Se habla mucho del artículo 47 de la Constitución española, ya sea para vulnerarlo o para defenderlo y garantizarlo, del que no se habla tanto es del artículo 39, que va directamente ligado a las consecuencias de no garantizar el derecho a la vivienda:
“1) Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2) Los poderes públicos aseguran también la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de la filiación, y de las madres, sea cuál sea su estado civil. La ley hará posible la investigación de la paternidad. 3) Los padres tienen que prestar asistencia completa a los hijos tenidos dentro o fuera del matrimonio, durante la minoría de edad y en los otros casos en que la ley se los obligue. 4) Los niños disfrutarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Recientemente, coorganizada por el Instituto Infancia y Adolescencia y el Instituto Metrópoli, ha tenido lugar en el CCCB la jornada Infancia y vivienda en Barcelona: impactos de la crisis de la vivienda en las vidas de los niños, niñas y adolescentes, que fue el marco para presentar dos informes fruto del laboratorio de investigación “Inseguridad residencial e infancia”. Una investigación etnográfica de 4 años de duración (2018-2022) que pone de manifiesto los impactos de la inseguridad residencial en la vida de los niños, niñas y adolescentes que la sufren. La investigación ha sido impulsada por el Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona y se fundamenta en el seguimiento a 20 familias del distrito de Ciutat Vella, en situación de alta vulnerabilidad social y con niños y/o adolescentes a cargo.
Los niños y adolescentes son el grupo de población que más sufre la crisis de la vivienda, con impacto en todas las esferas de la vida. Cuando se está en situación de inseguridad residencial, es palpable el impacto directo, profundo y transversal. El informe ‘’Impactos de la crisis de la vivienda en las vidas de los niños y los adolescentes’’ identifica los impactos de tipo material, relacional y de salud física y mental en las diferentes esferas de la vida de los niños: desde el espacio personal y íntimo, el espacio familiar, las amistades y la relación con los otros niños y niñas, el espacio de la escuela y también en relación con el barrio y la comunidad.
Son necesarios más recursos y un mayor compromiso por parte de todas las administraciones. A pesar de que en los últimos 5 años, han aumentado mucho los recursos de la administración municipal para hacer frente a la crisis de la vivienda: incremento de ayudas a los hogares con niños y la creación de nuevas unidades y protocolos para acompañar a las familias, los recursos todavía son insuficientes para frenar los lanzamientos de niños y adolescentes de sus hogares.
Son fundamentales la importancia del arraigo al barrio (clave por la lucha ante las estrategias de expulsión inmobiliaria y también para la subsistencia económica de las familias más empobrecidas) y el arraigo en la escuela. Desgraciadamente, las escuelas no siempre están al corriente de la situación de los alumnos y hay que poner de manifiesto cómo una escuela que es conocedora de la realidad de los niños puede atenderlos. Siendo un espacio seguro y de confianza, es clave en el acompañamiento a los niños y niñas ante una situación que los genera mucho sufrimiento.
Durante la jornada de presentación, Miryam Navarro, antropóloga e investigadora colaboradora del Instituto Infancia y Adolescencia, presentó los resultados cualitativos de la investigación etnográfica que ha llevado a cabo durante cuatro años siguiendo a unas veinte familias con niños que viven y sufren los efectos de la inseguridad residencial al distrito de Ciutat Vella de Barcelona. Un informe que analiza los impactos de la crisis de la vivienda en las vidas de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad.
Es muy importante, para mejorar la atención a los niños y adolescentes en situación de inseguridad residencial, que se les explique la situación para poderlos atender adecuadamente, porque cuando los niños y niñas ven sufrir a la familia sin saber por qué, su sufrimiento todavía es peor. Esto lleva a la necesidad de repensar algunas respuestas de la administración, como la estancia en pensiones, que tendrían que ser temporales y demasiadas veces, a causa de la carencia de vivienda pública para acelerar la entrega de un piso de la mesa de emergencias, se acaban alargando durante años.
El informe destaca que la expulsión forzada de la vivienda de un niño o adolescente, la imposibilidad de disponer de una vivienda en buenas condiciones de habitabilidad y/o de la oportunidad del arraigo a su barrio y comunidad vulnera los cuatro principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño: El principio de observar siempre el interés superior del niño, según el cual cualquier decisión, ley o política que pueda afectar la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para los niños y niñas. El principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, según el cual todos los niños y niñas tienen derecho a vivir, desarrollarse y lograr su máximo potencial en la vida. Esto incluye tener derecho, por ejemplo, a una alimentación y alojamiento adecuados, al agua potable, la educación, la atención sanitaria, recibir información sobre sus derechos, o bien el juego, el descanso, el ocio y la cultura. El principio de participar y ser escuchado, según el cual los ciudadanos hasta los diecisiete años tienen derecho a ser escuchados y consultados sobre situaciones que los afecten, y que sus opiniones se tengan en cuenta. El principio de no discriminación, según el cual todos los niños tienen los mismos derechos: en todo caso, en todo momento y sin excepciones. No importa el color de piel, la religión, la procedencia o las ideas de sus progenitores o de los adultos que tienen cura.
