Se han dado coyunturas para llegar a esta situación. El confinamiento derivado de la COVID19, que obligo a muchos negocios a cerrar, pero manteniendo su obligación de pagar el alquiler fue una causa. También la inexistencia de una limitación a las actualizaciones a los precios de alquiler de local en un contexto de recalentamiento inflacionario, que en Agosto alcanzó el 10,5% y en Octubre fue de 7,3%.
Ahora bien, también existen causas estructurales. En términos jurídicos, el artículo 4.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que en casos de alquiler de locales prevalece la voluntad de las partes. Lo que provoca que cualquier derecho reconocido al inquilinato de local se vuelve optativo. Entre estos pocos derechos se encuentra la duración mínima de los alquileres, de 5 años en caso de que el propietario sea persona física y 7 años en caso de que el arrendador sea persona jurídica. Tempos que se muestran totalmente insuficientes para amortizar las inversiones que en muchas ocasiones practican los comerciantes para adaptar el local a su modelo de negocio.
Por si fuera poco, la legislación del consumidor, del Decreto-Legislativo 1/2007, no contempla todas las tipologías posibles de inquilinos como consumidores. Por ejemplo, no considera consumidores a las sociedades con ánimo de lucro ni a aquellos inquilinos que vayan a desarrollar su actividad profesional en el local alquilado. Tampoco contempla como empresarios a los pequeños propietarios que sean persona física ¿Resultado? En estos casos, la protección contra las cláusulas abusivas no se aplica. Imposibilitando un límite legal a las cláusulas abusivas. Como cargar al inquilino con todas las reparaciones, los impuestos de la propiedad, los gastos de la comunidad e introduciendo docenas de casuísticas que facilitan rescindir el contrato.
Estos aspectos jurídicos se cruzan con unos precios que aumentan de forma desproporcional. Barcelona es un ejemplo paradigmático. Según declaraciones de Barna Centre, el alquiler de los locales céntricos puede conllevar hasta el 70% de la facturación de una tienda. Por no hablar de la pérdida de negocios históricamente enraizados en la ciudad condal. Según el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, hemos padecido el cierre del 14% de los locales emblemáticos de la ciudad. Por no hablar de una triplicación de las solicitudes de cambio de uso de los locales para reconvertirlos en vivienda, buscando con ello establecer alquileres aún más elevados. Si en 2013 se solicitaron 63 licencias, en 2019 ya se han superado las 200. Y el problema podría ser mayor, teniendo en cuenta que los portales inmobiliarios se encuentran atestados con anuncios de locales sin cédula de habitabilidad. Es decir, infraviviendas que suponen una triple lesión: a los derechos del consumidor, a la vivienda digna y al derecho a la ciudad al intensificar el desmantelamiento del tejido comercial.
Desde Ekonomikon realizamos un ciclo formativo en Barcelona para formar a los inquilinos de local a comprender y defender sus locales. Tratando de generar una mayor resiliencia mediante la socialización de conocimientos prácticos. Ahora bien, llega el momento de que se ponga en el centro del debate público medidas y políticas públicas
para revertir el problema. Con este ánimo, recogimos durante el ciclo formativo propuestas de los participantes, que se han integrado en un Informe entregado al Ayuntamiento de Barcelona, la concejalía de comercio y a las fuerzas municipales. Para generar un altavoz de los inquilinos de local en su reclamación por alquileres estables y asequibles. El próximo miércoles 14 de diciembre, en C/Constitució nº 19, en el Ateneo Cooperativo de Barcelona Coòpolis, realizaremos una sesión abierta para explicar los resultados del informe.
Catalunya Plural, 2024 
