La guerra por el desastre de las oposiciones sigue después de que las más 12.600 incidencias recibidas por 3.800 personas en el proceso de oposiciones dirigidas a reducir la temporalidad de la administración catalana donde se presentaron 13.500 candidatos.
El Gobierno acusa a Cegos, la empresa encargada de gestionar las pruebas de un “incumplimiento flagrante” de las condiciones de la contratación y la empresa responsabiliza a la Generalitat y le acusa de falta de información ni en tiempo ni en forma para llevar a cabo los exámenes. El contrato otorgaba a la empresa la responsabilidad de imprimir los exámenes y hojas de respuesta, distribuir materiales para realizarlos, vigilar las aulas durante el examen y corregirlos en el plazo establecido. Por otra parte, el Govern debía disponer de los espacios adecuados, asignar y distribuir a los candidatos en las aulas y elaborar el material del examen.
Cegos acusa a la Generalitat de no proporcionar los espacios adecuados ni el material del examen
Cegos estudia “acciones legales” contra la Generalitat para defender “su honor y reputación”. La empresa acusa al Ejecutivo catalán de no proporcionar los espacios con la cabida adecuada para los aspirantes y afirma que sólo el 30% de los candidatos estaban en aulas con el espacio óptimo. También afirman que el Govern hizo cambios en la distribución de los examinandos incluso el día antes de las pruebas y que ellos advirtieron de las posibles incidencias que se podían derivar.
En cuanto a la elaboración del examen, Cegos afirma que la impresión y sellado de los exámenes requiere de siete días de preparación, según el contrato, para un modelo de examen y en las oposiciones había 73 convocatorias y 656 modelos de examen. Mientras el plazo para entregar el material terminaba el 23 de abril, la empresa asegura que el día que finalizaba el plazo todavía faltaban 184 modelos de examen y el día de antes 16. También afirma que recibió cambios en la distribución de 100 examinandos el día antes de las oposiciones.
La Generalitat reclamará 1 millón de euros de indemnizaciones
La consejera de presidencia Laura Vilagrà anunciaba el viernes que reclamarán “como mínimo 1 millón de euros” de indemnización a Cegos por las incidencias. “Entendemos que se intenta defender de los ataques, pero lo que pasó es injustificable”, afirmaba la consejera en la Comisión de Asuntos Institucionales tras las declaraciones de la empresa. Además, añadió que “se juega no trabajar nunca más con la administración y por eso se defiende con uñas y dientes” y destacó que la Generalitat dispone de un informe jurídico que contempla la posibilidad de rescindir el contrato en caso de incumplimientos de la empresa. Un contrato de 1,5 millones de euros que fue adjudicado el pasado noviembre y finalizaba en diciembre de 2024
Vilagrà ha justificado la selección de la empresa para gestionar el proceso de las oposiciones por los cinco años de experiencia en procesos similares y el trabajo realizado en otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, el Metro de València y varios hospitales de la Comunidad de Madrid.
La consellera también ha afirmado que entregaron los exámenes entre marzo y abril dentro del plazo establecido y que mantuvieron reuniones semanales. Desde el Govern aseguran que los problemas estuvieron en la vigilancia y no en el proceso previo de organización.
El Ejecutivo catalán ya ha informado que abrirá un proceso de compensaciones por daños y perjuicios con los 13.500 aspirantes, que volverán a examinarse en julio, con la supervisión del personal de la Generalitat. “Los trabajadores y trabajadoras son el activo más relevante que tenemos en la Administración y han sufrido una situación intolerable”, afirmaba Vilagrà.
10,4 millones de euros en adjudicaciones públicas
Cegos ha sido una de las empresas beneficiadas por los procesos que están abriendo las instituciones para reducir la cronificada temporalidad que acumulaba desde hacía décadas la administración y que ha sido censurada por Europa. La empresa ha recibido 10,4 millones en adjudicaciones públicas en todo el país, según avanzaba El Periódico, según datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La empresa de origen francés y que opera en España desde 1952 ha tenido a destacados clientes como el Ministerio de Industria con un contrato de 4,7 millones de euros, el Metro de Madrid, con dos contratos que sumaban un total de 900.000 euros para la selección de los maquinistas y peronal; el Banco de España o la Junta de Andalucía. En Cataluña también ha ofrecido servicios en Barcelona Servicios Municipales (BSM); la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) o como asesor en procesos de selección en el Ayuntamiento de Barcelona y el de Hospitalet de Llobregat.
Hasta el momento las oposiciones habían sido gestionadas por la Generalitat, pero el Govern manifestó que no disponía de los medios “personales ni materiales” para gestionar las pruebas, por lo que había decidido cederlo a una empresa privada.
Catalunya Plural, 2024 
