“Ve a Barcelona”: la carrera de obstáculos del empadronamiento para colectivos vulnerables en el Área Metropolitana

Estar empadronado es la garantía de acceder a la sanidad pública o a una plaza en la escuela. Pero la precariedad de colectivos vulnerables que viven subarrendados, en pisos ocupados o sin techo es la excusa de algunos ayuntamientos para no empadronar a muchos vecinos y vecinas. “Es la punta del iceberg de un problema social grande porque es la puerta de entrada a muchos derechos”, afirma Francesc Mateu, director del Foro de Síndics y Defensores Locales de Barcelona.

Barcelona fue de las primeras ciudades en introducir cambios en el registro a partir del 2015 para eliminar trabas burocráticas, lo que aumentó los empadronamientos de las personas que vivían en viviendas sin contrato, realquiladas u ocupadas. El objetivo del Ayuntamiento era reducir la desigualdad y permitir el acceso a los servicios de la ciudad a todos sus habitantes. Pero la realidad es que existe un amplio abanico de criterios dispares y muchas ciudades ponen trabas para empadronar a colectivos vulnerables, aunque el empadronamiento es de obligado cumplimiento para los ayuntamientos, según el Síndic de Greuges. “No tenemos una política metropolitana, lo que hace que muchos ayuntamientos tiren balones fuera y envíen a la gente a empadronarse en Barcelona”, considera Mateu.

Uno de los cambios introducidos por el Ayuntamiento de Barcelona ha sido la inspección municipal que permite no presentar un contrato o autorización del propietario del piso, los requisitos tradicionales. Entre 2015 y 2017 pasaron de 34 a 898 el número de personas que utilizaron el mecanismo para empadronarse en la capital catalana.

Pero Barcelona se limita a cumplir con la Ley 7/1985 que afirma que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”. Además, el 29 de abril de 2020 el Gobierno dictó instrucciones técnicas a los ayuntamientos donde dejaba claro que debe empadronarse a todo el mundo viva donde viva (“chabolas, caravanas, cuevas, etc e incluso en ausencia total del techo”, dice el texto). “El padrón es tanto un derecho para los ciudadanos como una obligación para los ayuntamientos”, defiende Mateu que añade que “todas las instituciones han delegado la responsabilidad a los ayuntamientos, pero no los recursos”, lo que supone que los Servicios Sociales estén saturados. Los consistorios han recibido muchas críticas por la lentitud burocrática, aunque tienen tres meses para responder a las solicitudes del padrón, una vez pasado el plazo, el silencio administrativo es sinónimo de aceptación y la persona pasa a estar empadronada en la ciudad.

La labor informativa de las entidades ha sido clave para el fomento del empadronamiento de las personas vulnerables, que en muchas ocasiones no conocen qué derechos tienen. “Hemos mejorado en transparencia de información en la página web de los ayuntamientos aunque no llega a las personas que la necesitan”, esgrime Maria Creixell, de la Coordinadora Obrim Fronteres. Además, las asociaciones piden que los ayuntamientos sean proactivos a la hora de facilitar los empadronamientos, también cuando no aportan documentación con técnicos municipales o con servicios de inspección que comprueban que los vecinos y vecinas viven en la vivienda donde quieren empadronarse .

Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma y Badalona dificultan el empadronamiento

“Barcelona está empadronando de forma bastante abierta, pero en el resto del Área Metropolitana hay zonas con problemas y otras con muchos problemas”, asegura Mateu. De hecho, la Fundación FICAT y la Coordinadora Obrim Fronteres han elaborado el informe “Estudio-mapeo sobre la situación del padrón en el Área Metropolitana de Barcelona” donde se expone la gestión de Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet o Badalona. Los municipios tienen un mayor índice de exclusión residencial que Barcelona por las dificultades burocráticas que ponen a algunos colectivos a la hora de empadronarse. Asociaciones como Badalona Acull, Stop Mare Mortum o la coordinadora Obrim fronteras han denunciado el incumplimiento en la corona metropolitana y en Badalona. En Cornellà “se pide el NIE cuando es ilegal”, denuncia Creixell y en el caso de Santa Coloma, en 2021 de 319 solicitudes, el consistorio denegó 246, un 77% del total o por desestimación de la administración (190 de ellas), porque la persona desistía (18) o por “otros motivos” (38). “El Ayuntamiento ha reconocido algunos de los aspectos que dificultaban el reconocimiento de este derecho y se sigue avanzando para mejorar los obstáculos que nos encontramos actualmente”, afirma Pepa González, defensora de la ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet. Los casos de renuncia de los solicitantes se deben muchas veces por miedo. Muchos de ellos están en situación irregular y no quieren exponer a la policía que es quien comprueba que viven en el domicilio donde quieren empadronarse. Otros viven en una situación de precariedad, a veces familias monomarentales, con miedo a que los Servicios Sociales puedan retirarles la custodia de sus hijos.

