Recientemente, el Observatorio EU TAX publicó el Global Tax Evasion Report 2024. Este centro de investigación, formado por investigadores reconocidos internacionalmente, ha calculado durante años el volumen de evasión fiscal de multinacionales y grandes fortunas, proponiendo soluciones a nivel global, regional y nacional para abordar este desafío social. En el informe se muestra de forma clara cómo la ciudadanía del estado español sufre las consecuencias de las guaridas fiscales y de países que optan por reducir sus tasas impositivas para atraer capitales de empresas y particulares. Estas prácticas resultan en una pérdida neta de ingresos públicos y aumentan la desigualdad, favoreciendo a grandes empresas y fortunas en detrimento de las PYMES y del ciudadano común. Si miramos los impuestos a las personas, en 2022 los residentes españoles poseían en el extranjero unos 150 mil millones de euros, aproximadamente un 10% del PIB, que no tributaron adecuadamente. La evasión fiscal es un problema doméstico creciente, donde los multimillonarios ven cómo a nivel global solo se les aplica un impuesto efectivo equivalente a su riqueza de entre 0% a 0,5%. Aquí, Europa y Suiza albergan cerca del 40% de toda la elusión y evasión fiscal de las grandes fortunas.
El informe presenta propuestas interesantes que los países podrían aplicar de forma unilateral sin caer en la doble imposición. Primero, aboga por la creación de un impuesto mínimo igual al 2% a la riqueza de las grandes fortunas. El impuesto permitiría recaudar 250 mil millones de menos de 3.000 individuos (con 499 personas en Europa se recaudarían 43 mil millones de euros. Este sería un impuesto pequeño para ellos, que han aumentado en un 7% anual de media su riqueza desde 1995 (descontando la inflación). Ahora bien, una de las mayores amenazas a una mayor imposición fiscal de la riqueza es que la persona propietaria decida cambiar de residencia a un país de bajos impuestos.
Por ello, es necesario penalizar y recaudar más impuestos de los individuos que después de haber residido en un país durante un tiempo cambien de domicilio fiscal a un país de baja tributación fiscal. La riqueza, como explica el informe, es fruto y producto de un constructo social y sus estructuras, y no es legítimo irse de un país donde uno/a se ha hecho rico sin retornar a la sociedad lo correspondiente. No obstante, nuestros sistemas fiscales pecan de una falta de control fiscal ante el cambio de residencia de una gran fortuna. En Europa, cuando una persona cambia de residencia, se le dejan de aplicar los impuestos a la riqueza, que se asume pagarán en el país de destino. El caso de Estados Unidos es totalmente contrario, donde tener la nacionalidad estadounidense supone seguir pagando impuestos en ese país hasta que no se renuncie a la nacionalidad.
EL objetivo ha de ser lograr un caso intermedio. A partir de este mínimo del 2%, cada país puede aplicarlo sin necesidad de coordinación internacional. Sin importar la nacionalidad de la persona, el Estado deberá cobrar este impuesto a toda persona que haya residido en España por un largo periodo de tiempo (por ejemplo, entre cinco y diez años). En caso de que esta persona decida desplazarse a otro país, el Estado deberá seguir cobrando este impuesto por un tiempo proporcional al tiempo de residencia en el Estado de origen. Para evitar la doble imposición del impuesto, el Estado descontará lo que la persona haya pagado en impuesto a la riqueza en el país de destino. Así, si una persona se mueve a un país donde hay la misma tributación o una superior, el Estado de origen no cobraría ningún tributo.
Pongamos ejemplos. Enrique ha vivido 10 años en España y tiene un patrimonio y riqueza de más de 100 millones de euros. Decide cambiar su residencia de España a otro país que en lugar de un 2% aplica un 0,1% de impuestos sobre su riqueza. España podrá comprobar que con el cambio de residencia está dejando de pagar un 1,9% de impuestos sobre su riqueza, y por tanto activar el correspondiente impuesto durante un periodo determinado (por ejemplo durante 0,5 años por cada año vivido en España, que resultarían en un periodo de cinco años pagando este impuesto). Ahora imagínese que el país de destino decide subir la tributación a un 2%. En tal caso, España dejaría de cobrar el impuesto. En ambos casos, Enrique pagará siempre un 2% sobre su riqueza. En otro ejemplo, imagínese que Raquel ha residido en España durante dos años por estudios y deja el país terminado este periodo. En este caso España no cobraría ningún impuesto.
Así, este impuesto a la riqueza mínimo no incentiva la movilidad geográfica por razones tributarias, al menos en el corto y medio plazo. Ahora bien, para poder ejecutarlo, es necesario que los Estados tengan información fidedigna del total de activos y riqueza que tienen las personas a nivel global. Se han hecho grandes avances en el caso de las multinacionales, donde gracias a los acuerdos internacionales hoy en día los Estados tienen a su disposición el Sistema de Información Cruzada bajo el paraguas de la OECD que obliga de forma automática a las multinacionales a disponer de su información fiscal y de balances a disposición internacional (esto facilita la imposición de un impuesto mínimo de sociedades a nivel global). De la misma forma, para facilitar el impuesto mínimo a la riqueza, el informe recomienda avanzar a un Registro Global de Activos, también transparente, automático y obligatorio, al que pueda acceder cualquier Estado. Con ello, sería muy sencillo para los Estados conocer el tipo efectivo sobre la riqueza que paga una persona y aplicar un impuesto mínimo en caso de que éste sea inferior al nacional.
Esta es solo una de las propuestas interesantes que se pueden encontrar en el informe mencionado al principio, y que recomiendo leer para motivar una discusión profunda sobre las herramientas disponibles para atajar la evasión fiscal y fortalecer nuestros Estados de Bienestar. Hay soluciones a nivel estatal para reducir y recuperar la pérdida de riqueza e ingresos por las malas prácticas fiscales, y que pueden contribuir a alcanzar acuerdos internacionales ambiciosos. En lugar de una carrera a una imposición baja, como la que practican ciertos Estados en la misma UE, podemos crear una coalición de países que motiven una carrera hacia un sistema fiscal justo a nivel estatal y global.
Catalunya Plural, 2024 
