El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el 30 de junio el Censo de Población y Viviendas de 2021. El censo aporta una interesante novedad metodológica, en lugar de hacerse mediante una encuesta, ha catalogado las viviendas según los datos del consumo eléctrico de cada uno. El censo diferencia los hogares, donde viven personas, de las viviendas, que pueden estar o no habitadas.
En el 2021, el total de hogares era de 18.553.289, de los cuales 18.539.223 eran hogares familiares, incluyendo 2.607 alojamientos como chabolas o caravanas, y 14.066 establecimientos colectivos, como por ejemplo residencias. Del 2011 al 2021 ha crecido tanto el número de hogares unipersonales como el de hogares con 5 o más personas. En cambio, los hogares con 2, 3 o 4 personas han disminuido en el mismo período. De los 5 millones de hogares unipersonales en 2021, en más de 2 millones residía una persona de 65 años o más, lo que supone un incremento del 22% en relación al 2011, siendo el 70,8% de estas personas una mujer. El número de hogares en propiedad descendió del 78,9% en el 2011 al 75,5% en el 2021. El envejecimiento de la población explica en parte el incremento de hogares unipersonales, y la precarización del trabajo y el empobrecimiento de parte de la población explicaría el incremento de hogares con 5 o más personas, principalmente por las dificultades para pagar el alquiler. Durante el mismo período 2011-2021, el porcentaje de viviendas de alquiler aumentó en la mayoría de capitales de provincia españolas, ocupando las cuatro capitales catalanas lugares destacados. Barcelona (31,1%) y Girona (30,9%) son las dos capitales de provincia con mayor porcentaje de viviendas de alquiler en relación al total de viviendas. Tarragona (24%) y Lleida (23,2%) ocupan la 6a y 8a posición respectivamente.
En Cataluña 1 de cada 3 niños (462.000 niños) está en situación de pobreza, en parte por el coste del alquiler de la vivienda, pues las familias deben destinar un porcentaje demasiado elevado de los ingresos, que llega en la actualidad al 58%. Según el informe de FOESSA de 2021, más de un millón de personas viven en exclusión residencial en la diócesis de Barcelona. 725.000 personas pagan un importe excesivo en vivienda, lo que las sitúa en la pobreza una vez han hecho frente a los gastos de vivienda y suministros. La existencia de vivienda de alquiler social, a precio asequible, implicaría que una parte de lo que se dedica ahora al alquiler pudiera dedicarse a otros fines y reduciría la pobreza. La vivienda social en Cataluña y España representa un 1,5% del total, muy lejos de la media europea del 15%. Esto significa que en este país no se han hecho políticas sociales de vivienda y que, además, cuando hay iniciativas para mejorar la situación, los partidos de derechas votan en contra. Pese a las carencias que pueda tener la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada por el parlamento español este 2023 (ver las implicaciones aquí), PP, VOX, Junts, PDCAT, PNV y también la CUP votaron en contra. Unos argumentan que el mercado regulará (hecho que nunca ha pasado y nos ha llevado a la situación actual) y otros que se invaden competencias de las CCAA o que no es suficientemente ambicioso. Cabe decir que son las CCAA y los ayuntamientos con competencias de vivienda quienes tendrán que definir las “zonas de mercado tensionado” y, por tanto, tendrán que mojarse para limitar las rentas de alquiler.
El censo del INE también muestra que, en el 2021, el número total de viviendas era de 26.623.708, de las cuales 3.837.328 eran viviendas vacías (consumo eléctrico inferior al umbral mínimo, considerado como el consumo de 15 días al año por una vivienda media del mismo municipio), 943.924 tenían un consumo eléctrico muy bajo y 2.514.511 tenían un consumo esporádico, lo que se corresponde a segundas residencias. El resto de viviendas se catalogan en función de rangos de consumo eléctrico. Las viviendas vacías representan el 14,4% del total de viviendas, pero muchas se localizan en municipios pequeños. En municipios de 10-50 mil habitantes, las viviendas vacías representan un 13,9 del total de viviendas; en los de 50 a 250 mil habitantes el porcentaje baja al 10,2% del total de viviendas, y en municipios de más de 250 mil habitantes se reduce a 7,5% de media. De las 30 ciudades del estado con más de 200 mil habitantes hay 5 catalanas ocupando -según el porcentaje de viviendas vacías- los puestos 7º (Terrassa, 9,5%), 8º (Barcelona, 9,3% ), 12º (Badalona, 8,4%), 16º (L’Hospitalet de Llobregat, 7,4%) y 22º (Sabadell, 6,1%). Estos porcentajes no dejan de ser sangrientos en una sociedad, la catalana, que ha seguido siendo líder en desahucios en el primer trimestre del 2023, con más de un 26% del total de desahucios estatales.
Los datos muestran que se han perdido demasiados años protegiendo a los grandes tenedores y fomentando el interés inversionista en la vivienda en lugar del interés social, que es el único que permite cohesionar a la sociedad y reducir la pobreza y la desigualdad. Es necesario revertirlo.
En este artículo no se ha utilizado la inteligencia artificial.
Catalunya Plural, 2024 
