Desgraciadamente todavía existen demasiados casos de empresas que hacen negocio de la explotación laboral, la contaminación y el despojo de comunidades y territorios de todo el mundo, algunos de ellos con consecuencias catastróficas. Consciente de que en un mundo de economía globalizada tomarnos en serio los derechos humanos y de la naturaleza pasa por establecer controles a la actuación de las empresas con actividades transnacionales, el Grup català d’Empresa i Drets Humans lleva 10 años trabajando en la propuesta de un organismo pionero, un referente internacional en la defensa de los derechos humanos frente a los abusos que puedan cometer las empresas.
En 2020 la iniciativa fue admitida por primera vez para ser discutida en sede parlamentaria, para iniciarse posteriormente su tramitación en una segunda ocasión. Durante este tiempo, más de 8.000 organizaciones han impulsado una propuesta que, de no haber sido por la inesperada convocatoria de elecciones y consecuente disolución del Parlamento, nos hubiera llevado en breve, pues los consensos existían, a su aprobación por el Pleno del Parlamento. Por todo ello, toca ahora recordar su primordial importancia e insistir en cuáles deben ser las condiciones necesarias que deben asegurar que el Centro se convierta realmente en una realidad de vanguardia por lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos.
En estos momentos, a nivel mundial y también europeo, son escasos –y en todo caso sectoriales y de alcance limitado– los marcos normativos vinculantes que velan realmente para que las empresas respeten los derechos humanos más allá de sus fronteras. En cuanto a la Unión Europea, recientemente aprobaba una diluida Directiva de Diligencia Debida que reduce en gran medida tanto el número de empresas como la tipología de actividades sujetas a su ámbito de aplicación y que, por tanto, no responde a los mínimos aceptables para convertirse en una norma de referencia en la materia. Por su parte, el proceso de discusión iniciado en las Naciones Unidas que debería llevar a la aprobación de un instrumento internacional vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos en todo el planeta, a pesar de seguir vivo, se encuentra sujeto a profundos obstáculos fruto de la debilidad o la complicidad de determinados Estados ante el poder de las empresas transnacionales.
En este contexto, el grueso de las regulaciones existentes forman parte de lo que se denomina “derecho blando” (soft law), es decir, un conjunto de principios, marcos de auto-regulación, códigos de buena conducta o aspiraciones programáticas no vinculantes que, si bien en algunos casos puede haber ayudado a hacer crecer cierta conciencia colectiva, no ha frenado, ni mucho menos, el grueso de los abusos y de la impunidad corporativa transnacional.
No queremos, y no podemos, seguir siendo cómplices frente a esta realidad. A pesar de que la disolución anticipada del Parlamento le haya puesto freno, estamos convencidas de que se trata de un proceso que antes que tarde permitirá a Cataluña ser líder y hacer, en el marco de las competencias que nos son propias, las cosas de manera diferente. Pero para que el Centro sea realmente útil es necesario que la ley que el nuevo Parlamento acabe aprobando en el menor tiempo posible asegure los siguientes elementos constitutivos:
- En primer término, es indispensable que la composición del Centro garantice su independencia, libre de todo tipo de conflicto de intereses. Por eso es necesario que el Centro sea un organismo público dotado de personalidad jurídica propia y con plena autonomía, con rendición de cuentas a la sociedad civil, al Parlamento y al Gobierno de Cataluña.
- Un segundo elemento fundamental es garantizar que el centro sea accesible a las comunidades afectadas por la acción de las empresas sujetas a la actuación del Centro. Es necesario que las afectadas puedan dirigirse a ellas con sus quejas y denuncias de manera ágil y segura.
- En tercer lugar, es necesario que el Centro se dote de herramientas necesarias para cumplir con su objetivo último: velar para que las empresas sujetas a su actuación respeten los derechos humanos y derechos ambientales en el mundo. Por este motivo, necesitamos un centro basado en la transparencia, que pueda publicar sus informes en la web institucional cuando detecte una vulneración de los derechos humanos en el ámbito de su actuación.
- En cuarto lugar, y condicionado por las tres características anteriores, el Centro debe tener capacidad real de dar respuesta a las afectadas. Es decir, debe ser un Centro eficaz en la prevención, alerta, investigación y seguimiento de los casos que se encuentren dentro de su marco de actuación, ya sea a petición de las afectadas o por iniciativa propia. Por este motivo, es importante que el Centro pueda sancionar a las empresas que se nieguen a colaborar.
- Por último, y no menos importante, necesitamos un Centro comprometido con el paradigma de la Justicia Global que defiende la promoción de los derechos humanos y el fomento de la paz. En este sentido, es necesario que el Centro esté adscrito al Departamento de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat.
Avanzar en la consecución de herramientas efectivas para la defensa de los derechos humanos no debería ser reto alguno. En este sentido, no creemos pedir demasiado, pero sin unos mínimos de independencia, accesibilidad y eficacia, quizás podríamos llegar a tener un Centro, pero no sería el organismo que necesitamos. Ahora sólo falta que diputadas y diputados cumplan su palabra y permitan hacer realidad una apuesta que no busca sino asegurar una cierta coherencia con los propósitos que las instituciones han asumido en tanto que expresión democrática.
Nos encontramos frente a una iniciativa sin precedentes que permitirá la creación de un centro público de vanguardia. Una propuesta trabajada, impulsada y debatida durante años por una enorme diversidad de sectores sociales de Cataluña, entre los que se encuentran personas expertas del mundo de los derechos humanos, colectivos sociales y defensores de la Justicia Global. Estamos ante una verdadera apuesta por la innovación institucional que permitirá posicionar a Cataluña como líder en la lucha frente a los abusos que puedan cometer las empresas por todas partes.
Velar de forma íntegra, efectiva, por los derechos humanos y por la defensa de la naturaleza es procurar un futuro digno de ser vivido. Somos conscientes de que la disolución del Parlamento no sólo ha afectado a la ley de creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos y que, sin embargo, otros procesos legislativos también merecen que sean retomados con urgencia. Ahora bien, pocas propuestas estaban tan cerca de su aprobación y acumulaban tantos esfuerzos y esperanzas. Esperamos, pues, que los grupos parlamentarios que han acogido y defendido la propuesta asuman el compromiso de reanudar en la próxima legislatura el texto trabajado y los valiosos consensos alcanzados durante estos meses. No podríamos aceptar que, de nuevo, la inestabilidad política imposibilite consolidar esta propuesta de ley pionera para la garantía de los derechos humanos. Esperamos pues que, después de tantos años de trabajo y esperanzas, los y las representantes que inicien la nueva legislatura respondan con honestidad, compromiso y valentía.
