Ricard Gomà es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en políticas públicas, innovación democrática y movimientos sociales y también es investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas y director del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. Fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona entre 2003 y 2015 y ostentó la tenencia de alcaldía de Acción Social y Ciudadana entre 2007 y 2011 por ICV. Gomà reivindica un área metropolitana con capacidad redistributiva y de recursos y defiende que “el área metropolitana debe entender que es el gobierno de la metrópoli y requiere un mecanismo de elección directa”. Con esta entrevista, iniciamos una serie de “Conversaciones metropolitanas”.
Uno de cada cuatro habitantes del Área Metropolitana (800.000) vive en riesgo de pobreza, un 23% más que antes de la pandemia y un 7% vive en riesgo de pobreza extrema, con especial impacto entre los jóvenes. ¿Qué o quién falla?
Los indicadores de desigualdad y pobreza en el área metropolitana llevan una década muy complicada. Tuvimos la Gran Recesión que impactó de forma muy potente y transversal. En desigualdad, en tres o cuatro años, retrocedimos casi dos décadas llegando a una tasa de pobreza de entorno al 25%.
A partir de 2015 existe cierta reactivación económica que mejoran los indicadores, pero la respuesta a la crisis fueron recortes sociales y la reactivación económica se hizo sobre la precariedad laboral. En 2018-2019 en el AMB teníamos un 15% de pobreza laboral, personas que a pesar de tener trabajo era tan precaria que sus ingresos estaban por debajo del umbral de la pobreza. Cuando llega la pandemia no tenemos colchón como si lo teníamos antes de la crisis inmobiliaria y el impacto de la Covid-19 es mucho más intenso en los colectivos más vulnerables: los inquilinos, los niños y la población migrante. Casi la mitad de los inquilinos dedican más del 40% de lo que cobran a pagar el alquiler; la tasa de pobreza infantil está en torno al 35% y la de la población migrante casi alcanza el 50%.
Pero en la pospandemia tenemos dos efectos que no habíamos tenido hace diez años y son positivos: las políticas públicas como construcción de un escudo social (ERTO, salario mínimo, etc.) que han reducido en un 20% la pobreza; el ingreso mínimo vital (IMV) y la renta garantizada de ciudadanía (RGC), aunque menos porque la población más vulnerable queda fuera, y la reforma laboral que ha permitido aumentar la contratación indefinida en el AMB del 15% al 40%. Por tanto, cuando tengamos los indicadores de la recuperación pospandémica, seguramente veremos una tendencia hacia una mejora sustancial. Pero venimos de una década enormemente complicada. Hoy todavía podemos decir que las desigualdades y la pobreza tienen una presencia en el AMB que es una exigencia ética poner todos los medios para superarlas.
Has dicho que ha habido el despliegue de un escudo social por parte del Gobierno con ayudas sociales como el IMV, pero según AIRef no llega al 78% de los hogares en riesgo de pobreza. ¿Qué reformulación se debe hacer?
El IMV y la RGC deberían llegar a toda la población con ingresos por debajo del umbral de la pobreza y a la mayoría no les llega. El IMV sólo ha reducido la pobreza en el AMB en un 1,5%, comparado con el 20% de los ERTO. Los ERTO están muy bien, pero protegen a la población que está insertada en el mercado de trabajo. Por tanto, generas un escudo social de primera categoría y otro muy residual que supone que amplíes la brecha. La mayoría de la población que tiene derecho a llegar a estas prestaciones no llega a pedirlas o si lo hace, entra en un infierno burocrático. Sería impensable que una familia en situación de exclusión no conociera y no accediera a la educación o la sanidad pública. Pues esto ocurre con las prestaciones sociales. Por tanto, es necesario mejorar su conocimiento y reducir las trabas burocráticas en el acceso. No dejan de ser prestaciones condicionadas, que requieren de informes de vulnerabilidad de los servicios sociales y el debate de fondo es cómo transitamos hacia la renta básica, cómo el derecho a la existencia material pasa a ser un derecho a la ciudadanía como la sanidad o la educación, pero no son incompatibles.
