, si analizamos la provenencia de esta energía, el 71,23 % depende de combustibles fósiles y residuos no renovables, donde los derivados del petróleo (gasolio, queroseno, gasolina, fuel oil, coque y gases licuados del petróleo) aportan un abrumador 49,79%.

Por su parte, la energía eléctrica, que aporta un 24,86% del consumo global, se origina en un 57,43% por la energía nuclear, mientras que las energías renovables suponen sólo un 20,72% del global eléctrico, y que la quema de gas en ciclos combinados o de cogeneración ocupa un 24,19% (tabla 2).

Respecto a las energías renovables en relación al conjunto de recursos energéticos que se consumen en Cataluña, la realidad es que éstas representaban en 2019 un escaso 5,15 %. Habría que incrementar 20 veces la producción actual con energías renovables para cubrir la demanda energética prevista para 2030, y esto está muy lejos de la realidad.

Ante este escenario desolador, se puede garantizar que no es posible mantener con energías renovables los aprovisionamientos actuales de energía, y que el incremento del número de instalaciones eólicas y fotovoltaicas en el futuro próximo, no podrán modificar esta relación de forma significativa, mientras no se modifiquen otros parámetros de la ecuación. Esto significa que, por más que se obligue a los comercios a cerrar la luz de los escaparates ya regular la temperatura de los interiores, no se está haciendo frente a lo que es la causa principal del problema: un modelo productivo extractivista, fundamentado en la irracionalidad del “extraer-producir-utilizar-tirar”, el transporte de mercancías y traslado de personas.

Por ahora, si las energías renovables debían servir para reducir la dependencia respecto a los combustibles fósiles, lo cierto es que sus aportaciones han quedado absorbidas por la voracidad de este modelo productivo. Es decir, no ha dejado de quemarse gas o petróleo porque no ha habido una política de restricción del consumo energético en los sectores que más consumen: el transporte y la industria.

La gestión de los recursos energéticos

Mientras crece la importancia de las fuentes utilizadas para la generación de energía y la reducción de su consumo, también lo hace la necesidad de decidir de forma colectiva respecto a los recursos energéticos. Es decir, avanzar en la democratización de la gestión de la energía y, por tanto, de las decisiones sobre su uso. Esto implica decidir a qué se dedica la energía –pero también a qué no se dedica– y de qué forma, quién debe mantener la propiedad de las empresas energéticas y cuál debe ser el criterio respecto a su explotación, si el de maximizar el beneficio económico del accionariado o bien ponerla al servicio de la ciudadanía y la producción de bienes y servicios socialmente útiles.

Con la crisis derivada de la guerra en Ucrania, sólo un agente externo, el corte en el acceso del gas ruso, ha obligado a los países de la UE a dictar restricciones al consumo de energía eléctrica y, en el caso de España, a impulsar el uso bonificado del transporte público. Esto muestra, aunque tímidamente, que es posible tomar decisiones políticas para reducir el consumo energético.

Pues bien, ahora es necesario reducir este consumo con criterios de eficiencia energética y de utilidad social, en el marco de una amplia transición ecosocial. Por ello, es necesario que la ciudadanía tenga un peso específico en las decisiones que deben tomarse, articulando mecanismos democráticos que permitan intervenir de manera directa en la puesta en práctica de medidas restrictivas y el control de la gestión de los recursos y las infraestructuras, impidiendo la renovación de concesiones a empresas privadas que mercantilizan lo que son bienes comunes (tierra, aire, sol, agua).

Democratizar la gestión de bienes comunes no es una exigencia nueva, pero sí urgente. Por eso son necesarias medidas que no dejen dudas respecto a los retos que se asumen, como:

• Crear o consolidar empresas públicas del sector energético o nacionalizar las existentes como instrumento para que el sector público lidere la transición energética e incremente su soberanía y capacidad de planificación económica.
• Creación generalizada de comunidades energéticas, con el apoyo de las administraciones públicas y la participación de agentes consumidores (ciudadanía, administración y mipymes) para potenciar la generación energética por el autoconsumo.
• Crear canales de participación de las personas usuarias y las organizaciones ciudadanas en la planificación de los servicios, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tanto parlamentaria como ciudadana.
• Cogestión empresarial y democracia en las empresas energéticas, con participación de las personas trabajadoras en la gestión y las decisiones, especialmente en cuanto a las estratégicas, la organización del trabajo, las condiciones laborales y el impacto ecológico y social de sus actividades, participando, al menos, con 1/ 3 de los miembros de los consejos de administración.
• Ampliación de los ecosistemas de investigación y desarrollo que, vinculando a las universidades con el tejido productivo y social, potencie la innovación tecnológica enfocada a la transición energética.
• Creación de un sistema participativo de “puntos de encuentro para la transición energética”, extendidos como red por el territorio, con el impulso y apoyo de las administraciones locales, donde la ciudadanía, las organizaciones populares, las entidades de la sociedad civil, las organizaciones empresariales, los sindicatos y las administraciones públicas dialoguen y desarrollen acciones de consenso para reducir el consumo energético y gestionar el uso de la energía.

Factores de reducción en el consumo de energía

Como hemos visto, los principales sectores consumidores de energía son el transporte y la industria, con un 70,61% del total, mientras que los sectores industriales que más inciden en el calentamiento global son la industria química (16,2% del consumo energético industrial, INE 2017), la alimentación (15,3%) y la metalurgia (15,0%).

Esto nos dice en qué ámbitos es prioritario concentrar los esfuerzos hasta conseguir la disminución generalizada de actividades productivas no esenciales. Pero es necesario hacerlo a través de procesos que no conduzcan a la destrucción del tejido empresarial de mipymes, ni a situaciones injustas a costa de las personas trabajadoras, que incrementen las desigualdades sociales o la concentración de poder a través de oligopolios.

