La presencia de amianto en las ciudades no es tangible. No se pueden capturar ni ver fibras. Pero están ahí, vagando por el aire, y entran en nuestros cuerpos a través de la vía respiratoria.
No se pueden capturar ni ver fibras, es verdad. Pero si acabamos con el amianto, acabamos con la enfermedad. Esta afirmación es el eje transversal que vehicula la Convención por un País Libre de Amianto, organizada por la Comisión contra el Amianto de la FAVB y los Jubilados de MACOSA-ALSTOM afectados por el Amianto.
Desde las vertientes sanitaria, jurídica, técnica y ciudadana, la convención ha dispuesto de diferentes espacios de debate centrados en cada tema, y que al final se han puesto en común en las conclusiones a través de los coordinadores de cada comisión. El desamiantado como vía para paliar la emergencia que supone el material para la salud pública, es una idea común y clave que a su vez se convierte en una reivindicación histórica de los expertos y afectados.
Una oficina, una ley y 10 millones de euros
El 2023 es el año que Pere Aragonès ha establecido como punto de inflexión en la acción institucional por la eliminación del amianto: “aprobaremos la oficina de erradicación del amianto en Cataluña, una oficina pionera, y un plan nacional para la erradicación del amianto que aprobaremos en los primeros meses de 2023”. Las circunstancias de Badia del Vallès, ciudad edificada a base de amianto, es también según el presidente un objetivo en la agenda para acabar con el material tóxico, confirmando su compromiso en destinar fondos y esfuerzos para paliar la situación. Por parte del gobierno, Aragonès se reafirma en esta línea anunciando que la próxima ley de presupuestos destinará 10 millones de euros a acciones contra el amianto, y es que “en 2023 tenemos que dar un salto adelante” que también implicará impulsar la Ley de erradicación del amianto en Cataluña, explica el presidente.
Ahora bien, la ambiciosa propuesta transversal del gobierno queda a esperas de que se ejecute, y es que el 27 de diciembre de 2019 ya se anunció que se impulsaría una normativa que todavía no ha llegado. Además, el desamiantado de Badia es una reivindicación histórica del vecindario, ya que todo el parque de vivienda está construido con fibrocemento. A finales de 2021 se anunciaron fondos para el desamiantado del municipio, cuyo objetivo era estar libre de fibrocemento en 2025, pero parece que, de momento, la meta a dos años vista queda borrada en el horizonte. La FAVB calcula que en Catalunya existen 4,2 toneladas de amianto, una cifra que necesita un gran despliegue de recursos inmediatos si se quiere llegar a la erradicación del amianto antes de diez años, como pide la Unión Europea.
“Se debe estar cuando se debe estar”
“El amianto es una realidad que hoy en día ha sobrepasado el campo de las enfermedades laborales para pasar a ser un problema de salud pública y ambiental”, expone Josep Tarrés, médico coordinador de la comisión de sanidad. Durante el debate sanitario de la Convención, los médicos han anunciado que los estudios epidemiológicos actuales apuntan a que la incidencia anual de mesotelioma -patología que tiene como único origen reconocido la exposición al fibrocemento- va en aumento, la curva sigue una tendencia ascendente sin señales de estabilización. Este incremento de casos además de ascender en el Vallès, afecta a toda Cataluña y toda España.
Para evitar nuevos casos, es necesario eliminar la causa, es decir, es necesario erradicar el amianto instalado. Por este motivo, desde la mesa en la que se ha hablado de asuntos jurídicos, apuntan que es urgente impulsar una acción legislativa que permita la aprobación de un plan integral contra el amianto. Esta herramienta debería servir para actuar en el ámbito legal y obligar a unos barómetros exigentes para llegar al plazo impuesto por la UE, que pone en 2028 como fecha límite para haber eliminado al amianto de todos los edificios públicos, y en 2032 para el resto de infraestructuras. “Debemos ir tratando de homogeneizar las relaciones institucionales para agilizar el camino. También debemos asumir que hoy en día no podemos aspirar a la erradicación del amianto, más bien a la retirada”, explica Lluis Mallart, geógrafo e higienista industrial especializado en el tratamiento del asbesto. “Hay tipos de amianto que no los podremos sacar nunca, tendremos que intentar confinarlos hasta que exista una tecnología superior”, apunta el experto como una de las conclusiones claves del debate técnico.
