En la Constitución se plasman los principios tendentes a crear nuestro modelo de convivencia democrática. Los principios son los de “libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”. Pero dichos principios, para su desarrollo, precisan de un ethos democrático en el comportamiento de quienes participan en la función pública. El ethos democrático significa una profunda lealtad a los valores y reglas del sistema, es decir, un riguroso respeto de los derechos y garantías individuales, servicio exclusivo al interés general, régimen estricto de incompatibilidades, procedimientos administrativos transparentes y decisiones presididas por la probidad.
Que estamos ante una sociedad desigual, económica y socialmente, es indudable. Así lo reconoce el propio T.C. (S.3/83):”la economía de mercado se asienta sobre un ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección, al menos parcialmente, de las desigualdades fundamentales”. Significa el reconocimiento expreso de una sociedad desigual. Por esta razón, el ciudadano no solo tiene un “estatus libertatus” sino también un “status civitatis”,que comprende los derechos sociales, económicos y culturales que, en definitiva, pretenden otorgar a los ciudadanos un nivel de bienestar que es también una exigencia de la dignidad humana. Bienestar del que también deben ser garantes, entre las Administraciones Públicas, los Ayuntamientos.
Desde esta perspectiva, deben reconocerse los avances que se expresan en el Programa electoral de Barcelona en Comú y, por supuesto, de Ada Colau. El Capítulo del Programa que someramente examinamos constituye una descripción de la desigualdad económica que vivimos en nuestra ciudad, donde se abordan medios y objetivos para reducirla y, en la medida de lo posible, superarla. Realidad que es una directa consecuencia del régimen capitalista en que vivimos.
Comenzamos por el primer párrafo. “En ocho años hemos contribuido a evitar más de 20.000 desahucios a través de la Unidad Antidesahucios del Ayuntamiento, hemos iniciado más de 6.000 viviendas públicas…etc”,”no queremos alquileres abusivos…”, y se plantea “reforzar la aplicación del 30% de vivienda asequible…y grandes rehabilitaciones de barrios tensionados”. Se disponen medidas a partir de un presupuesto fáctico: “Barcelona es la ciudad española donde más personas viven de alquiler, alrededor del 40% de la población”. Y, a continuación, se decide “reducir la posibilidad de especular en Barcelona”, y, la activación de la “Unidad contra la especulación y el asedio inmobiliario”. Y, por supuesto, se plantea la creación de un “parque público de vivienda”.
Bajo el título de “Feminismo y LGTBI”, se proponen medidas, parte de la cuales ya deben estar en vigor. Como “Apostar por un feminismo que combate las desigualdades de género, antirracista e interseccional”. Que se complementa con la siguiente: “Por esto priorizamos la inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad, la mejora de condiciones de los sectores más feminizados y precarizados y su reconocimiento”. Recordando la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, que planteó la participación activa de los hombres en la lucha por la equidad de género. Con una singular atención al enfrentamiento contra la “feminización de la pobreza”. Lo que conlleva la necesaria reforma de la Ordenanza de Civismo del Ayuntamiento, particularmente, en cuanto afecta a la protección del “trabajo sexual”. Todo ello, desde una perspectiva que pretende destacar la actividad del Ayuntamiento como “referente internacional en la manera de entender, comunicar y abordar la sexualidad”.
Presenta un particular interés el Capítulo sobre “Derechos de ciudadanía”. Estrechamente vinculado con la Oficina de no discriminación, el correspondiente Observatorio y los Programas de justicia restaurativa y de atención a las víctimas de violencia institucional. En este ámbito, presenta especial relevancia hacer de Barcelona un “modelo de ciudad intercultural y antirracista”. Y, aquí, presenta una especial relevancia la siguiente propuesta: “…poner en marcha políticas emancipatorias que pongan el foco en luchar contra la precarización económica a que se ve abocada gran parte de la población con bagaje migratorio y una política decididamente antirracista…”, dentro de un marco de ciudad intercultural, que debe conducir a acoger y respetar la multicultularidad, excluyendo cualquier forma de discriminación.
A lo expuesto, debe añadirse el compromiso público de Barcelona en Comú por una ciudad con voluntad de socializar la responsabilidad de los cuidados. A partir de un dato impactante: “La ciudad de Barcelona tiene 355.000 personas que tienen (y viven) del cuidado de otros”. Por ello, se plantea como objetivo institucional y cívico ser “Una Ciudad que cuida”.
Y dada la extensión del Programa, me permito citar solo dos puntos más, muy expresivos del contenido programático contra la pobreza y la desigualdad, que siguen presentes en esta ciudad pese a los esfuerzos y resultados ya alcanzados durante los anteriores ocho años. “3 de cada 10 niños de la ciudad viven en situación de pobreza y crece con menos oportunidades”. Destacando que nuestra ciudad está adherida a la Alianza estatal Pobreza Cero, con la consiguiente prevención, detección y atención a la infancia en situación de grave riesgo y violencia. Y “en la lucha contra las desigualdades y defensa de los derechos sociales”, “mejorar la cartera de prestaciones de servicios sociales para dar una respuesta más adecuada a las necesidades sociales de la ciudadanía”.
Catalunya Plural, 2024 