Las rentas mínimas hace tres décadas que existen y los índices de pobreza constatan que ha sido un fracaso de política pública
Y más cuando la precarización es transversal incluso entre la gente que entra en el mercado de trabajo.
Pero nunca llegaron. Las rentas mínimas llevan tres décadas existen y los índices de pobreza constatan que ha sido un fracaso de política pública. Por tanto, debemos ir a mejorar el conocimiento, la cobertura y la desburocratización con una transición hacia la renta básica.
Otro de los principales problemas del AMB es la vivienda. El Gobierno ha aprobado una ley que ya está en vigor y prevé garantizar el derecho a la vivienda en un momento en el que el precio del alquiler está disparado y con un encarecimiento de las hipotecas. ¿Solucionará los problemas de vivienda de Barcelona y el Área Metropolitana?
La ley por sí sola no va a solucionar, aunque crea algunas condiciones de posibilidad, pero debe ir acompañada de políticas públicas. Los ayuntamientos del AMB deben tenerlo todo preparado para aplicarla. Por ejemplo, la declaración de zona tensionada para poder realizar un control efectivo de alquileres. Desde que estuvo en vigor la ley de regulación catalana hasta que el Tribunal Constitucional la tumbó, nosotros desde el Observatorio Metropolitano de la Vivienda hicimos una investigación y vimos que había capacidad de contener el precio del alquiler sin que implicara una disminución de la oferta, que es el principal argumento de los contrarios a la regulación de los precios del alquiler. Aunque no es la solución estructural y definitiva, es fundamental.
Hoy, la vivienda determina la vulnerabilidad social como nunca
¿Y qué otras medidas es necesario tomar?
Es necesario hacer vivienda pública de alquiler social, es necesario que las formas de vivienda cooperativa con una gran expansión en Barcelona lleguen también al AMB, etc. Hoy, la vivienda determina la vulnerabilidad social como nunca. Esto también se ve en la movilidad residencial. En la última encuesta de cohesión urbana del pasado año, dos terceras partes de la población metropolitana considera que en sus entornos no hay una vivienda que pueda satisfacer sus necesidades. Además, de toda la movilidad metropolitana, que se ha triplicado en cinco años, una de cada cuatro familias que se mueve es movilidad forzada, es decir, porque no puede hacer frente al pago de alquiler de la población en la que vive. Desde el movimiento a la vivienda se ha dicho, creo que con razón, que son desahucios invisibles. Si la vivienda tiene esta centralidad dentro de los riesgos de exclusión social, también debe tenerla en las políticas públicas de respuesta. La ley es un marco que puede ayudar. Necesario, pero no suficiente. En Barcelona, el Ayuntamiento ha realizado una de las mayores construcciones de vivienda pública que yo creo que hemos visto nunca.
¿Y se ha detectado que esto ha beneficiado al acceso a la vivienda o el déficit de vivienda pública es demasiado grande?
En Barcelona partíamos de 4.000 viviendas públicas, 7.000 en los cálculos más optimistas, y desde 2015 hasta ahora se han añadido más de 4.000 más. Si todo va bien, en 4-8 años puede doblarse la cantidad inicial. En el mejor de los casos nos iríamos a 20.000 pisos públicos de alquiler social cuando la necesidad son 200.000. Se calcula, por otras grandes ciudades europeas, que para empezar a tener una capacidad real de regular el mercado, el Estado debe poner en el mercado al menos un 20% de alquiler social. Estamos en el 2%, y en el mejor de los casos podemos llegar al 4%, sólo en soluciones municipales. Por tanto, es necesario que la Generalitat y el Gobierno hagan lo que no han hecho hasta ahora, acompañar al Ayuntamiento de Barcelona y al resto de ayuntamientos en esta política y generar en las próximas dos o tres décadas este 20% de vivienda pública de alquiler social. Que ya lo tendríamos, si no se hubiera privatizado toda la protección oficial que se ha hecho en los últimos años, que fue de compra, y que por tanto, hoy ya está en manos privadas. Hay quien dice que si esa es la solución, no hace falta que regulemos alquileres. Pero esa solución no llegará a los próximos 5, 10 o 15 años. ¿Qué le decimos hoy a una familia vulnerable que para llegar a fin de mes debe elegir entre pagar el alquiler, comer tres veces al día o pagar los recibos de luz y gas? Por tanto, sí, la solución más puntual y la más estructural debe articularse. Y esto hay que hacer a nivel metropolitano, porque no es un problema sólo de Barcelona.