Por ahora, en el contexto de una economía de mercado, existen dos factores que se puede prever que harán contraer la producción industrial y el transporte de productos, especialmente cuando se dan a través de cadenas de suministro largas:

• Incremento progresivo del coste de los combustibles y, por tanto, del transporte, de forma que su coste se coma significativamente los márgenes de beneficio de los productos transportados o bien los encarezca, dificultando así el acceso a ellos y haciendo disminuir su demanda.
• Reducción en la disponibilidad de materias primas (entre ellas las generadoras de energía) y productos semielaborados, más allá de las oscilaciones de los mercados, a causa de las limitaciones biofísicas del planeta.

Éstos son ingredientes que, por su naturaleza, seguirán una dinámica sobre la que difícilmente se puede incidir desde políticas locales, nacionales o estatales. Sin embargo, desde estos ámbitos sí que es posible impulsar programas específicos que contribuyan a reducir el consumo de recursos y, particularmente, de los energéticos:

• Imposición de tasas o peajes que incorporen el coste de la huella de carbono en las transacciones de corderos y el transporte de los productos (a puertos, aeropuertos y carreteras), especialmente restrictivas cuando se deriven del comercio internacional.
• Procesos de reconversión productiva, transformando los sectores industriales insostenibles hacia usos socialmente útiles, que creen nuevos empleos y permitan mantener actividades empresariales a través de cadenas de suministro cortas y colaborativas, con criterios de economía circular. Este proceso debería incorporar la relocalización de empresas deslocalizadas con la globalización.
• Programas para la reducción de la demanda de productos y servicios en los mercados de consumo, especialmente cuando dependan de mercados exteriores, mediante campañas informativas y de promoción de los productos de proximidad (identificación diferenciada de los productos locales, información sobre la huella de carbono en los envases de los productos y en la prestación de servicios), e induciendo la modificación de los hábitos de consumo, entre otros.

Un debate social ineludible

El conjunto de factores que intervienen en el proceso de decrecimiento energético deben formar parte de un amplio debate social que no se puede eludir.

Ha costado décadas que los poderes públicos, los agentes económicos y los medios de comunicación aceptaran que el cambio climático es algo. Ahora falta, sin embargo, poner de manifiesto a todos los niveles de actividad social y económica que nunca más podremos hacer uso de unos recursos energéticos (como mínimo en la cantidad que lo hemos hecho hasta ahora) que calientan el planeta y lo hacen inhabitable , y que es necesario tomar decisiones y actuar de manera responsable, con conciencia de especie, para adaptar nuestra estructura económica, social, tecnológica, cultural y política a los límites del planeta.

Por eso, es necesario que desde las administraciones públicas se asuma impulsar espacios de participación democrática vinculante que pongan la emergencia medioambiental con justicia social en el centro de las prioridades, y del que no pueden rehuir ninguno de los agentes que intervienen: las administraciones, los sindicatos, las organizaciones empresariales y profesionales, la academia y la ciudadanía.

En estos espacios de participación, además, deben hacerse sentir las aportaciones de la ciudadanía autoorganizada a través de movimientos sociales, especialmente de los que trabajan en el ámbito de la soberanía energética, el ecologismo, las economías feministas, y de todos aquellos vinculados a los modelos económicos transformadores de la economía social y solidaria.

Esta ciudadanía autoorganizada debe tomar la iniciativa política y liderar de forma decidida un proceso de transición ecosocial, caracterizado por unos elementos estructuradores, como son la consolidación de un relato propio, transformador de los imaginarios colectivos, la articulación organizada de los movimientos sociales , entendidos como sujeto político, y acciones y movilizaciones coordinadas en los ámbitos sociales, económicos y culturales, entre otros, como expresión de la capacidad de incidir de forma colectiva en esta transición.

Tabla 1. Consumo de recursos energéticos en Cataluña (2019). Fuente: Instituto Catalán de Energía.

Tabla 2 . Generación de energía eléctrica en Cataluña (2020). Fuente: Instituto Catalán de Energía

[1] Boletín Anual de Indicadores Climáticos, Área de Climatología del Servicio Meteorológico de Cataluña, mayo de 2021.

[2]Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA):https://www.ccma.cat/324/catalunya-ha-perdut-el-25-dels-animals-en-18-anys/noticia/3064911/.

[3]Pacto Nacional para la Transición Energética de Cataluña,https://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/.

[4]Ley Europea del Clima,https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_es.

[5]International Monetary Fund (IMF),https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/09/23/Still-Not-Getting-Energy-Prices-Right-A-Global-and-Country-Update-of-Fossil- Fuel-Subsidies-466004.

[6]Enerdata, Estadísticas sobre la transición energética global,https://datos.enerdata.net/.

[7]Aigües de Barcelona, ​​“La sobreexplotación de los recursos agota el planeta”,https://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/blog-aigues/-/blogs/la-sobreexplotacion-de-los-recursos-agota-el-planeta.

[8]La Vanguardia, 28/11/2020.

[9]Joaquim Sempere Carrera, jornada “La transición energética. Crecimiento o decrecimiento”, Comisión de Energía de los Ingenieros Industriales de Cataluña, 22 de noviembre de 2021, Barcelona,https://www.youtube.com/watch?v=w3AHErQCu8M.

[10]Véase la Propuesta de la Economía Social y Solidaria catalana de un Pacto por una Economía por la Vida, impulsada por la Asociación Economía Social Cataluña (Aescat),https://economiasocialcatalunya.cat/pacte-per-la-vida/.