Estrategias inmobiliarias de expulsión
Las estrategias de expulsión y principal motivo de la mayoría de los desahucios son las subidas de los precios del alquiler, la no renovación de los contratos, los recursos judiciales y estratagemas legales de los especuladores para no cumplir las leyes que defienden a las personas, el mòbing inmobiliario (mobbing y extorsión de los inquilinos), cerrar el acceso a la vivienda a los perfiles racializados.
La etnografía recoge las dificultades de firmar un contrato de alquiler de familias racializadas que cuentan con la residencia o permiso de trabajo, pero que no tienen acceso a la vivienda por los prejuicios sobre su color de piel o su país de origen. También recoge el caso extremo del abuso sobre las familias indocumentadas, a veces con consecuencias dramáticas. Las familias migrantes con hijos menores a cargo tienen que tener un aval o avanzar dinero para cubrir hasta seis meses de alquiler. Las familias indocumentadas tienen como única opción acudir al mercado sumergido o caer en las estafas o deudas de las mafias para acceder a una vivienda. A menudo, las familias recién llegadas son engañadas por desconocimiento del contexto, de las leyes, de los precios de compra-venta y, en muchos casos, de la lengua.
Para hacer frente a estas estrategias de expulsión, las familias tienen que realizar varias estrategias de afrontamiento y resistencia. En cuanto a los precios del alquiler, las familias tienen que elegir entre asumir el nuevo precio o cambiar de casa, de barrio, e incluso de población. Se produce una reorganización importante de la economía del hogar: asumir privaciones materiales y/o renunciar al espacio familiar: pasando a vivir en un piso más pequeño, alquilando una habitación de la casa o pasando a vivir toda la familia en una habitación con otras familias en la misma situación.
La percepción de las familias es que el bienestar de sus niños depende de las estrategias de afrontamiento que desarrolle su familia, del apoyo comunitario formal e informal que sea capaz de conseguir y de la Administración Pública, por este orden. Ninguna de las familias desea un impacto negativo para sus hijos e hijas. A pesar de ser conscientes de los daños colaterales de muchas de las estrategias de afrontamiento, asumen el impacto por el bien de una finalidad superior, que es poderse quedar en su casa y en el barrio.
Entre las muchas estrategias que se activan, destacan: Negociar y pedir ayuda a servicios sociales y de vivienda municipales, vinculándose a redes vecinales de apoyo mutuo en defensa del derecho a la vivienda. Asumir el empeoramiento de las condiciones de vivienda y privarse de bienes de consumo y de recreo, endeudarse, subalquilar el espacio privado, compartir la casa con otras familias, ocupar… Aguantar hasta la pérdida de la vivienda, forzar la entrada en una pensión o marchar del barrio, con el consiguiente desarraigo.
Ante la imposibilidad de encontrar otras oportunidades residenciales muchas familias se han visto obligadas a elegir entre el cambio de ciudad o barrio de residencia, vivir en una pensión, vivir en una habitación, irse a vivir en la calle o la ocupación en precario de una vivienda.
Los testigos directos aseguran que la ocupación no es una opción deseable, sino que acaba siendo una opción inevitable. Ocupar una casa es la última de las opciones antes de irse a vivir a la calle o de vivir años en una pensión con hijos a cargo. Los familiares entrevistados prefieren pagar y tener más estabilidad para sus criaturas, en vez de ocupar una casa en la cual no saben cuánto tiempo podrán vivir. Las familias que ocupan, tarde o temprano, se ven confrontadas a un desahucio. Siempre se vive con la angustia de ser (o volver a ser) desahuciado una vez tras otra. En caso de desahucio, a menudo, hay que volver a empezar el proceso de ocupación – desahucio, a no ser que aparezca una opción más estable.
Las estancias de larga duración en pensiones subvencionadas por el Ayuntamiento muchas veces son una opción insostenible para la familia. Pero la alternativa de la ocupación les genera un sentimiento contradictorio: por un lado, la alegría de tener casa, de sentir que se puede crear un hogar con una vida cotidiana normalizada, donde las rutinas son muy bienvenidas por parte de los niños; por la otra, la preocupación de ser denunciado y perder la vivienda, y la angustia de volver a una situación de desprotección.
