La concentración en pocas manos de la propiedad de los medios de comunicación es uno de los grandes temas al hablar de la salud del debate público y de la democracia. Son conocidos los casos de la enorme influencia política que tienen grandes propietarios de medios de comunicación como la familia Murdoch en EE.UU., Carlos Slim en México o Silvio Berlusconi en Italia.
Obtener el control de un medio de comunicación puede abrir la puerta a que el propietario utilice su poder sobre la compañía para marcar líneas editoriales, vetar temas o limitar a periodistas en el ejercicio de su trabajo. Si además nos encontramos casos de individuos que controlan un elevado número de medios, estas preocupaciones cobran un carácter más sistémico, ya que esta multiplicidad de cabeceras pueden ser utilizadas para marcar una línea editorial capaz de influir el desarrollo de un debate sano y honesto en la esfera pública, lo que debería ser una garantía en sociedades democráticas.
Con intención de contribuir a dar a una solución a esta problemática, el economista Júlia Cagé publicaba en 2016 el libro “Salvar los medios de comunicación”, donde presentaba una innovadora propuesta sobre los mecanismos de propiedad de los medios de comunicación y cómo podía asegurar una mayor diversidad, promoviendo, entre otros, la introducción de trabajadores o lectores en los órganos de propiedad y gobernanza de los medios.
A grandes rasgos, el modelo de Cagé se basa en tres principios: limitación del poder de decisión de los grandes tenedores de acciones, alejar a aquellos accionistas que sólo quieran obtener beneficios de su inversión en medios de comunicación (ya que promueve una forma societaria similar a una fundación que no reparte dividendos y congela las aportaciones de capital) y promueve un accionariado más granular, incentivando la entrada de lectores y trabajadores como accionistas en la empresa.
Para estudiar la aplicabilidad del modelo de Cagé en nuestro país, hace unos meses el colectivo de economistas Espai 08 presentábamos el informe “Salvar los medios de comunicación en Cataluña: el caso de estudio del Diari ARA”, donde evaluamos los supuestos de Julia Cagé tomando de referencia las cuentas del diario ARA. En este informe, encontramos que con un grupo relativamente reducido de individuos – trabajadores o lectores del medio – se podría cambiar radicalmente la estructura de propiedad de la compañía, gracias a los coeficientes de propiedad introducidos por Cagé, y asegurar una gobernanza mucho más plural .
Pero en este estudio se encuentran dos grandes limitaciones: primera, Cagé apunta en trabajos posteriores que la propuesta de incentivos fiscales propuesta en el libro, diseñada para incentivar a los grandes propietarios a iniciar el cambio respecto a la forma societaria del medio y permitir la entrada de pequeños accionistas, no era suficiente para extender la transformación que se buscaba. Cagé, y su plataforma Un Bout des Medias, han llegado a la conclusión de que el mecanismo más eficaz para conseguir sus objetivos de pluralidad y diversidad de propiedad entre los medios de comunicación pasa por la vía legislativa.
Y segunda, en el caso catalán, un elemento contextual que no es analizado por Cagé. Cabe destacar el rol de la publicidad institucional como mecanismo discrecional de financiación de medios, elemento que genera conflictos de intereses y de influencias que pueden ser similares a los que encontramos en los casos oligopolísticos privados.
Afortunadamente, existe ya un mecanismo en nuestro cuadro legislativo que permite solucionar ambas limitaciones: priorizar la transferencia de recursos financieros vía subvención en detrimento de la publicidad. La gran diferencia es que la subvención permite definir criterios de concesión por parte del organismo o individuo que la recibe y esto da respuesta a la problemática planteada. Primero, es un mecanismo que puede implementarse por vía legislativa; segundo, reduce las posibilidades de las administraciones públicas de utilizar la publicidad institucional como mecanismo discrecional; y tercero, plantea unos incentivos mucho más robustos para los grandes propietarios privados para implementar los cambios de gestión buscados.
En esta línea, Cagé y Un Bout des Medias presentaron un breve listado de recomendaciones para los candidatos a las pasadas elecciones generales francesas para implementar los cambios legislativos necesarios que podrían servir de inspiración para definir los criterios de concesión de las subvenciones.
Concretamente, planteaban lo siguiente: publicación visible de qué sociedades tienen más del 5% de las acciones y quiénes las controla, un porcentaje mínimo de gasto dedicado a salarios y un porcentaje mínimo de las ganancias reinvertidas para desarrollar actividades periodísticas. También instaban a promover legislación que asegurara el derecho de voto de los trabajadores a los órganos de gobierno del medio y que los cambios de accionistas mayoritarios sean aprobados por el personal asalariado, así como que la dirección editorial sea aprobada por la mayoría de periodistas.
Otros elementos que se podrían introducir en la legislación serían un requisito de aumentar los índices de contratos permanentes entre el personal del medio o supuestos de retirada de subvenciones en caso de que se destapen casos de agresión sexual en la empresa, como pedía Dónde están las Mujeres hace unos meses.
Abrir esta puerta al uso de la legislación como mecanismo de implementación para aumentar la pluralidad y diversidad en la propiedad y la financiación de los medios de comunicación es un elemento importante a tener en cuenta. La importancia y la influencia que tienen los medios de comunicación en la salud democrática de las sociedades contemporáneas así lo requiere.
Catalunya Plural, 2024 
