Es evidente que no sólo en Cataluña, sino en todo el Estado español e incluso a nivel global, se vive una situación complicada en relación al acceso a la vivienda. Lucía Martín, regidora de Vivienda en Barcelona, considera que las políticas de vivienda catalana están alejadas de las de otros países europeos, que han tenido más capacidad de dar respuesta a estas dificultades. “Digamos que llevan décadas haciendo unos deberes que aquí no solo no se han hecho, sino que se han hecho políticas que han perjudicado muchísimo el derecho a la vivienda”, añade.
Tomando como ejemplo Holanda, Austria, Alemania y Francia, la regidora de Vivienda apunta a que, a diferencia de estos países, Cataluña tiene una falta endémica de parque público de alquiler. “Aquí se invirtió muchísimo dinero público en hacer vivienda pública de venta, que es una anomalía europea absoluta”, dice.
Martín estima que el parque público en Cataluña y en todo el Estado español no supera el 2%, ya que el país ha apostado por incentivar la vivienda a través de la propiedad y no del alquiler. En el contexto normativo, las regulaciones en relación con la liquidez hacen del alquiler uno más inestable y precario, dirigido únicamente para gente joven o muy precaria.
“Se suma un fenómeno de especulación global que no tiene que ver con el ámbito local ni tan solo estatal, sino que eso tiene que ver con inversiones de capitales transnacionales y que ahora mismo se concreta en las grandes ciudades y también en Barcelona. Es una especulación en el entorno del alquiler, hace unos años teníamos una burbuja hipotecaria y ahora los precios están disparados en relación al alquiler”, apunta.
Atender más allá de la emergencia
Aunque las personas jóvenes, las mujeres y aquellos en estado de mayor vulnerabilidad se encuentran en situaciones de emergencia, la regidora de Vivienda cree que el problema de acceso a la vivienda afecta cada vez más a otras capas de la población, como personas con sueldos populares que tienen que hacer mil esfuerzos para pagar un alquiler medio en la ciudad.
“Cuando hablamos de hacer parque público, de vivienda de alquiler, lo dirigimos a gente en situación de emergencia y también a gente media, a un ciudadano medio de esta ciudad que no puede pagar los gastos astronómicos que hay en el mercado privado y que, en cambio, sí puede pagar un alquiler asequible. No queremos volver a ese rincón y queremos ser ambiciosas a la hora de hacer las políticas, que es lo que están haciendo en ciudades que nos llevan 50 o 60 años de ventaja”.
8 años en busca de una mejora
Desde la entrada de Lucía Martín al Ayuntamiento, en 2015, concibió las políticas de vivienda totalmente distintas de cómo se venían haciendo en un pasado, dice, pues “eso de que la administración esté en un rincón y tenga un papel casi testimonial, que le ceda toda la iniciativa a los promotores o a la iniciativa privada y que nos ocupemos un poquito de la emergencia a través de los servicios sociales, eso lo desterramos y pasamos a jugar un papel protagonista, con mucha inversión municipal y un liderazgo público en relación a las políticas de vivienda”.
La regidora de Vivienda valora que han hecho la ampliación del parque público de vivienda de alquiler más grande de la historia que, aunque no resuelve el problema, resulta un salto importante. Mediante una norma aprobada en 2018, iniciaron la compra de edificios enteros a precios por debajo del mercado.
“El Ayuntamiento puede ejercer un derecho preferente de compra de esos edificios, de manera que se gana parque público, se protege a los vecinos y vecinas de un posible proceso de expulsión, porque normalmente estas fincas enteras que se compran no es para hacer alquileres asequibles, es para luego seguramente vaciar el edificio, reformar los pisos y venderlos o alquilarlos con contratos cortos”, apunta. A través de esta estrategia, el Ayuntamiento de Barcelona ha logrado comprar casi 50 fincas en toda la ciudad, y un estimado de 400 pisos públicos, lo que se suma a mil proyectos más de vivienda cooperativa.
Otro de sus esfuerzos es la Unidad Antidesahucios, servicio de mediación y atención en procesos de desahucio en la ciudad, que ha pagado el 90% de los desahucios y ha acompañado a más de 15 mil familias, apunta Martín. En el caso de la Unidad Antiacoso de Disciplina de Vivienda, han cobrado más de dos millones de euros por pisos vacíos, y han puesto sanciones por acoso y racismo inmobiliario.
Reconociendo que para multiplicar las iniciativas necesitan alianzas, Vivienda creó una colaboración público privada a través de Hábitat Metrópolis Barcelona, que busca construir vivienda a precios asequibles por debajo del mercado mediante la compra de suelos públicos que son cedidos a una empresa inversora para aportar pisos de alquiler con calificación indefinida.