Y hablando de los retos conjuntos del área metropolitana, ¿es necesaria una política metropolitana conjunta?
El área metropolitana debe decidir si es una diputación de los municipios metropolitanos o es un verdadero gobierno de la metrópoli. Si debe ser la institución de autogobierno de la metrópoli, es necesario hacer políticas públicas. Políticas públicas de impacto directo en la ciudadanía. Esto ya lo está haciendo en algunos casos. Por ejemplo, ahora se ha aprobado el PDU, que sustituye al Plan General Metropolitano de 1976 con un planeamiento metropolitano. Por otra parte, los servicios públicos de movilidad o las tarifas del transporte público son ya de escala metropolitana, las políticas de vivienda, etc. También existe otro debate. Si debe haber elección ciudadana directa del área metropolitana. Yo estoy convencido de que sí. También está conectado al debate de las políticas públicas.
¿Y hay algún impedimento para que esto pueda producirse?
El debate se ha producido de forma parcial, no es verdad que no se haya avanzado, porque sí que hay algunas políticas que se han metropolitanizado: políticas de cohesión urbana, de cohesión social, de prevención, de acción comunitaria, de seguridad, etc. Es necesario que el área metropolitana entienda que es el gobierno de la metrópoli y debe hacerlo un mecanismo de elección directa. Es importante que haya un espacio comunicativo ciudadano, que el área metropolitana empiece a ser, a formar parte de la conciencia del conjunto de los habitantes de la metrópoli, y que genere unas bases necesarias para que haya una elección directa de las autoridades metropolitanas, que por otra parte existe en las grandes ciudades europeas, no deberíamos inventar nada. Si se pone sobre la mesa un proyecto metropolitano, como el Plan Estratégico Metropolitano, como el Compromiso Metropolitano 2030: ciudades articuladas en red, más horizontales, más interdependientes; debe ser compatible con una autoridad metropolitana democráticamente escogida y con capacidad de hacer políticas públicas.
¿Lo podremos ver pronto?
Queda mucho debate aún por hacer. Debemos encontrar alguna palanca para acelerar mucho este debate. Por un lado, determinadas políticas públicas, vivienda, la movilidad, creemos que pueden ser palancas muy importantes. Debemos ir a hacer un debate más de gobernanza, de instituciones, de democracia.
Más del 50% de la gente del área metropolitana trabaja en un municipio distinto al que vive. Los problemas de movilidad de Barcelona no se solucionen a clave de Barcelona, se solucionen a clave de área metropolitana. Barcelona no puede boicotear una estructura metropolitana de transporte. El tranvía sirve para que se pueda ir desde Molins de Rei a Barcelona, o desde el Molins de Rei hasta el Maresme. Estos son los elementos que deben estar sobre la mesa: la movilidad, la vivienda, el trabajo, las respuestas a la exclusión social o la transición ecológica que municipio a municipio es imposible. Y un último elemento, está claro que el municipalismo ha hecho mucho para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero sin una política conjunta las desigualdades se incrementarán en el área metropolitana. Los municipios que concentran las áreas de mayor vulnerabilidad y, por tanto, con más necesidades, son también los que tienen menos capacidad de gasto y de inversión per cápita. Barcelona y el AMB tienen la misma población, pero el Ayuntamiento de Barcelona dispone de 3.200.000 euros y el AMB de 1.600.000 euros, la mitad. Por tanto, debe haber capacidad de redistribución metropolitana y de recursos en el territorio, y esto lo debe hacer un gobierno metropolitano.
