“Tenemos derecho a vivir en nuestro territorio, a vivir de nuestros bosques, de nuestros mares, de nuestras tierras. No queremos sus proyectos, queremos nuestras vidas”. Así cerró Bettina Cruz, defensora de la tierra y lideresa binnizá (zapoteca), su discurso en la abarrotada Plaza del Zócalo de la Ciudad de Oaxaca. Subida en el quiosco central, la defensora participó en la marcha de pies cansados del 20 de marzo contra el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Su liderazgo en las luchas para defender la tierra y los derechos de las comunidades de la cintura de México, durante más de 40 años, le ha llevado a recibir ataques y amenazas por parte de diferentes grupos, incluidas las fuerzas del propio Estado Mexicano. “Esta labor es una elección de vida, para que no conviertan nuestros territorios en lugares inhabitables”.
Como ella, son muchas las personas y comunidades que resisten en la actualidad a la imposición de un megaproyecto que choca con su concepción de desarrollo. Fueron más de 2.000 personas las que, movilizadas desde sus comunidades, se reunieron en la capital del departamento de Oaxaca para marchar durante nueve kilómetros y plantarse bajo los arcos del Palacio de Gobierno. El día elegido para paralizar el centro de la capital no fue casual: un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se reunirían con John Kerry, asesor de la Casa Blanca para el Cambio Climático, y Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, para conmemorar el natalicio de la figura de Benito Juárez. “Que lo oiga López Obrador, que lo oiga Salomón Jara, que lo oiga John Kerry y Ken Salazar. ¡Aquí en Oaxaca, vamos a dar batalla!”, gritó Cruz apuntando con el dedo al edificio institucional.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se basa en un proyecto de transporte carretero y ferroviario para unir el Golfo de México con el Océano Pacífico, desde el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, hasta el de Coatzacoalcos, en Veracruz. “Queremos reactivar este antiguo proyecto con algunos criterios básicos: respetar la opinión de las comunidades, cuidar el medio ambiente y que sea beneficioso para la población”. De esta forma, López Obrador mostraba pocos días después de la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, su voluntad de impulsar el megaproyecto. Cuatro años y medio después, y a pocos meses de la finalización de la instalación de las vías, la división en el territorio es palpable y muchas de las comunidades afectadas reclaman el derecho a decidir qué tipo de desarrollo implementar en sus regiones. “La ruta interoceánica no solo es la comunicación de las economías, sino la producción, explotación y despojo de los bienes que tenemos los pueblos. Quieren imponer estos proyectos en nuestros territorios y lo peor es que dicen que es para favorecernos, cuando lo que van a hacer es quitarnos la tierra, el agua y el control territorial”, recalca Cruz, también integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio (APIIDTT).
El Colectivo Geocomunes, que acompaña a comunidades y organizaciones en la defensa de sus derechos, considera que el despliegue del proyecto va acompañado de un proceso de industrialización, privatización y especulación de la tierra, que conlleva a un cambio profundo en el uso de estos bienes. “El territorio sostiene a la comunidad y la comunidad sostiene al territorio. En el Istmo existe una vocación ligada a las actividades agrícolas y una economía informal vinculada a la artesanía y las fiestas locales. Y es muy difícil pensar cómo esto se podría mantener en un territorio industrializado”, afirman desde el colectivo.
La importancia geoestratégica del Istmo de Tehuantepec
El Corredor Interoceánico es la pieza central del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que abarca 79 municipios del sureste del país (33 en Veracruz y 46 en Oaxaca). Este Plan incluye la modernización y rehabilitación de 227 kilómetros de vías para unir los océanos Pacífico y Atlántico. También contempla la construcción de 10 parques industriales de 300 hectáreas de promedio, la ampliación de la carretera transístmica, la creación de un gasoducto para asegurar el abastecimiento de gas al sector industrial y la rehabilitación de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán. Todo ello, en el marco de una denominada “zona libre” para estimular la inversión de empresas privadas a través de beneficios fiscales y administrativos.
Y es que el CIIT no puede entenderse como un proyecto aislado, sino como un elemento más en la reconfiguración del sureste del país. Así, no solo enlazará Salina Cruz y Coatzacoalcos, también se interconectará con el otro megaproyecto de la región, el Tren Maya, a través de una línea férrea de 329 kilómetros y con Ciudad Hidalgo, en Chiapas, frontera con Guatemala.
