La Ley de Vivienda, que llega con casi cuatro años de retraso, es una de las grandes cuentas pendientes de esta legislatura y, en una estrategia claramente electoralista, el jueves 13 de abril, el PSOE y Unidas Podemos llegaban a un acuerdo con ERC y EH Bildu para agilizar su tramitación de manera urgente.
El nuevo texto cuenta con grandes cambios y mejoras respecto al texto original presentado por PSOE. En la rueda de prensa para anunciar el acuerdo, Oskar Matute (EH Bildu) y Pilar Vallugera (ERC), afirmaban que ‘’supone cambios en casi todos los artículos del anteproyecto que salió del Congreso’’ y lo define de gran trascendencia para que la vivienda sea un derecho. Al mismo tiempo reconocían algunas carencias ya que “Creemos que la ley sigue adoleciendo de medidas más valientes y de mayor alcance, pero no ha sido posible porque nos hemos encontrado con la cerrazón del Gobierno”.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha celebrado que se haya alcanzado un acuerdo para dar luz verde a la Ley de Vivienda: “Por fin vamos a tener la primera ley de vivienda de la historia democrática para el conjunto de España”, recalcando que con esta norma “hacemos que la vivienda sea de verdad un derecho, aseguramos la función social de la vivienda y levantamos con ello el quinto pilar del estado del Bienestar: la sanidad pública, la educación pública, el sistema público de pensiones, la atención a la dependencia y las políticas sociales; y ahora también la vivienda”.
Todas las formaciones que han negociado este texto final, coinciden y transmiten con triunfalismo lo que significa esta ley para muchos ciudadanos y ciudadanas a los que el mercado había discriminado y para los que poder tener una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, se había convertido en algo imposible. “Los beneficiarios más inmediatos de esta ley van a ser las familias con bajos ingresos, los jóvenes, las mujeres y las personas de mayor edad”, afirman.
¿Qué incluye la Ley Vivienda pactada?
A falta de un análisis más profundo sobre la totalidad de la ley, sobre los temas que destapan más preocupación, incluye cuestiones de interés como la no recalificación de la vivienda de protección oficial (VPO) así como reservar a ella más suelo. Blindar la leyes autonómicas para mantener sus competencias, como marcan los estatutos, en vivienda y consumo, definir la vivienda vacía, prohibir de manera explícita (hasta ahora la Ley de Enjuiciamiento Civil daba a pie a nefastas reinterpretaciones judiciales) los desahucios sin día y hora.
Lo más celebrado está siendo la esperada regulación de los alquileres, con sus grises y sombras, y un mecanismo de mediación contra los desahucios que no acaba ni da soluciones al problema.
El texto incluye, “un marco jurídico habilitante y seguro para que las instituciones competentes en materia de vivienda puedan desplegar, desarrollar y ampliar las políticas de vivienda necesarias mediante sus capacidades y herramientas propias”. Una referencia clara a la legislación catalana, la más avanzada del Estado en materia de vivienda y que se ha visto afectada por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, como la que tumbó la ley catalana de regulación de alquileres o el actual ataque pendiente de resolución, a la ley 24/2015 y su ampliación 1/2022. Falta por ver cómo se traducirá esto a la práctica con miles de familias catalanas pendientes de solución para lograr alternativas a su desahucio.
Regulación de los alquileres
La regulación de los alquileres afectará en las zonas declaradas tensionadas a grandes y pequeños propietarios, tanto para contratos vigentes como para nuevos contratos. Para los pequeños propietarios, esta limitación se realizará a través de la indexación a la renta anterior en vigor y, para los grandes, a través de la aplicación de índice de contención de precios. Esta declaración sigue siendo decisión de las Comunidades Autónomas y en algunos casos de los ayuntamientos. Tras el acuerdo, bastará con el cumplimiento de uno de dos criterios: que haya aumentado el precio del alquiler un 3% por encima del IPC en los últimos cinco años o que el pago por la vivienda y los suministros básicos supongan más del 30% del presupuesto familiar.
Durante el 2023, seguirá vigente el tope del 2% en el aumento de precios en la renovaciones de contratos, incluido en el escudo social. En 2024, el tope será del 3% y será a partir de ese año cuando se aplicará un nuevo índice aún no definido, pero que estará por debajo del IPC.
El acuerdo rebaja de diez a cinco los inmuebles que debe tener un casero para ser declarado gran tenedor y se le pueda aplicar la regulación específica para este tipo de propietarios.
Desahucios
No se incluye la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional ni la obligación para grandes propietarios de ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables para evitar su desahucio, dos demandas históricas de la PAH que están recogidas en la ley 24/2015 catalana. Una Ley que en 2016 PSOE, desde la oposición, se comprometió a extender en todo el estado, pero que ha sido imposible cedieran ahora para incluirlas en la Ley Vivienda.
La mayor novedad en tema de desahucios, es la prohibición explícita de los desahucios sin fecha y hora predeterminada, una medida que rebajará la angustia e indefensión de las personas en proceso de desahucio. Se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de desahucio, así como una mediación previa al lanzamiento y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables. Según Pilar Vallugera ‘’los grandes propietarios no podrán desahuciar sin que la administración tenga conocimiento, cosa que ahora está pasando’’. La alternativa de vivienda en caso de efectuarse el desahucio, cae sobre las comunidades autónomas que se podrán acoger al Plan Estatal de Vivienda para hacerlo efectivo.
¿Qué opina la PAH?
La PAH, que lleva 13 años trabajando en medidas legislativas que palien la emergencia y garanticen el derecho a la vivienda (ILP Hipotecaria ganada y adulterada por el PP en 2013, Ley Vivienda PAH aprobada en el Congreso en 2017 o la registrada en septiembre de 2021 mejorando la presente) lamenta que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. ‘’Únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años −lo cual se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas− y sólo obliga a los propietarios a someterse a una mediación, cuya resolución no tienen por qué respetar’’. Es decir: grandes tenedores, como bancos y fondos buitre, podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización.