El AMB es la sexta área metropolitana más habitada de Europa y acumula nueve de los diez kilómetros con mayor densidad poblacional europea. ¿Qué caracteriza al AMB en comparación con las demás y en qué puede determinar esto a su crecimiento, ya también en infraestructuras y servicios?
El área metropolitana tiene algunos espacios de alta densidad, pero también tiene grandes infraestructuras verdes que permiten equilibrar esa densidad. La densidad en sí no es un problema. El problema es cuando la densidad va ligada a la falta de servicios, de infraestructuras, de fragilidad comunitaria y cuando es incompatible con el acceso o con la proximidad de infraestructura verde que permita, por tanto, respirar sin tener un aire no contaminado , como ocurre hoy en muchos barrios metropolitanos.
La densidad es una enorme oportunidad desde el punto de vista de vertebrar la cotidianidad de las personas pero al mismo tiempo exige respuestas de la cohesión social, urbana y de transición ecológica. Deben combinarse con los retos y ventajas de esta densidad.
Tiene que haber capacidad de redistribución de recursos en el territorio, y eso debe hacerlo un gobierno metropolitano
¿Y cuáles son los principales retos que tiene ahora mismo ya de antemano el área metropolitana?
El 70% de los barrios con mayor vulnerabilidad se concentran en el eje del Besòs: Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Moncada y los distritos Besòs de Barri, Sant Andreu, Sant Martí. Incluso tenemos ciudades como Santa Coloma donde el 51% de la población vive en barrios de alta vulnerabilidad. En cambio, hay 25 municipios del área metropolitana que no tienen ni un solo barrio en la franja de mayor vulnerabilidad. Por tanto, si tenemos que hacer una metrópoli cohesionada, existe una exigencia política, ética y colectiva de resolver la concentración de la vulnerabilidad urbana.
También son necesarias políticas de vivienda metropolitanas y los otros dos grandes problemas sociales son la pobreza infantil y el de la población de origen migrante, que aunque no tienen soluciones estrictamente en clave metropolitana, sí que la metrópoli puede ayudar. En pobreza infantil, por ejemplo, es incomprensible que España sea el único estado de Europa que no tenga una prestación universal de crianza. Es evidente que esto no puede hacerlo el área metropolitana. Pero el otro tema es universalizar y hacer gratuito la educación infantil. Y eso sí que el área metropolitana puede ayudar, y mucho. El AMB podría ser la primera en asegurar que todas las familias vulnerables tendrán una guardería pública y de calidad.
El 70% de los barrios con mayor vulnerabilidad se concentran en el eje del Besòs
En el tema de la población migrante es evidente que es necesaria una regularización extraordinaria. Ojalá que la ILP de regularización salga adelante y exista una medida estructural. Pero no puede ser que buena parte de los municipios metropolitanos no empadronen a personas en situación irregular. Barcelona no puede ser el único municipio de los 36 al tener una política pública de acogimiento residencial de personas sin hogar o personas migrantes en situaciones de alta vulnerabilidad. Dos de cada tres personas sin hogar son de origen migrante en Barcelona. Es necesario que haya servicios de metropolitanos, porque todos los problemas sociales que hoy tenemos tan bien diagnosticados tienen una dimensión metropolitana de respuesta.
En la transición ecológica, debemos empezar por la movilidad, que es metropolitana y es necesario consolidar el transporte público interurbano y desplegar el plan metropolitano de movilidad urbana. Si miramos la movilidad en el interior del municipio de Barcelona, sólo el 19% se hace en coche, pero si miramos en el área metropolitana, es el 51%. Esto debe reducirse drásticamente. No existe transición ecológica posible con más de la mitad de los desplazamientos realizados en coche, ni de combustión ni eléctricos. Por tanto, transporte público metropolitano, transporte público interurbano, una red de metro realmente metropolitana. Los ciudadanos deben poder llegar en metro a Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa y a todas las poblaciones intermedias fundamentales.