Específicamente, la zona del Istmo es una región con un marcado carácter indígena, por la coexistencia de los pueblos originarios Zapoteco, Huave, Mixe, Zoque y Chontal, que tienen una larga historia de resistencia por la defensa de sus usos y costumbres —muy vinculadas al territorio— y sus formas comunitarias de gobierno. En 2021, el gobierno federal promovió una serie de consultas con el objetivo de obtener el “consentimiento libre, previo e informado” de la población a la implementación del CIIT, tal y como apunta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, las comunidades denuncian la falta de información con respecto a los impactos ambientales, sociales y culturales del megaproyecto. “La actual administración ha intentado justificar la entrega de este territorio mediante una serie de Consultas Indígenas […] llevadas a cabo como meros procesos burocráticos y simulatorios, violando y pisoteando el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas”, manifestó en un comunicado el Congreso Nacional Indígena.
Por su defensa del territorio y oposición al proyecto, además de Bettina Cruz, muchos liderazgos señalan haber sufrido amenazas, agresiones y detenciones. El 27 de marzo de 2022, el líder comunal de Santa Cruz Tagolaba y de Sol Rojo, Erick Sánchez, que denuncia la falta de un proceso de consulta digno, recibió un impacto de bala en un atentado en el que su primo fue asesinado: “El proyecto debe ser consultado a la comunidad conjuntamente con la autoridad de turno que esté legalmente reconocida. En este caso, las tierras son comunales y no de propiedad particular. Por lo tanto, quien decide qué hacer con esas tierras es la propia comunidad. Esta decisión debe hacerse en una asamblea general de comuneros y tiene que haber un convenio entre la población y el Estado”, afirma Sánchez.
Por otro lado, en el mes de enero de este año fue detenido David Hernández, líder vecinal de Puente Madera y de APIIDTT, en el municipio de San Blas Atempa. Fue acusado, junto a 17 compañeros más, de supuestos daños a las vías de comunicación durante las marchas contra la aprobación del cambio del uso del suelo para la construcción de uno de los parques industriales. “Ese cambio del suelo se aprobó en una asamblea donde varias personas, incluso vecinas de la comunidad, se hicieron pasar como dueñas del territorio. Se repartieron las tierras comunales”. Hernández también asegura que, al revisar el acta de firmas, muchas de estas estaban falsificadas: “Vimos la firma de una persona fallecida un año antes de la asamblea”. Actualmente, hay un proceso de juicio de nulidad.
“Se busca criminalizar las luchas sociales culpando a las comunidades que están en contra del despojo de nuestras tierras y de la imposición ilegal de los proyectos”, afirma Hernández. Y así lo destaca también el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que arroja los datos de 26 agresiones contra personas defensoras entre octubre de 2021 y marzo de 2023 en el marco de la construcción del CIIT. Por otro lado, el informe de 2022 de Front Line Defenders expone que México es el tercer país donde más personas defensoras fueron asesinadas durante 2022 (45), particularmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Chiapas.
Un muro para la migración
“En Estados Unidos estamos poniendo la mirada al sur. Si se puede invertir en el Transoceánico, esa será la llave para resolver los problemas sobre el flujo de migración. Es más fácil ver qué está pasando en una frontera de 180 millas que en una de 2.000 millas en el desierto”. De esta forma, Ken Salazar explicitó su voluntad de trabajar conjuntamente con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para incrementar el control migratorio en la zona más angosta del país.
“Esta estrategia ya se menciona en varios programas estatales, llamándola ‘zona de contención’. Por lo tanto, a las personas que logren pasar la frontera física con Guatemala, las usarán como mano de obra barata en los parques industriales”, señalan desde Geocomunes. Además, consideran que esta estrategia reforzará la economía criminal: “Al convertir el Istmo en un muro de contención, aumentarán los intereses de otros grupos que tienen presencia en la zona y las actividades relacionadas con esos intereses, como la trata de personas o la prostitución”. El colectivo también subraya que se incrementarán los discursos de odio hacia la población migrante y la desinformación sobre las causas reales de por qué salen de sus países.
“Sabemos el despojo que han sufrido otros pueblos, como en Centroamérica, donde las personas tienen que salir porque les han quitado sus territorios”, remarca Cruz. “Aparentemente quieren nuestro desarrollo, quieren que tengamos empleo, pero los pueblos indígenas tenemos derecho a decir ‘no’ a su desarrollo porque esa no es nuestra vida. Queremos comer lo que se come en nuestro territorio, ser parte de nuestra cultura y de nuestra visión del mundo. Queremos vestir con nuestras ropas y hablar nuestra lengua. Porque ese es el más elemental derecho que tenemos”.
Catalunya Plural, 2024 
