La Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona rompió el acuerdo con los sindicatos en el último pleno de abril al retirar del orden del día la votación de la actualización del plus de peligrosidad que afecta a 840 trabajadores. Los sindicatos fueron informados en el mismo día en que se iba a votar y afirman que el Gobierno de la Diputación, conformado por el PSC y Junts justificó la retirada del punto del orden del día “para evitar acusaciones de electoralismo de los otros partidos políticos”, ya que en menos de un mes se celebran elecciones municipales que determinarán la configuración del próximo mandato del órgano provincial.
El acuerdo entre el Gobierno de la Diputación y los sindicatos establecía una revisión de los pluses de peligrosidad que no se actualizaban desde 1985 y afectaban a guardas forestales, trabajadores de carreteras o personal de dependencia. “Si hay consenso y se dan las circunstancias en el próximo mandato, digo, en el próximo pleno lo llevaremos a aprobación”, afirmaba la presidenta de la Diputación, Núria Marin. El lapsus dejaba entrever que el acuerdo no llegará a aprobarse en el mandato actual. Desde la Diputación se excusan en un informe desfavorable de la intervención, que aunque no sea vinculante, podría suponer una investigación del Tribunal de Cuentas y consecuencias judiciales. Los sindicatos afirman que “el informe únicamente alerta de un elevado gasto de dinero, ya que afecta a un grueso importante de los trabajadores de la Diputación”. Desde la Junta de Gobierno han confirmado a El Diari del Treball que descartan llevarlo al pleno de mayo y, por tanto, la aprobación del acuerdo se pospondrá hasta después de las elecciones, porque tienen como prioridad rehacer el dictamen para recibir el visto bueno del interventor.
La Diputación buscaba unanimidad
Al margen del informe contrario de la intervención, el Gobierno de la Diputación no cerraba la puerta a la aprobación del acuerdo en el pleno de abril, aunque buscaba hacerlo por unanimidad. En el último pleno, Núria Marin responsabilizaba a los grupos de la oposición de la decisión de retirar la votación del pleno. Aunque ERC, Ciutadans y los comunes afirmaron que se abstendrían por falta de transparencia, facilitaban su aprobación, ya que con el voto favorable del PSC y Junts habría salido adelante igualmente. Sin embargo, la Junta de Gobierno decidió retirar el punto del orden del día, al que los republicanos y comunes insistieron con una reunión de portavoces para poderlo aprobar en el mandato actual.
Presión de los sindicatos hasta que acabe el mandato
Los sindicatos tienen claro que van a presionar para aprobar el acuerdo en el mandato actual. De hecho, obligaban a Núria Marin a levantar la sesión en el pleno de abril por los disturbios que provocaron. UGT lamenta que si se pospone al próximo mandato no se podría aprobar hasta finales de año. Por eso, desde CCOO afirman que se movilizarán ante la Comisión Informativa del Pleno, el próximo 18 de mayo, ya que es quien determina el orden del día del último pleno del mandato que se celebrará el 25 de mayo, a cuatro días de las elecciones municipales.
Catalunya Plural, 2024 