El AMB podría ser la primera en asegurar que todas las familias vulnerables tendrán una guardería pública y de calidad
Sabemos que la pobreza energética también se concentra en determinadas áreas de la metrópoli. Por tanto, que haya un operador energético metropolitano, es fundamental. La alimentación. Que toda la transición hacia un sistema alimenticio más agroecológico, más sostenible, es absolutamente necesario y es metropolitano. Tenemos estudios sobre los entornos alimenticios de todos los barrios metropolitanos y sabemos que existen unas desigualdades también enormes. Y para terminar, el mercado de trabajo, las políticas económicas deben ser metropolitanas. El gran reto consiste en diversificar la base económica con una economía plural.
¿Qué muestran los resultados electorales en el AMB y en Barcelona?
Hay un hecho más relevante puede que los resultados electorales y es la elevada abstención. Existen grandes desigualdades de participación por renta. En Barcelona, los distritos de renta baja como Ciutat Vella, la participación ha sido del 47%, en Nou Barris el 51%; en cambio en las zonas más ricas como Sarrià ha votado un 70% y en Les Corts en torno al 68%. Ha habido una diferencia de más de 20 puntos de participación entre distritos acomodados y distritos populares. Si sumamos la ciudadanía en situación de exclusión electoral, los vecinos y vecinas que no tienen derecho a voto por su origen, que tienen una mayor presencia en los distritos de las rentas más bajas, la fractura socioterritorial de representación es muy elevada. Por tanto, tenemos un déficit democrático muy importante que expresa la desigualdad y no favorece la cohesión social.
¿Y a qué se debe la victoria de Trias?
Trias ha hecho una campaña bastante vacía de propuestas y ha tenido éxito para reunir el voto anticolau, con un apoyo por encima del 40% en los barrios acomodados de Sarrià, Les Corts y zonas del Eixample, zonas con una participación muy alta. Sin embargo, no es una gran victoria. Ha logrado 11 concejales de 40, por debajo del resultado que le dio la alcaldía en el 2011.
¿Y su victoria determinará las políticas metropolitanas como los empadronamientos o la conexión del tranvía?
Existen políticas municipales y políticas metropolitanas. Si es alcalde podremos ver cómo boicotear la conexión de los tranvías, la vertebración de la movilidad o si pone freno a las políticas de pacificación del tráfico o si tiene una política proactiva para mantener la rebaja de los precios del transporte público. Otra cosa son las políticas metropolitanas en las que su impacto será bastante menor, ya que el PSC mantiene la mayoría en el conjunto del AMB y el gobierno metropolitano, ya en los últimos cuatro años ha sido conformado entre el PSC, los comunes, ERC y Junts y se podría mantener, por lo que los retos pendientes en el mandato anterior lo seguirán siendo: políticas de empadronamiento sin domicilio fijo en el conjunto del AMB, de barrios o políticas sociales, etc.
¿Y qué análisis haces de los resultados en el AMB?
El patrón de participación parece repetirse con una gran diferencia entre los barrios de renta alta y los de renta baja. Y los resultados muestran una mayor estabilidad, aunque no hay gran diferencia con los resultados de 2019, pero hay que esperar a la configuración de los nuevos ayuntamientos. Sin embargo, el Consell Metropolità, se conforma con los resultados de las elecciones y no con la configuración de los ayuntamientos y no variará demasiado.
Por tanto, ¿veremos un continuismo?
El Consejo Metropolitano sí tendrá muchos elementos de continuidad, otra cosa es qué agenda de políticas metropolitanas llevan a cabo.
Catalunya Plural, 2024 
