Lo que ahora son pinares, antes era una selva. Al margen de la carretera que atraviesa Misiones se encuentra un cartel de Arauco, una empresa forestal multinacional que extrae madera y planta árboles más jóvenes de rápido crecimiento. Sus acciones han transformado por completo el paisaje. Y con él, el estilo de vida de las comunidades indígenas de la provincia de Misiones, que también se conoce como la de la tierra colorada, uno de los suelos más fértiles del mundo. Es uno de los lugares donde se conserva con mayor densidad la selva tropical de mata atlántica.
La comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado 2, en el municipio de Garuhapé (Misiones, Argentina), lleva años luchando por la preservación de su entorno natural, base de su subsistencia y del estilo de vida como pueblo originario. Santiago Ramos, líder de la comunidad, recibe a elCugatenc y Catalunya Plural en la escuela rural que el ministerio de educación de Argentina —antes de la victoria de Milei— mantiene en el poblado. Allí, bajo la atenta mirada de un cartel con la bandera Wiphala y el nombre Abya Yala, símbolos de los pueblos indígenas de América Latina, explica que su lucha no está aislada y se coordina con la de otras comunidades y pueblos a través de redes de apoyo con otras comunidades que se reúnen periódicamente y que cuentan con el apoyo del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA).
“De vez en cuando viene un trabajador de Arauco y nos hace fotos: quieren mostrar las imágenes para vender los pinos a otros países, y por eso deben tener un buen vínculo con los pueblos indígenas”, explica Ramos, “pero lo están falsificando: esto no es así”. Existe un principio internacional que obliga a que cualquier actuación que afecte a miembros de un pueblo originario vaya precedida de una consulta previa, libre e informada.
Es un principio que queda recogido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, y se concreta en el convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo. El líder de Puente Quemado 2 denuncia que nunca se les ha consultado: “Ellos piensan que la tierra es suya, pero no es así. Las comunidades indígenas son preexistentes y las empresas, en Argentina, son nuevas”. El conflicto entre la comunidad de Ramos y Arauco, que está en procesos judiciales, dura desde hace casi dos décadas.
Las consecuencias del monocultivo de pinos que sustituye al bosque nativo son múltiples y graves: “Cuando se plantan pinos dejan un herbicidio que dura 10 años en la tierra. Esto nos afecta a nosotros, porque no podemos cultivar ninguna otra planta. Además, lo hacen cerca del nacimiento del agua, y nos hace consumir agua contaminada: provoca enfermedades a niños y adultos”. Estas agresiones ambientales afectan directamente la forma de vivir de los pueblos originarios: “Los indígenas necesitamos cuidar el aire libre, limpio, pero ahora ya no es así”. También limita la agricultura y la ganadería de subsistencia que siempre habían trabajado: “Plantamos maíz, yuca, mandioca, patatas, herbero, recogemos miel, tenemos gallinas… Vivimos con lo poco que tenemos, porque ahora ya no tenemos ganado”.
Puente Quemado 2 tiene reconocidas 657 hectáreas por derecho de preexistencia. Es una ley que emana del derecho internacional y que también quedaba traspuesta en la modificación de 1994 de la Constitución Argentina, donde el artículo 17 reconocía la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Sin embargo, de las 657 hectáreas que les corresponden, 331 las ocupa Arauco.
Aunque depende del municipio de Garuhapé, el núcleo poblacional más cercano a Puente Quemado 2 es San Miguel, una pedanía también conocida como Garuhapé-Mi. Sus habitantes, blancos o racializados, ven a los pueblos originarios como una alteridad. Algunos de sus vecinos acusan a la comunidad Mbya Guaraní de haber provocado el incendio que asedió el municipio hace dos años y medio. Algunos incluso explican que fueron los miembros de la comunidad que, echando humo para asustar a las abejas y conseguir miel, acabaron provocando el fuego, que no llegó a la comunidad de milagro, porque el aislamiento hace que los bomberos tardaran mucho en llegar. Además, las especies no autóctonas plantadas por Arauco hicieron que el fuego se propagara con mucha facilidad.
Ramos se indigna al oír esta versión: “La gente habla y culpa siempre a las comunidades. Y la gente de fuera se lo cree. Pero el incendio empezó desde arriba y llegó aquí”. No saben con exactitud cómo se provocó. La falta de apoyo contrasta con la alianza que han encontrado con los activistas que no son indígenas pero que parten de una preocupación ecologista de Rebelión o Extinción (XR) Argentina.
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“Tenemos buena relación con ellos porque están a favor de mantener vivos la naturaleza y los paisajes”, explica Ramos, “ellos [XR] quieren mantenerlo, y protestan a los gobiernos provinciales y nacional: nos apoyamos mutuamente”. El jefe de la comunidad defiende que quieren recuperar su territorio para preservar “lo que da la vida, no sólo para los pueblos indígenas, sino para todos los seres humanos que estamos en la tierra”. Explican también que existe un aumento de la temperatura que les afecta directamente, y que está relacionado con el cambio climático. Denuncian la falta de apoyo especialmente por parte de los gobiernos provinciales y municipales: la ley nacional no tiene una transposición local, lo que les dificulta la defensa jurídica. Sin embargo, incluso esta mínima legislación está cambiando con el nuevo contexto político a nivel nacional.
La entrada de Milei en el gobierno
La visita y la entrevista a la comunidad se realizaron antes de la victoria del neoliberal de extrema derecha Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina. El contexto actual es de regresión de derechos sociales de todo tipo, también para los pueblos originarios. Se concreta, sobre todo, con la ley ‘ómnibus’ (que hace referencia a un proyecto legislativo que contiene muchas reformas pero que se debaten y aprueban a la vez), llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, de 351 páginas.
Por ejemplo, el artículo 498 facilita la quema de bosques para su “aprovechamiento productivo”, ya que establece la obligatoriedad de pedir permiso, pero al cabo de 30 días sin respuesta de la autoridad, quien solicita queda autorizado “tácitamente” a empezar una quema. Otro artículo, el 500, modifica un párrafo de la ley previa (la 26.331) para eliminar específicamente el supuesto “en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes”; en relación con la protección de bosques nativos.
Por tanto, si la situación previa de miembros de pueblos originarios como la comunidad de Puente Quemado 2 ya era en general de desprotección por inacción del gobierno en aspectos clave, ahora se vuelve más crítica, ya que se eliminan totalmente los supuestos de protección, tanto del medio ambiente como de sus derechos como indígenas en sus territorios.
Puente Quemado 2 se encuentra a 15 kilómetros escasos en línea recta de la carretera principal que cruza Misiones y llega al extremo norte de la provincia y el país. Es una ruta que recorren en autobús muchos turistas para llegar a las cataratas de Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo, que se encuentran entre Argentina y Brasil, y muy cerca de la frontera con Paraguay. Una joya natural en medio de la selva absolutamente masificada en temporada alta y que se visita desde un modelo de turismo que se asemeja más al de un parque de atracciones que al conocimiento del entorno. Natural ni mucho menos social.
elCugatenc y Catalunya Plural ha intentado contactar con Arauco para este artículo, pero no han recibido respuesta. Paralelamente, Ramos aprovecha la entrevista para pedir el apoyo de la cooperación internacional para conseguir mejoras, como en los tejados de la comunidad.
Catalunya Plural, 2024 
