Modelo económico
El modelo económico que plantean los partidos progresistas para Barcelona tiene varios puntos en común. Desde el PSC a la CUP, pasando por ERC y Barcelona en Comú, optan por una “economía diversificada” para la ciudad.
Los comunes proponen un modelo económico con una clara apuesta por reindustrialización e innovación con una mirada metropolitana; un modelo que genere equidad social, buenos salarios y sostenible y un apoyo a la economía digital y circular, con el comercio de proximidad en el centro. El partido de Colau defiende un modelo económico con un gran peso de la economía social y con el objetivo de generar riqueza distributiva y que reduzca las desigualdades y para ello sugiere: un impulso de la economía verde e innovadora y una especial atención a la labor de los cuidados; defiende un impulso de la Economía Social y Solidaria (ESS) con el objetivo de que incremente el peso en el PIB hasta el 8%, un incremento de su visibilidad y con un papel protagonista en el Ayuntamiento y administraciones.
ERC también habla de una economía social y solidaria que busque crear un “modelo más responsable, sostenible, plural, democrático, solidario, equitativo y feminista”. La economía cooperativa, social y solidaria es uno de los puntales de la economía de los republicanos, junto al tercer sector social y la economía digital como elemento de cohesión social. También existe una mención a la industrialización, con un papel protagonista del Pacto Nacional por la Industria que incremente el peso del PIB del 11% al 15%, con una modernización de los polígonos industriales de la ciudad.
Desde el PSC se habla de un “modelo económico sostenible con un crecimiento económico redistributivo” que tenga en cuenta la economía social, con una colaboración público-privada y con una visión amplia que incluya el Área Metropolitana. Para ello proponen desarrollar nuevos polos de actividad y un impulso de los hitos internacionales. La digitalización también es protagonista en el modelo económico de los socialistas con el impulso de Hubs y de la transición digital inclusiva con el Plan “BCN Digital”.
La CUP pone en duda “un modelo determinado por las lógicas capitalistas” y se critica la gestión pospandémica dedicada a “subvencionar negocios de hostelería, a permitir la ampliación de terrazas, bonificar tasas o relanzar grandes eventos como el Mobile World Congress o la Copa América”. Por eso tienen como modelo “una transición ecosocialista y feminista de la economía urbana. Desmercantilizar las relaciones sociales y democratizar la economía”, con una concepción metropolitana y una mayor intervención pública en la economía. También apuestan por el “desarrollo de la economía social y solidaria y el modelo cooperativo de empresa”.
Desde Junts, Trias apoya una digitalización de la economía por “un desarrollo de un nuevo modelo económico más justo y sostenible”. Desde Ciutadans hablan de poner “una alfombra roja al emprendimiento”, mientras que desde Valents apuestan por el libre mercado.
Empleo
Desde el partido de Colau reconocen las dificultades de los autónomos para “mantener su actividad” debido a las cargas administrativas. Por eso, proponen crear una oficina para el trabajo autónomo y una línea de subvenciones. También pretenden apoyar a las microempresas con planes de capitalización y “favorecer la contratación pública con autónomos, microempresas y tercer sector”. Por otra parte, optan por “recuperar el prestigio del comercio de proximidad” con “la ciudad económica de los 15 minutos” donde los vecinos y vecinas puedan satisfacer sus necesidades básicas a 15 minutos a pie de casa o en bicicleta. También proponen la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de Mercados de Barcelona 2030.
Los republicanos se comprometen a combatir la precariedad y los bajos salarios que destacan especialmente en la hostelería y comercio, sectores feminizados. Además, lamentan que el 40% de los trabajadores de Barcelona cobran menos del salario de referencia metropolitano que durante 2022 se situaba en los 1.447,49€ al mes, mientras que en la capital catalana se sitúa en los 1.552€. Para combatirlo, proponen impulsar el Acuerdo por un Salario Mínimo de Ciudad a partir de los 1.500€ mediante un concierto entre agentes públicos y privados. También quieren conseguir volver al mercado de trabajo a los parados de larga duración y por último, defienden luchar contra la brecha de género de forma transversal y fomentar el ámbito formativo, especialmente la FP.