Las personas que salen de la pensión voluntariamente, muchas veces prefieren compartir piso con familiares o amistades, pierden su lugar en la lista de espera para la vivienda social.
Las ocupaciones van acompañadas de pobreza energética. Acceder a la luz y al agua de manera autogestionada tiene riesgos de sobrecarga de la red y peligro de incendio. A veces las propiedades impiden el acceso al contador de agua, cosa que dificulta mucho la habitabilidad e impacta directamente en la cura y en la higiene de los niños. Hay que recordar que hay protocolos regidos por la ley catalana contra la pobreza energética que obliga a poner contadores sociales, dejando claro que vivir en precario no es sinónimo de vivir en situación irregular con los suministros y se puede facilitar evitar esta situación y que se puedan pagar.
El desahucio es la expresión más dramática de la emergencia residencial. Es la punta del iceberg de toda la problemática de las familias en situación de exclusión residencial. Ante las violencias vinculadas a un proceso de desahucio, la coordinación entre los servicios y dispositivos que activa el Ayuntamiento de Barcelona (servicios sociales, escuela, ..) y los movimientos sociales de base, es muy importante para acompañar a los niños que están sufriendo un desahucio, puesto que la coordinación entre personas y servicios atenúa sus efectos devastadores.
Los niños que han vivido el/los desahucio/s de su familia desarrollan una gran desconfianza hacia las instituciones (servicios sociales, ámbito judicial…); sienten que les hacen daño y no protegen (“el mundo de los adultos me ataca”). También tienen miedo a la policía. Sienten que la policía no los protege, sino que les hace daño a ellos y a su familia. Existe una fuerte contradicción sobre este tema en las vivencias de los niños y adolescentes. En las películas te dicen que los policías son buenos y persiguen a los malos, mi hijo dice que no es verdad, que son ellos los malos y persiguen a los buenos”. Mi hijo mayor de ocho años dice: “Si viene a pegarnos, yo los pegaré más fuerte hasta que se vayan”. (Testigo de observación en el trabajo de campo, noviembre 2020).
La sensación de las capas más desfavorecidas es que es “la guerra contra los pobres”, no únicamente porque nos encontramos ante una lucha desigual, sino porque una de las estrategias de resistencia más efectiva es la organización popular. Las suspensiones pueden ser por la intervención de los servicios municipales o por la resistencia activa de las vecinas desde sindicatos y asambleas de vivienda. Estas intervenciones tienen como resultado que muchos hogares afectados por la especulación inmobiliaria puedan quedarse en sus casas durante algunos meses más, lo cual les da tiempo para poder construir una estrategia de alternativa habitacional.
Malvivir en una pensión
Cuando se ejecuta un desahucio, la familia queda en manos de la administración a la espera de la mesa de emergencia, mecanismo de acceso de un piso público en régimen de alquiler social, estricto en las condiciones para acceder y con una lista de espera colapsada, que puede llegar a alargarse dos años. Mientras tanto, la alternativa residencial que ofrecen los ayuntamientos son aposentos temporales en pensiones y albergues, que están muy lejos de ser una vivienda digna, sobre todo para los niños y jóvenes que ven menguadas sus necesidades, relacionales y de espacio, para desarrollar su crecimiento.
Las familias denuncian la no idoneidad de las pensiones de larga duración como espacio de crianza de sus hijos e hijas. No todas disponen de espacio de cocina. El espacio de recreo compartido con personas adultas, con quienes no se tiene relación, genera conflictos con las necesidades y dinámicas de los más pequeños. La convivencia compartiendo el lavabo con personas desconocidas genera conflictos alrededor de la limpieza y el tiempo de uso. Las necesidades de los niños se topan con las necesidades de las personas adultas.
El descanso se ve afectado por los ruidos de la noche. Esta carencia de descanso tiene un impacto muy intenso para las familias con hijos a cargo, incluso puede tener un impacto nocivo para la salud mental. Las madres sufren trastornos de salud mental como depresión, estrés y ansiedad. La medicalización con antidepresivos, ansiolíticos y somníferos es muy habitual, sobre todo entre las mujeres que están realojadas en pensiones. La afectación de la salud se extiende a sus hijos e hijas.
En la pensión se dispone de un espacio propio muy reducido. Cada persona dispone de una taquilla. Los juguetes y ropa de repuesto se guardan debajo de la cama. No se puede enganchar ningún cuadro, foto o dibujo en las paredes y no hay espacio de estudio para las edades escolares.
Catalunya Plural, 2024 