Asimismo, preocupa que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, lo que a la práctica ’’consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores, como bancos y fondos buitre, en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías’’.
Desde la PAH, también se denuncia que la ley no hace ninguna mención al problema hipotecario, sobre todo teniendo en cuenta que el Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales. ‘’Hasta ahora el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del código de buenas prácticas bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales’’.
La ley no contempla la dación en pago, ni mecanismos de segunda oportunidad para la gente hipotecada. ‘’Si han puesto un tope a la subida del alquiler, ¿por qué no topar también las subidas de las hipotecas espoleadas por el euríbor que están golpeando a millones de familias”.
Uno de los grandes caballos de batalla de la PAH, es la obligatoriedad, para grandes propietarios, de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad. ‘’El gobierno y los partidos tienen que aceptar el hecho de que en este país no hay vivienda pública y, por tanto, la Administración no tiene alternativas para aquellas familias que, por una razón u otra no puedan procurarse una vivienda’’.
¿Qué opina el Sindicato de Inquilinas?
Para el Sindicato de Inquilinas, la ley incorpora algún avance, pero en líneas generales “propone una regulación de los alquileres que es una farsa. Lejos de bajar los precios, la imprecisión de la propuesta permitiría todo lo contrario, es decir, que los precios siguieran aumentando a un ritmo elevado y asfixiando a la población. Es imprescindible corregir estos agujeros para que la Ley contenga una regulación de precios de verdad”.
El borrador pactado permitiría subir el alquiler de forma sustancial, incluso en las viviendas situadas en áreas tensionadas. Se anuncia que el precio del nuevo contrato no puede superar al del anterior, pero “la realidad es que es muy fácil esquivar la norma”. Tal y como está planteada, “se podría subir el precio haciéndolo pasar como gastos de IBI y sería muy fácil ocultar información sobre el precio y las condiciones del contrato anterior”.
El Sindicat valora que con esta propuesta se crearía un incentivo peligroso: expulsar al inquilino actual para poder subir el precio sin límite a un nuevo inquilino, que tendrá muy difícil comprobar cuál era el precio del anterior contrato y si incluía gastos adicionales o no.
Denuncian que se podría subir el precio un 10% adicional alegando reformas. “En el caso de un alquiler medio en Barcelona o Madrid, cualquier cambio presentado como una mejora de la accesibilidad, por pequeña que sea, como una rampa o un video-interfono, implicaría una subida adicional de 1.300€ anuales”. A todo esto también se podrían añadir las subidas interanuales vinculadas a la inflación. Entre 2023 y 2024 habría limitaciones, pero se podrían hacer subidas paulatinas, y “se deja la puerta abierta a que dentro de dos años puedan volver a hacerse subidas totalmente desproporcionadas vinculadas al IPC”.
Preocupante que con esta ley, los caseros podrían hacer subidas sin ningún tipo de límite recurriendo a la figura del alquiler de temporada. Dicho de otro modo: “el casero que quiera saltarse la regulación solo tiene que poner su piso en alquiler de temporada, como ya está pasando ahora mismo”.
Consideran que las medidas propuestas no serían efectivas sin un régimen sancionador y que no son ninguna solución para los miles de personas que esperan un desahucio.
Para los Sindicatos, “el único punto realmente positivo del acuerdo es que acaba con la estafa millonaria que permite a las inmobiliarias cobrar a los inquilinos por un servicio que dan a los caseros”.
Tanto la PAH como los Sindicatos, consideran que todavía queda mucho margen de mejora para que la futura Ley de Vivienda sea real y efectiva y exigen a todos los partidos, que en su día se comprometieron con los movimientos sociales, a que negocien más mejoras antes de su aprobación. Lo que sí es indiscutible es que sin la presión y el trabajo de los colectivos de vivienda, el acuerdo actual con sus mejoras al texto original, no hubiera sido posible.
Última hora
En la conferencia municipalista del PSOE que se ha celebrado este fin de semana en Valencia, Pedro Sánchez ha anunciado, que en el Consejo de Ministros de mañana se aprobará poner 50.000 viviendas de la Sareb en alquiler a “precios asequibles”. El Gobierno planea poner 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas, impulsar el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promover la construcción de otras 15.000 en suelos de los que dispone la Sareb.
En un objetivo marcado a largo plazo, Sanchez se ha “comprometido” a aumentar hasta el 20% el parque actual de inmuebles públicos, que se sitúa en el 3%. De lo exiguo de esta cifra en España ha culpado al PP por “privatizar” vendiéndoselas a “fondos buitres” las casas que “construyeron los ayuntamientos con el esfuerzo de la gente”. Ha agregado, “la vivienda es un derecho constitucional, pero no un derecho real. Si aumentamos la oferta no con más vivienda libre, sino pública, servirá para amortiguar y controlar de mejor manera la evolución del precio”.
Por su parte, fieles a ellos mismos, nada más anunciarse el acuerdo, el Partido Popular salió en tromba contra la ley y amenazando con recurrirla. No tiene desperdicio algunas perlas que nos han regalado como la de Feijóo sorprendido de que “a los dos partidos independentistas les interese la política de vivienda de una nación de la que no quieren formar parte” o Ayuso lamentando que “El entorno político de ETA hoy decidirá cómo va a ser la vivienda de todos”. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que no aplicará la ley y siguen con su discurso habitual contra la ‘’intervención del mercado’’ y que la única manera de controlar los precios es construyendo más. ¿Tenemos memoria?
Catalunya Plural, 2024 
