En el último Consejo de Ministros, Pedro Sánchez se sacó de la manga una polémica medida, sin contar con sus socios de gobierno, a pesar de lo bonito del titular “Se concederá avales del 20% para la compra de una vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo”. Polémica por su forma -seguir usando dinero público para alimentar el negocio bancario- y por su fondo, ya que es algo que el Banco Santander lleva años pidiendo y el PP aplaude por ir en su línea, lo que de por sí ya no augura nada bueno.
El Gobierno estima que unas 50.000 personas podrían beneficiarse de estos avales públicos para financiar la entrada de su primera vivienda a los menores de 35 años y a las familias con menores, con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros. Un límite económico que, en el caso de familias monoparentales, se puede ampliar hasta los 64.000 euros o, si la hipoteca la piden dos personas, hasta 75.600 euros.
Esta ayuda, supuestamente pensada para ayudar a pagar la entrada a la juventud con dificultades para ahorrar, que va al margen de la recién aprobada ley vivienda donde no se contempla ninguna medida para ayudar a las familias hipotecadas o evitar el continuo ascenso de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios derivados de ellas, será aplicable a aquellos préstamos hipotecarios que se formalicen antes del 31 de diciembre de 2025. Dependiendo de la demanda y las circunstancias económicas, existe la posibilidad que se prorrogue dos años.
El Gobierno aún no ha decidido si estudiar la opción de fijar un límite máximo de precio en función del ámbito territorial. Cabe recordar que medidas similares ya están vigentes sin grandes resultados positivos en algunas comunidades como Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León. También falta por decidir si las viviendas que superen un determinado importe podrán acogerse a esta financiación. Dos detalles que muestran el grado de populismo urgente para seguir haciendo política con la vivienda en plena época electoral.
Los riesgos
De entrada, esta medida recuerda peligrosamente a las que provocaron la crisis inmobiliaria cuyos efectos todavía estamos sufriendo.
Según el Ejecutivo, el objetivo de esta iniciativa es salvar “ese muro infranqueable llamado entrada para tantos y tantos jóvenes y familias con menores, que podrán acceder por fin a la compra de una vivienda digna sin tener que depender de las fluctuaciones continuas del volátil mercado del alquiler”. Esto recuerda alarmantemente al viejo mantra de compra que alquilar es tirar el dinero y viene que ni pintado es una sociedad víctima de la especulación en torno a los alquileres que ve como el 80% de los desahucios vienen derivados de ello.
Si contamos que los bancos sólo conceden el 80% del precio de la viviendas (aunque la tendencia vuelve a virar hacia el 100%), la entrada sería el veinte restante, lo que pretenden avalar. ¿Estamos ante el regreso de tasaciones hinchadas y aumento de precios? Probablemente.
La letra pequeña
Si bien, siempre ha sido una práctica habitual que la entidad bancaria obligue a las futuras personas hipotecadas a tener avales personales que se comprometan a cargar con el pago de una posible deuda, también es cierto que cuando te hipotecas respondes con todos tus bienes, presente y futuros. Un alto riesgo para estos avalistas de buena fe, normalmente familiares cercanos como padres o hermanos. Esto fue lo que ha provocado que muchas de las familias que no pudieron hacer frente a las cuotas tras explotar la burbuja y la crisis económica en 2008, no sólo hayan perdido su casa, el banco también se haya adueñado de la vivienda de los avalistas. Todo un despropósito y un daño nunca reparado.
Ahora que en algunas hipotecas el avalista será el ICO ¿qué pasará si no se puede pagar? Que este devolverá al banco el 20% avalado, no por el total de la deuda y posteriormente, el ICO reclamará a las personas avaladas las cantidades abonadas. Eso provocará una doble deuda a pagar: al estado y al banco. Nuevo despropósito cuando llegado este momento,precisamente será por caída de ingresos o aumento de cuota inasumible. Un futuro muy tangible si vemos la deriva del euribor, que desde pronto hará un año, ya está provocando subidas alarmantes de cientos de euros en miles de familias hipotecadas que ven cómo cada vez se aprieta más esa soga en el cuello.
Por mucho que se facilite la compra, o se generen medidas de mínimos para paliar las subidas del euribor, se sigue sobre protegiendo al sistema financiero, sin garantizar la vivienda como derecho accesible para todo el mundo y, tras años de criminalización a las deudoras de buena fe, seguimos sin una ley hipotecaria que evite la pérdida de nuestros hogares y la rotura de nuestros proyectos de vida.
Termino con un recordatorio, queda un año para que termine la moratoria hipotecaria sin que se haya encontrado una solución para las personas que se acogieron a ella desde sus inicios en 2012.