Hace años, concretamente desde que se puso en marcha el Plan Bolonia, allá por 2007, las prácticas universitarias se han convertido en una forma de precarizar aún más el entorno laboral. Las empresas, tal y como vaticinábamos las miles de estudiantes que salieron a la calle por aquella época, tienen desde entonces un papel importante (aunque discreto) dentro del seno de la universidad.
La voluntad por parte de las empresas y universidades de que el alumnado haga prácticas hace que en muchas ocasiones se llegue a acuerdos no del todo transparentes ni deseables dentro de las universidades públicas, que son las que nos preocupan mayoritariamente, con unas empresas que se rigen bajo las normas del capitalismo neoliberal.
El trabajo de las becarias sirve para que las empresas, que en su día fueron las únicas interesadas en la externalización de las prácticas fuera de la universidad, puedan reducir costes en la contratación de trabajadoras. Esta situación sume a las trabajadoras en prácticas en situaciones injustas, precarias y de explotación laboral normalizada, ya que a menudo asumen posiciones estructurales en las empresas, sin recibir la tutorización adecuada por parte de las personas encargadas e, incluso, llevando a cabo tareas que no se corresponden con la formación y los estudios realizados.
Los avances del Estatuto del Becario
Las prácticas han sido uno de los grandes achaques de la precariedad que sufrimos las jóvenes en los últimos años. La asunción de las prácticas como una forma de trabajo sin regulación, ha terminado por normalizar el trabajo gratis. Actualmente, es difícil encontrar a una persona joven que no haya trabajado gratis a lo largo de su carrera universitaria, a cambio de obtener una experiencia laboral que en muchas ocasiones no se traduce como un añadido de valor en su carrera profesional.
España es el segundo país europeo donde más habitual es la figura de la trabajadora en prácticas con los estudios ya finalizados. Además, encabeza el ranking de trabajadoras en prácticas peor pagadas: el 70% recibe una insuficiente compensación para cubrir los gastos básicos, según la OCDE.
Hay que recordar que todas estas personas en prácticas con los estudios terminados se regían hasta ahora por un acuerdo mercantil, por tanto quedaban fuera del alcance de la legislación laboral, o dicho de otro modo, era la excusa perfecta para que las empresas ( e instituciones públicas) vulneraran de repente todos los derechos conseguidos por la clase trabajadora a lo largo de los años. Es justamente éste un punto clave de la nueva reforma, que pretende acabar con las prácticas que no estén reguladas dentro de los planes de estudios, dando una moratoria de tres años para que se puedan rehacer y que, evidentemente, ningún estudiante se quede sin completar su formación.
España es el segundo país europeo donde más habitual es la figura de la trabajadora en prácticas con los estudios ya finalizados; a partir de 2025 sólo tendrán cabida las prácticas curriculares
A partir de 2025 sólo tendrán cabida las prácticas curriculares y, en ningún caso, podrán suponer un gasto para el –ahora sí– estudiante que aún no haya completado su formación. Los comités de empresa tendrán que estar informados de las tareas que desarrollan las estudiantes, una de las reclamaciones históricas que hemos hecho desde el Avalot en relación con el trabajo becario, para evitar así el fraude que venía sucediendo respecto a los trabajos estructurales.
También tendrán derecho a las vacaciones y habrá que respetar los descansos fijados en la legislación laboral y en los convenios de aplicación, con la intención de que las trabajadoras en prácticas no sufran un agravio respecto al resto de trabajadoras. Al igual que se establece también un número máximo de trabajadoras en prácticas por tutora y por volumen de trabajadoras, lo que aparte de facilitar la formación, recupera el espíritu inicial de las prácticas: facilitar la incorporación de las personas jóvenes en el mundo laboral.
Un punto de partida para seguir trabajando
Es evidente que todavía quedan cosas por legislar y que la nueva norma no es perfecta, pero el nuevo estatuto de las personas en formación práctica establece, en definitiva, una serie de garantías y derechos para la figura de las trabajadoras en prácticas que pretende servir para acabar con los fraudes más agresivos que existen actualmente en el mercado laboral. Algunas de las medidas que este estatuto pone en marcha, son reivindicaciones históricas de las estudiantes universitarias y reclamaciones que ya hacíamos durante las revueltas en contra de la implementación del Plan Bolonia. La propuesta es muy interesante para sentar las bases sobre las que seguir trabajando para conseguir que las jóvenes puedan establecer su proyecto de vida en condiciones dignas y con la estabilidad necesaria.
Sin embargo, no podemos detenernos aquí. La realidad es que cualquier persona que trabaje en una empresa debería ser considerada trabajadora de pleno derecho. Es obvio que una persona que todavía está estudiando la carrera y no tiene experiencia no puede tener las mismas condiciones salariales que una trabajadora que lleva ejerciendo la profesión durante muchos años, puesto que tampoco puede desarrollar las mismas tareas ni tener las mismas responsabilidades, pero por esto los convenios colectivos ya tienen las categorías profesionales, que se establecen según criterios objetivos.
Si me lo permiten, para acabar con una reflexión muy personal: al fin, después de las revueltas estudiantiles de hace 15 años, siento que alguien nos ha escuchado. Por fin nos encontramos, pese a los vaticinios catastrofistas, en una época de recuperación de derechos, iniciada con la subida del salario mínimo y la aprobación de la última reforma laboral que, como este acuerdo, supone el inicio de un largo camino que deberemos recorrer juntas.
Desde el sindicalismo de clase seguiremos luchando por eliminar la precarización de las personas trabajadoras (en prácticas o no) y que responde a la lógica capitalista y heteropatriarcal del mercado actual.