Los socialistas optan por una estrategia basada en “la creación de empleo de calidad, con un salario justo y una red de prestaciones y recursos adecuados para apoyar el empleo de los colectivos vulnerables en el ámbito laboral”. El programa también menciona a los jóvenes, uno de los colectivos más precarizados, para reforzar “el papel de la administración en el fomento del empleo juvenil”. Los de Collboni quieren impulsar campañas de intervención de la Inspección de Trabajo conjuntamente con la Guardia Urbana; hacer un plan de apoyo a las personas en paro de larga duración; promover el crecimiento de la oferta de los programas de FP Dual en la ciudad y ayudas para facilitar la contratación a las personas trabajadoras autónomas.
Desde la CUP señalan “la precarización generalizada” que afecta a los barceloneses más allá del mundo laboral y los problemas que genera para emanciparse. Desde el partido defienden impulsar una bolsa municipal de trabajo garantizado “que priorice el acceso según criterios de vulnerabilidad”; crear la Concejalía de Trabajo; potenciar la economía de cuidados y “cancelar todos los programas y convenios que desde Barcelona Activa están orientados a crear nuevos negocios turísticos”. En pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral a las 32 horas semanales, los cuperos van más allá y proponen la jornada de treinta horas semanales para la plantilla municipal. También se refieren a ampliar la oferta pública destinada a personas con discapacidad intelectual y funcional e implementar mecanismos que ayuden a la desestigmatización de las trabajadoras sexuales. En materia de pequeño comercio y mercados municipales, quieren acabar con las nuevas licencias para centros comerciales y grandes establecimientos y favorecer un trabajo de proximidad para los barrios.
Los de Trias proponen reforzar el Programa Lábora para las personas con mayores problemas de acceso al mercado laboral, también para las personas jóvenes. En referencia a los autónomos, defienden el despliegue de la ventana única para agilizar los trámites burocráticos y quieren potenciar “la relación entre la formación profesional y el mercado laboral”. Ciudadanos asegura que creará la Consejería de Autónomos si llega al poder, igual que Valents, mientras que VOX habla de una defensa del comercio local.
Fiscalidad
En materia de fiscalidad desde el partido de la alcaldesa Ada Colau defienden “una economía que ponga freno a la especulación y los privilegios”. Para ello proponen luchar contra el fraude fiscal con inspecciones en las grandes operaciones inmobiliarias. También apuestan por la promoción de una fiscalidad más justa, redistributiva y ecológica por medio de la tarificación social, además de la creación de un fondo de financiación pública e innovar en finanzas municipales.
Desde ERC se apuesta por una fiscalidad local que redistribuya la riqueza con un régimen fiscal propio para la ciudad. “Lucharemos contra el fraude fiscal a través del Instituto Municipal de Hacienda”, aseguran, con un plan de mandato contra el fraude fiscal centrado en las empresas y grandes contribuyentes; optan por “hacer que el turismo contribuya a los recursos municipales en la intensidad que le corresponde”; implementar un modelo de fiscalidad verde para ayudar a la transición energética de la ciudad y aseguran que garantizarán una mayor transparencia en la gestión de los tributos municipales, si Maragall llega a ser alcalde.
El PSC opta por “buscar mecanismos legales que permitan ampliar la fiscalidad turística”; mantener “unas finanzas municipales solventes”; impulsar el refuerzo de la financiación local y conseguir “un sistema de participación efectiva en los ingresos de las CCAA”.
La CUP defiende una banca pública de inversión y financiación industrial; desarrollar una moneda local virtual para residentes que fomente el comercio local y de proximidad y aplicar una política fiscal progresiva y expansiva que aumente los recursos públicos. Hacen mención también a obligar a la Iglesia católica a pagar el IBI y todos los impuestos municipales.
El resto de grupos parlamentarios apuestan por una revisión de la fiscalidad que reduzca los ingresos del consistorio. Junts opta por bonificaciones y reducciones de impuestos como el IBI para familias monoparentales. Desde Ciutadans defienden que “el dinero, mejor en tu bolsillo” y desde Valents optan por “la eliminación de impuestos y trabas burocráticas”, al igual que también lo hacen el PP y Vox.
Catalunya Plural, 2024 
