Tengo la sensación de que el presidente Aragonès se ha metido en un buen lío con su encargo a un grupo de académicos de un informe sobre las fórmulas para realizar un referéndum en el marco de su propuesta de un Acuerdo de Claridad. La dificultad de buscar el consenso dentro de un consejo académico plural puede estar en la base del retraso sobre el calendario previsto para elaborar el informe que, por otra parte, no dice nada que no se supiera.
Es evidente, incluso para quiénes quisiéramos que Cataluña pudiera algún día ejercer su derecho a la autodeterminación, que esta posibilidad no encaja dentro de la Constitución vigente. Lo que no significa que no pueda preguntarse a la ciudadanía de Cataluña sobre su futuro más allá de la celebración de elecciones periódicas.
De las cinco modalidades de referéndum propuestas en el informe, tres implican que la votación se haga también a nivel de todo el Estado español. Se trata de una posibilidad sugerida hace ya tiempo por dirigentes del PSOE y de Izquierda Unida y también por juristas nada sospechosos de españolismo, pero parece poco probable que el Gobierno de la Generalitat y los partidos independentistas puedan aceptarla. Quedan, pues, dos: un referéndum consultivo de inicio y un referéndum de ratificación.
El referéndum de inicio
En cuanto al llamado “referéndum de inicio en el territorio subestatal”, el prestigioso jurista Francisco Rubio Llorente, que fue magistrado del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, propuso en 2012 que, ante el deseo de independencia de una parte del pueblo catalán, era necesario “verificar la solidez y el contenido de estas aspiraciones y para eso no hay otro camino que el referéndum”. Otros juristas como el actual presidente del Consejo de Garantías Estatutarias, Joan Vintró, o el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, también veían factible esta salida. Pero siempre teniendo claro que se trataría de un referéndum consultivo que no tendría efectos jurídicos inmediatos. El objetivo sería conocer la voluntad del pueblo catalán de forma previa a la posibilidad de emprender reformas legales de fondo. También el Pacto Nacional por el Referéndum incluía en su Manifiesto de 2017, justo antes de que CiU, ERC y CUP decidieran enterrarlo, la necesidad de negociar con el Gobierno del Estado la celebración de un referéndum pactado y reconocido por la comunidad internacional y que fuera políticamente vinculante y efectivo, obviando cualquier referencia a la efectividad jurídica. Se trataría, pues, tal y como dice el Informe de los académicos, de preguntar a la ciudadanía de Cataluña “sobre la conveniencia de que el Parlamento de Cataluña iniciara un proceso de reforma constitucional que podría contemplar la independencia y/o una nueva acomodación en el sí del Estado”. Si el resultado fuera favorable a la independencia, habría que negociar con el Estado los complicados cambios legales que pudieran conducir a un auténtico referéndum de autodeterminación: por eso los expertos lo califican de “inicio”. El presidente Aragonès ha hecho una cierta trampa cuando, en su rueda de prensa, ha afirmado que el informe que había encargado confirma que “es posible, viable y legal” celebrar un referéndum sobre la independencia en Cataluña: sí, pero solo de forma inicial y consultiva. Aragonès ha obviado cuál sería “el camino que debería llevar a la implementación del resultado”, es decir, la reforma de la Constitución. No es lo mismo un referéndum sobre la independencia que un referéndum de independencia: la diferencia es sutil pero suficiente para que nadie intente dar gato por liebre.
El referéndum de ratificación
La segunda opción de referéndum exclusivamente celebrado en Cataluña es lo que llaman “de ratificación en el territorio subestatal”. Consistiría en “consultar a la ciudadanía de Cataluña sobre un acuerdo político previamente alcanzado sobre la independencia o una nueva acomodación en el seno del Estado y que, por ejemplo, se podría hacer en el marco de una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña”. Es la propuesta que formuló Yolanda Díaz, líder de Sumar, y que mereció duras descalificaciones por parte de un sector del independentismo: la posibilidad de someter a votación el acuerdo al que se llegue en las negociaciones entre el Estado y la Generalitat. Díaz explicaba que la motivación de esta opción se basaba en que Cataluña está en la actualidad regida por un Estatuto diferente al que votó la ciudadanía, ya que fue modificado por el Tribunal Constitucional en 2010. Tal y como apuntan los académicos, la votación podría realizarse en el marco de una reforma del Estatut para recuperar las partes recortadas o, también, para lograr un mayor incremento del autogobierno. Aunque cabe añadir que quizás sería más práctico el método de pactar varias Leyes Orgánicas, empezando por una de Reconocimiento Nacional de Cataluña, continuando por otras que según la sentencia del Tribunal Constitucional eran imprescindibles para poder dar validez al Estatut de 2006. El acuerdo que contemplara todos estos puntos debería someterse a la consideración del pueblo catalán. Así pues, de forma no prevista, los académicos nombrados por la Generalitat avalan una de las propuestas estrella de Yolanda Díaz, la que parece que, no sin enormes dificultades, podría convertirse en la más viable, si los socialistas se atreven a abandonar la cantinela que los referéndums sólo sirven para dividir.
El Informe sobre el Acuerdo de Claridad no aporta grandes novedades pero tiene una virtud: sitúa con toda su crudeza las posibilidades legales limitadas de celebración de un referéndum. Poco podía imaginar el presidente Aragonès que cuando se hiciera público el informe se estaría negociando una medida tan radicalmente importante como la amnistía. Y que ERC, para no regalar a nadie el éxito de una negociación de investidura que no controla, ya consideraría la amnistía “vendida”, antes de haberla “cazado”, y estaría planteando un referéndum de autodeterminación por no parecer menos que Junts. Desde este punto de vista, el informe complica el discurso de ERC, pero ayuda a poner las cosas en su sitio. Aunque sea regresando a la casilla de salida de antes del 27 de octubre de 2017.
Catalunya Plural, 2024 