“En Catalunya tenemos el plan nacional de erradicación del amianto aprobado del pasado año, pero todavía no tiene contenido definitivo. Debería incluir una mejora en cuanto a información sobre amianto y las consecuencias que tiene la exposición al material”, dice Marta Barrera, abogada del colectivo Ronda, y añade que debe ser ambicioso para cumplir objetivos: “hay que hacer un censo, no sólo de edificios públicos, sino de todos, para que cuando vendas o alquiles un piso tengas un certificado de ausencia de amianto. La finalidad sería reducir drásticamente la exposición doméstica”.
Para la abogada, la lucha social “es la manera de conseguir que las políticas económicas y ambientales tengan formas tangibles”, y es precisamente esta lucha social la que organiza y abandera el activismo para un país libre de amianto. En la primera fila del auditorio, las butacas están reservadas para familiares de los que ya no están . “Si te dicen que el amianto no se ve, mira hacia aquí”, dice Miguel Moreno, jubilado de MACOSA y coorganizador de la Convención mientras pide a los familiares de las víctimas que se levanten del sillón. “Es necesario un acuerdo nacional, un pacto de estado, que todos los partidos hablen, estén de acuerdo. Porque hoy gobiernan unos, y mañana otros” expresa Moreno bajo la mirada de Aragonès y de Eloi Badia, consejero del Ayuntamiento de Barcelona. “Gracias por estar aquí Eloi Badia, pero hoy debería estar Ada Colau. Si los máximos representantes no colaboran, esto no funciona”, expresa el activista. “Gracias a las familias que estáis hoy aquí, bienvenidos los que estáis y los que ya no están. Para las familias que están aquí, acabamos como hemos empezado, damos una lección institucional: hay que estar cuando hay que estar”, concluye Moreno entre aplausos.
Sobre el amianto
La entrada en el año 2000 inauguraba con un decreto de la Unión Europea que prohibía el uso y comercialización del amianto que España, mediante moratorias, se pospuso hasta el 2002. Ahora bien, en este caso, acabar con la producción del material no termina con el problema, y se que se calcula que hasta su prohibición, se importaron al estado 2600000 toneladas de amianto. Es decir: el material sigue presente en los espacios públicos y privados, generando una emergencia sanitaria de primer nivel. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo cada año morirán 107.000 personas por causas relacionadas con el amianto.
El material es un potente cancerígeno que puede provocar tumor de faringe y de laringe, cáncer pulmonar, cáncer peritoneal, asbestosis -fibrosis pulmonar-, derrame pleural, cáncer pleural, mesotelioma y otros tipos de enfermedades. Contra la vieja idea que se tenía de “si esto no se toca, no ocurre nada”, la retirada de techos, placas y cualquier construcción de amianto es imprescindible para bajar la futura tasa de patologías y muerte. Construcciones, materiales y cualquier cosa hecha a base de fibrocemento, se desgasta con el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas, por lo que el asbestos comienza a vagar por el aire y exponer a todo el mundo a riesgos. Las enfermedades pueden aparecer entre 10 y 40 años después de haber estado en contacto con el fibrocemento, y aquí, otra realidad que desmiente una vieja idea, y es que no hay dosis mínima de seguridad: todo el mundo está en riesgo por haber inhalado fibras. Sin necesidad de una gran dosis, se pueden desarrollar las patologías. “Los niños son los más vulnerables por una razón lógica, y es que si el período de latencia de la enfermedad es entre 10 y 40 años, por esperanza de vida tienen más posibilidades de acabar desarrollando una patología”, explica el médico Josep Tarrés, neumólogo coordinador de la comisión sobre salud y amianto de la convención.
Catalunya Plural, 2024 