También, la corresponsabilidad de promotores privados busca establecer en la ciudad consolidada, no en las afueras, un 30% de vivienda protegida. Por ejemplo, en un bloque de 10 viviendas para rehabilitación, el propietario privado debe calificar tres de esas viviendas como vivienda protegida. Esta iniciativa ha tenido resistencia por parte del sector inmobiliario, pues les obliga a tener viviendas con un precio tasado por el gobierno que no puede superarse, y varios grupos políticos han mostrado intención de tumbarla de salir electos.
Lo mismo ocurre con la reciente Ley de Vivienda, que incluye una regulación de precios, que ha generado oposición de sectores que no quieren intervención pública en el asunto. “Ha habido expresiones de resistencias brutales para poder aprobar una norma que diga, básicamente, que los precios de los contratos de alquiler no pueden subirse lo que le dé la gana a la parte propietaria, sino que tiene que tener un límite para poder garantizar mínimamente el derecho a la vivienda”, juzga Martín.
“Desastrosa labor de la Generalitat”
La regidora de Vivienda apunta a que las competencias formales para hacer políticas de vivienda recaen sobre la Generalitat de Cataluña, por lo que desde el Ayuntamiento han tenido que interpelar para poner en marcha las normativas que les afectan. “Es un escándalo porque ha sido como no tener ninguna administración competente. No ha habido presupuesto, no ha habido voluntad política, parece una caricatura”, considera.
Martín mencionó que, a diferencia del Ayuntamiento de Barcelona, que logró unos 11,500 pisos públicos y otros que están en proceso, la Generalitat ha hecho tan solo 36. Sumado a eso, para la mesa de emergencia, unidad que comparten el Ayuntamiento y la Generalitat para atender a la gente en situación de emergencia por desahucio y brindarles piso, la Generalitat no está haciendo su parte.
“La Generalitat debería estar aportando el 60% de los pisos y el Ayuntamiento el 40% de los pisos. En los últimos seis años, nosotras hemos aportado el 80% de los pisos y ellos el 20%, y eso hace que hoy tengamos 700 familias esperando un piso de emergencia. […] Tener una Generalitat, que es quien se tiene que ocupar de las políticas de vivienda absolutamente desaparecida todos estos años, ha sido una catástrofe y un desastre”.
La falta tanto de presupuesto como de voluntad política pone sobre la mesa otra cuestión, y es que la regidora de Vivienda reconoce que las iniciativas legislativas con más fuerza han sido fruto de proyectos impulsados por movimientos sociales relacionados con la lucha del acceso a la vivienda, que promueven mediante los grupos parlamentarios.
Guerra de poder en el control de la vivienda
Martín apunta a la gran resistencia del sector inmobiliario y de partidos políticos en muchas de las políticas de vivienda que se han desarrollado para intervenir en los barrios para desarrollar más viviendas públicas. “Nadie cuestiona que haya escuelas o instituciones en los barrios, pero en cambio sí se cuestiona que haya vivienda asequible, pública y de alquiler en estos barrios, porque parece que ahí molesta que haya una intervención pública, en este caso del Ayuntamiento, para generar también vivienda asequible”.
La regidora menciona que han hecho lo máximo “para parar los pies a gente que estaba acostumbrada a que las malas prácticas sean la norma, porque no se habían encontrado una administración que fuera exigente con el cumplimiento de las normas de vivienda”.
Como reacción, el Ayuntamiento ha recibido dos querellas penales que, según juzga Martín, lo que buscan son desgastar su imagen, hacerles daño políticamente y asustar a los empleados del Ayuntamiento que laboran firmando expedientes sancionadores. Aun así, la regidora apunta a que continuarán presionando para que se cumplan las políticas de vivienda.
En el marco de las elecciones, hay también oposición de parte de otros partidos. “Los partidos que están rivalizando por ganar las elecciones tienen las propuestas que podría estar diciendo la patronal inmobiliaria que, básicamente, es que todo se resuelve aumentando la oferta y ya está y, por lo tanto, no tienen ningún interés en hacer lo máximo posible”, dice.
Estrategias para retener sus proyectos de cara a las elecciones
Al preguntarle si contaban con estrategias para proteger las políticas que han creado y que no se disuelvan luego de las elecciones, Martín mencionó que la principal garantía es que ellas las ganen. Pero también, dejó en las manos de la ciudadanía la exigencia de los servicios que necesitan para un mayor acceso a la vivienda.
“Cataluña en general tiene un tejido social muy potente que está muy organizado y que en temas de vivienda ha ido por delante de las instituciones muchísimas veces. […] Pues que eso continúe así, que ese tejido sea igual de exigente, de propositivo, y yo creo que esa es una garantía fundamental, porque ya hemos visto que si queremos realmente tirar adelante cambios que cambian políticas que cambian estructuralmente, que no que sean un maquillaje o un parche, sino que vienen a cambiar realmente la estructura de lo que han sido las políticas de vivienda anteriormente, que haya una ciudadanía organizada, exigente, consciente de lo que está pasando es imprescindible, porque si no desde dentro de las instituciones es muy complicado porque hay unas presiones que hemos visto siete años para regular los alquileres”, concluye.
Catalunya Plural, 2024 