Las situaciones de elevada vulnerabilidad y en las que se producen las situaciones más problemáticas de empadronamientos tienen dos tipologías: las personas sin domicilio, sin hogar y que duermen en la calle, en albergues o en equipamientos residenciales; y las personas sin documento acreditativo, es decir, que viven subarrendadas, en viviendas ocupadas o se encuentran en situación de desahucio. El informe de la Fundación FICAT y la Coordinadora Obrim Fronteres pone el foco en el segundo tipo, sobre todo en las personas que viven subarrendadas. Muchas veces la persona inquilina no tiene voluntad de empadronarlas porque recibe una prestación social que le obliga a demostrar que vive sola o por otros motivos y convierte en una carrera de obstáculos conseguir el padrón en el municipio donde viven. Aunque el procedimiento debería ser sencillo como rellenar un formulario, acaba siendo un proceso burocrático en el que se exigen facturas o el resguardo de pagos de impuestos para demostrar que se vive en el domicilio, a veces difíciles de conseguir. Por otra parte, existe la posibilidad de presentar un Informe de Conocimiento de Residencia (ICR) que expide la oficina de Servicios Sociales, que en la mayoría de casos está saturada. “Hay mecanismos sibilinos de muchos ayuntamientos para desincentivar que la gente se empadrone”, afirma Mateu que añade que “es un problema de voluntad política”.

“La solución: ve a Barcelona”

En los constantes impedimentos de muchos ayuntamientos se plantea como solución el “ve a Barcelona”, afirman desde la Coordinadora Obrim Fronteres. La capital catalana a diferencia de la mayoría de ciudades de la corona metropolitana facilita las gestiones para demostrar que se vive en la vivienda y permite por ejemplo enviar una carta al domicilio en cuestión. Si la persona puede recibir el correo, se da por buena. Pero enviar a la gente a Barcelona “obliga que tengan que escolarizarse o ir al médico a la ciudad aunque vivan en otra como Santa Coloma”, lamenta Creixell.

Además, el Ayuntamiento de Barcelona ofrece también la opción de empadronar sin domicilio fijo para las personas sin techo. En casos así, se registran en equipamientos municipales con un informe de Servicios Sociales, un nuevo registro que se inició en 2015 con 5.660 empadronamientos y se multiplicaron hasta los 23.170 en 2021. La carrera de obstáculos de muchas ciudades de la corona metropolitana contrastan con la “favorable” gestión de Barcelona, ​​lo que provoca un éxodo hacia la capital catalana para poder acceder a los servicios de la ciudad. Sin embargo, en mayo de 2020 en plena pandemia, el Consejo Metropolitano, máximo órgano del Área Metropolitana de Barcelona aprobó una moción con todos los grupos parlamentarios a favor para promover políticas de empadronamiento activo, excepto el PP y Barcelona pel Canvi que se abstuvieron. La moción destacaba que el padrón es “una puerta de acceso y garantía de los derechos sociales” y remarcaba fórmulas como las de Barcelona de empadronamiento sin domicilio fijo, medida también reivindicada por el tejido asociativo y entidades sociales.

Estafas para autorizar el empadronamiento

La autorización del propietario o el inquilino es el proceso más fácil que “agiliza” el empadronamiento. Pero se han identificado fraudes en los que muchos hacen negocio y cobran al inquilino por autorizarlo. En 2021, un 44% de las ofertas de alquiler en Barcelona no permitían el empadronamiento y se identificaron 850 anuncios en los que se permitía, pero pagando. Con la opción de empadronamiento sin domicilio fijo, las estafas en Barcelona han caído en picado, aunque todavía existen en decenas en ciudades como Terrassa, Badalona, ​​Sabadell o Martorell donde se ha tenido que crear la asamblea Papeles para Todos ante la negativa a empadronar por parte del ayuntamiento.

Desde entidades como la Coordinadora Obrim Fronteres o la Fundación FICAT proponen un protocolo de empadronamiento que priorice que la persona vive en el municipio y no en un domicilio en concreto, en la línea del empadronamiento sin domicilio fijo del Ayuntamiento de Barcelona. Para ello sugieren aportar documentos públicos como la escolarización, asistencia sanitaria o carné de la biblioteca o documentos privados como domiciliaciones bancarias, de entidades sociales o centros de formación. En caso de no poder aportar los documentos, defienden que el ayuntamiento requiera el Informe de Conocimiento de Residencia, pero que sea elaborado por Servicios Sociales o por otros agentes públicos como entidades del tercer sector.