El 18 de noviembre empezó en Barcelona la Asamblea Ciudadana por el Clima (ACC) de Catalunya, organizada por la Generalitat, con parlamentos del conseller Mascort, el presidente Aragonès y el hombre del tiempo Francesc Mauri. 100 ciudadanos escogidos aleatoriamente y de forma proporcional a los segmentos de población (género, edad, territorio, nivel de estudios) se reúnen durante cuatro meses para informarse, valorar, debatir y decidir qué medidas serían las adecuadas para combatir el cambio climático, en concreto sobre dos ámbitos que regula la Generalitat: la alimentación y las energías renovables. Las propuestas se elaborarán durante seis sesiones (tres de formación y tres deliberativas) en diferentes localidades catalanas, y el Govern se ha comprometido a dar respuesta a las recomendaciones que apruebe la Asamblea.
Las asambleas ciudadanas o “democracias por sorteo” son una iniciativa que remite a la Grecia clásica, donde los representantes ciudadanos eran elegidos al azar, y están surgiendo en los últimos años como una alternativa al sistema político representativo actual, que se ha demostrado ineficaz por sí solo para resolver determinadas cuestiones que afectan a la ciudadanía y necesita un mandato popular concreto que la oriente en sus decisiones. Las asambleas se consideran plenamente representativas porque están presentes todos los sectores de la sociedad, a diferencia de los gobiernos, en los que solo existe la facción que ha ganado las elecciones. Se ha comprobado que, cuando el debate está libre de etiquetas y de intereses políticos, económicos o corporativos, entonces las opiniones fluyen libremente, las propuestas tienen un alto grado de participación y el consenso es mucho más fácil de alcanzar.
Una asamblea ciudadana, pues, se hace necesaria cuando es necesario superar una situación que afecta a toda la sociedad y es objeto de presiones que hacen difícil la adopción de decisiones. Un precedente interesante en este punto es el caso de Irlanda, donde el debate sobre la ley del aborto no podía resolverse claramente en el Parlamento y se recurrió a la deliberación ciudadana. En relación con la crisis climática, la iniciativa de la ACC tiene antecedentes en la Asamblea Ciudadana por el Clima de España (2021-22) y la Asamblea Ciudadana por el Clima de Barcelona (2022-23), que elaboraron en total más de 200 recomendaciones para sus respectivos gobiernos.
La ACC España presentó al presidente Pedro Sánchez, en junio de 2022, 172 propuestas dirigidas al gobierno español, y la ACC Barcelona, por su cuenta, elaboró 34 propuestas centradas en tres ámbitos (energía, movilidad y consumo y residuos).
Se suele criticar que los asambleístas no son expertos ambientalistas ni biólogos, y suele responderse que acabamos de tener un ministro de Cultura sin titulación universitaria. Lo cierto es que, como ciudadanos, los asambleístas están directamente afectados por la actual crisis climática en todos los aspectos de su vida cotidiana: la contaminación, el transporte, la vivienda, la energía, la sanidad, la alimentación o el entorno natural son elementos cambiantes que todo el mundo debe afrontar cada día como «víctima» y que, por tanto, conoce sobradamente. Un conjunto de expertos en física, climatología, derecho ambiental y otras disciplinas asesora y orienta a la asamblea desde una perspectiva científica.
El empoderamiento de la población en instrumentos de democracia deliberativa significa un salto cualitativo en la gestión política de los asuntos públicos, aunque las propuestas de una asamblea ciudadana no sean vinculantes para el gobierno. La democracia no termina en la Constitución ni en el sistema burgués de elecciones cada cuatro años. Hay otras formas de gobernarnos, y ahora parece haber llegado el momento adecuado para ponerlas en práctica. Renovarse o morir, que dice la voz popular.
Catalunya Plural, 2024 
