Los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea aprobaron el pasado viernes el Reglamento de Crisis, el quinto y último de los instrumentos legislativos que conforman el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. El documento recoge una serie de medidas y políticas que trazan la hoja de ruta para el establecimiento de un Sistema Común de Asilo (SECA).
Expertos y organizaciones de la sociedad civil alertan de las graves consecuencias de las medidas definidas en este texto para los derechos humanos y exigen una gestión comunitaria migratoria con más garantías legales y respeto del derecho a la protección internacional. “Este acuerdo permitirá a los estados miembros una variedad de excepciones para no cumplir con su obligación de protección y seguridad de las personas que llegan a Europa solicitando protección” declaran miembros de Oxfam.
El punto de encuentro, la Europa Fortaleza
El acuerdo no ha sido aprobado por unanimidad sino por mayoría. Sin embargo, no se ha podido llevar a una Declaración final conjunta por la oposición de Hungría y Polonia.
El nuevo Pacto se basa en tres fundamentos: la externalización fronteriza, el aumento del bloqueo en las fronteras de la UE y la solidaridad entre los estados miembros. Ni el primero ni el segundo punto han sido motivo de disputa entre los estados miembros, pues se alinean con la política de sellar las fronteras, contener las llegadas irregulares y hacer que países vecinos, pero no europeos, controlen la frontera de entrada a la ‘Europa Fortaleza’.
Ha sido la conocida como “solidaridad flexible” la causante del rechazo de Hungría y Polonia -y las reticencias de otros países como Austria u Holanda- frontalmente opuestos a cualquier esquema que obligue a todos los Estados a asumir una parte de los demandantes de asilo. El pacto, por tanto, “sigue adelante pese a la oposición de estos países, lo cual permite abrir negociaciones con el Parlamento y la Comisión en lo que se conoce como “triálogos”. Queda por delante una ardua negociación hasta la adopción de un texto único que cuente con el apoyo de todas las partes” aclara David Moya, director del Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona.
Medidas de externalización: delegar la gestión fronteriza a los países vecinos, pero no europeos
Uno de los puntos clave de este acuerdo migratorio ha sido reducir las llegadas a territorio europeo con modelos como el controvertido acuerdo alcanzado recientemente en Túnez, que recibe dinero de la Unión a cambio de gestionar los flujos migratorios. Se trata de pactos en los que, a cambio de dinero que la UE otorga a países de tránsito, se quiere mantener la migración controlada, mediante inversiones y proyectos de contención de flujos.
La Comisión Europea sondea pactos similares con países como Egipto, Marruecos o Nigeria, lo que conlleva delegar la custodia de los derechos de las personas migrantes a gobiernos corruptos o incluso autoritarios, así como imponer más trabas en los cruces fronterizos en vez de apostar por la creación de vías legales y seguras desde el origen. Pese a estas medidas ya aplicadas desde hace años, las entradas a la UE no dejan de aumentar, lo cual demuestra que frenar los flujos es un imposible, y que estas medidas sólo deterioran las condiciones humanas de aquellos que los transitan, haciendo que arriesguen sus vidas en rutas cada vez más peligrosas.
Según Verónica Laorden, responsable Estatal del Servicio de Investigación y Estudios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), “el enfoque de externalización y refuerzo de las fronteras exteriores de la UE contribuye a crear un sistema migratorio basado en la disuasión, el control y la devolución de las personas migrantes y refugiadas”. Actualmente, según Eurostat, la Unión Europea emite alrededor de 400.000 órdenes de retorno al año.
Una frontera sellada: aumentan los tiempos de detención, pero se acelera el procesamiento de solicitudes
Otro elemento clave de las propuestas aprobadas en el último Reglamento de crisis es la aceleración de la gestión migratoria en puntos fronterizos, pero, a su vez, un aumento en los tiempos de detención. En particular, los estados tendrán la facultad de extender la detención de personas por un período adicional de ocho semanas (actualmente son 18 semanas). Según Blanca Garcés, investigadora sénior del área de Migraciones y coordinadora de investigación de CIDOB, “este acuerdo pone en riesgo el respeto a los derechos fundamentales, debido al aumento en los periodos de detención, así como rebaja las garantías legales y la posibilidad de una evaluación bien fundamentada al proponer una serie de procedimientos rápidos en frontera. Esto genera que las fronteras se conviertan en espacios de excepción en los que se vulneran los derechos de las personas.”
Con tal de acelerar la fluidez en dichos procedimientos de asilo, se llevarán a cabo una serie de medidas cuanto menos problemáticas. Se aceptarán únicamente aquellos solicitantes que no hayan pasado antes por estados miembros de la UE. Además, no se aceptarán a personas provenientes de países con una tasa de reconocimiento de asilo inferior a un 20%, lo cual significa implantar conceptos como “tercer país seguro” o “país de origen seguro” que niegan el derecho a procedimientos de asilo basados en circunstancias personales, así como ponen en riesgo el principio de no devolución. Se prevé también negar la solicitud de aquellos que lleguen con documentación falsa. Para muchas personas son comunes situaciones como el tener que abandonar los documentos de identificación para proteger su identidad en situaciones de persecución o la no posesión de documentación de origen.
Como medida adicional, la UE plantea la implementación de sistemas de control y reconocimiento biométrico, a pesar de las evidencias de sesgos que pueden interferir en el derecho a solicitar asilo.
Solidaridad obligatoria, pero flexible
El nuevo acuerdo supone un hito a la hora de definir una situación de crisis, obligando a identificar elementos para considerar lo que sería una llegada masiva de inmigrantes. Verónica Laorden indica que esto, llevado a la práctica significa “la creación de regímenes paralelos de asilo para situaciones de “crisis”.” En dichas situaciones se esclarece el punto estrella del acuerdo, que tiene que ver con el mecanismo de solidaridad dirigido a los Estados miembros a la hora de contribuir en la gestión fronteriza comunitaria para apoyar a los países que enfrentan mayor presión migratoria (sobre todo los países del sur de Europa). Sin embargo, el nuevo sistema de “solidaridad” se concretaría no solamente en políticas de reubicación sino también en contribuciones financieras e incluso en el apoyo a proyectos de control fronterizo.
La solidaridad, pues, se esclarece como obligatoria, pero también como flexible, pues cada estado miembro puede decidir cómo aplicarla. Por ejemplo, los países podrán acoger al menos a 30.000 personas al año en total, pero no estarán obligados a ello. Aquellos países que prefieran no reubicar a nadie, deberán contribuir con 20.000 euros al año por solicitante de asilo, con el envío de material y/o equipación o bien financiando el retorno o la externalización fronteriza. Esta flexibilidad somete a las personas migrantes y solicitantes de asilo a ser mercancía disponible o moneda de cambio en las propias negociaciones sobre el aumento de las dificultades para llegar a Europa.
Es necesario avanzar hacia un reparto verdaderamente equitativo de las responsabilidades en materia de asilo entre todos los Estados Miembros, mediante un mecanismo de solidaridad con cuotas obligatorias de reubicación y superando el criterio del país de primera entrada -establecidos por el presente Convenio de Dublín-, afirman los expertos.
Un discurso de crisis que entorpece la creación de vías legales y seguras
El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo es un esfuerzo por mejorar la coordinación en la gestión migratoria entre los estados miembros, pero no supone un paso adelante en cuanto a la garantía y protección de los derechos humanos fundamentales de las personas migrantes.
Existen ejemplos de vías legales y seguras que han sido presenciadas en la gestión de los flujos de personas desplazadas por el conflicto en Ucrania. “Aunque siguen siendo pocos los ejemplos”, resalta Moya, existen “visados para la incorporación al mercado laboral, corredores humanitarios, visados humanitarios y sobre todo programas de reasentamiento, hasta ahora mediados generalmente por el ACNUR.” Reforzar estas vías desde la asunción de que los flujos migratorios son imparables es la única forma en la que trabajar para garantizar los derechos de estas personas, así como para evitar una Europa cada vez más polarizada con sociedades cada vez más excluidas entre sí.
No encontramos, además, frente a una crisis de discurso: “La mayoría de las personas que llegan a Europa lo hacen a través de aeropuertos, pero el foco siempre está en la frontera exterior. Si bien es cierto que las llegadas irregulares han ido en aumento en los últimos años hablamos de números relativos en comparación con una Unión Europea de 500 millones de habitantes” resalta la investigadora Blanca Garcés. El discurso europeo que se ha perpetuado a lo largo de los años se ha basado en el miedo al extranjero, al distinto, al otro y prueba de ello es el aumento de numerosos gobiernos de ultraderecha con elementos comunes en cuanto a su rechazo a la migración. Según Garcés, con este pacto se pone de manifiesto una “sobre reacción de la Unión Europea que responde a una serie de miedos y temores sobre los que se ha construido la frontera exterior” como si esta fuera un muro que protegerá a Europa de una crisis o una potencial “amenaza”.
Catalunya Plural, 2024 
