La sentencia del caso Palau pone fin a un escándalo que estalló el 23 de julio de 2009, con un inesperado registro judicial a las oficinas del Palau de la Música, secuencia que desembocó en la dimisión de Fèlix Millet como presidente de la institución unos días después. La segunda réplica del terremoto, mucho más fuerte que la primera, se produjo en septiembre de aquel año, cuando Millet se confesó autor de uno de los hurtos que más ha conmocionado a la sociedad catalana en los últimos 30 años.
Ocho años y medio después llega finalmente la sentencia de un sumario que un sector importante de la opinión pública ha interpretado como paradigma de la lentitud de la justicia. Pero la justicia no ha sido más parsimoniosa que la misma institución a la hora de reformarse. De hecho, hay varios aspectos o características del Palau de la Música que se podría decir que siguen tal cual las dejó Millet antes de salir.
La endiablada e irreformable estructura jurídica
Así que estalló el escándalo se vio claro que la malversación de fondos había sido posible gracias a la compleja estructura jurídica de la entidad, puesto que a la asociación Orfeó Català, propietaria de la mayor parte de los bienes del Palau, incluyendo el emblemático edificio de Domènech y Montaner, Fèlix Millet había superpuesto en 1990 la Fundación Orfeò Català-Palau de la Música, inicialmente concebida para captar mecenazgo pero que acabó haciéndose cargo de la programación. Como si la fundación del Barça acabara teniendo más importancia que el club y decidiendo los fichajes del equipo. Años más tarde a estas dos entidades jurídicas se añadiría una tercera, el Consorcio Palau de la Música, con la intención de captar más cantidad de dinero público, y en la que tenían representación el Ayuntamiento, la Generalitat, y a partir de 2001 el ministerio de Cultura, y que se acabaría convirtiendo en el gestor principal del equipamiento.
La intención declarada desde el primer momento por la junta de Mariona Carulla, sucesora de Millet en la presidencia, era simplificar esta estructura, y de hecho lo intentó relegando el Consorcio a un papel decorativo, con el visto bueno de sus integrantes. Se trataba de concentrar toda la gestión en la Fundación, donde a cambio se reformaban los estatutos a fin de que cada administración pasara a tener una silla asegurada. Pero un informe de la Sindicatura de Comptes (Tribunal de Cuentas catalán) del año 2015 puso de manifiesto que esto significaba dejar el Palau sin control público, cuando alrededor de una quinta parte de su presupuesto sale de las subvenciones públicas. O sea que no ha habido más remedio que resucitar el Consorcio y mantener la triple realidad jurídica de aquello que todo el mundo visualiza como un único ente.
El papel subalterno de la asociación Orfeó Català
De estas tres entidades, la original y fundadora sigue teniendo un papel residual, el mismo que le otorgó Millet. El escándalo no sirvió para que recuperara el protagonismo en la gestión. De hecho, toda la agitación nacionalista de los últimos años tampoco ha servido para ensanchar la masa social de esta centenaria entidad, que está muy ligada al nacimiento del movimiento catalanista de finales del siglo XIX, y que hoy resiste con aproximadamente 1.700 socios, de los que una pequeña parte son miembros del coro y el resto espectadores asiduos, pero que poco más o menos son los mismos que había hace diez años.
No ha habido ningún interés por ensanchar esta base social, tal vez porque de las tres entidades la asociación es la única con una junta directiva elegida democráticamente por los socios. En los últimos ocho años se han hecho dos elecciones y siempre las ha ganado la candidatura de Carulla. Y a mayor masa social, más riesgo de perder el control de la asociación, lo que podría implicar perder el control de todo el resto. El patronato de la Fundación del Palau está compuesto por 22 miembros. De estos, 3 son para las administraciones, o sea que poca fuerza tienen y menos aún si representan a partidos diferentes. De los restantes, 11 salen de la asociación y 8 del consejo de mecenas, es decir, de las empresas patrocinadoras. Pero resulta que de los 11 de la asociación hay dos que deben contar con el visto bueno de los mecenas, o sea que en realidad la proporción es de 10 para los mecenas, 9 para la asociación y 3 para las administraciones. Por estatutos, el o la presidenta de la asociación preside también la fundación.
La desproporción en cuanto a la representación de los mecenas (45% de los miembros del patronato) con su aportación al presupuesto anual del Palau (18%) es más que evidente. Mariona Carulla siempre ha justificado esta anomalía alegando que ha sido la forma de evitar una fuga de mecenas a raíz del escándalo Millet.
El papel irrelevante del orfeó català en la programación del Palau
Si la asociación tiene poca fuerza en el entramado jurídico, el orfeó català tiene también poca presencia en la programación de Palau. Cuando saltó el escándalo Millet, los periodistas se lanzaron a buscar la hemeroteca y no hallaron más que elogios, premios y distinciones para Fèlix Millet. Críticas, prácticamente ni una. Pero sí rescataron un artículo publicado por Ernest Lluch en La Vanguardia el 16 de marzo de 2000, pocos meses antes de su asesinato a manos de ETA. El artículo se titulaba “Orfeó Català o Palau” y empezaba así: “En el Palau de la Música uno parece olvidarse de la existencia del Orfeó Català. Sus actuaciones son bastante secundarias en un edificio que es su sede social”. Y más adelante comparaba esta decadencia con la vitalidad del Orfeón Donostiarra.
Hoy, el Orfeó Català realiza una veintena de conciertos anuales, según la información que aparece en su página web. El Orfeón Donostiarra, con menos socios pero más cantores en activo, realiza el doble. En el primer trimestre del año 2018 el Orfeó Català tiene programados dos conciertos. El Orfeón Donostiarra tiene programados siete, de los que los tres últimos en una mini gira que hará por Bélgica y Holanda.
El Palau, bajo el control de los “cuatrocientos”
Fèlix Millet es autor de una célebre frase recogida en el libro El oasis catalán, de Pere Cullell y Andreu Farràs (Planeta, 2001). “Somos unos cuatrocientos y siempre somos los mismos”, decía en referencia a las personas que mueven los hilos en Cataluña. Antes de caer del pedestal, Millet estaba en todas partes, y en su propio feudo procuraba también tener a representantes de las familias más poderosas de la alta burguesía barcelonesa. Esto ha cambiado entre poco y nada. Se ha reducido la lista de patrones, que con Millet había llegado a ser quilométrica, pero continúan siendo “los mismos”. Antes casi estaban los cuatrocientos y ahora es una especie de delegación.
De hecho, algunos miembros del actual patronato ya lo eran en tiempos de Millet, empezando por la misma Mariona Carulla, que ocupaba una de las vicepresidencias cuando estalló el escándalo. Además de ella, Joaquim Uriach, Ignacio García-Nieto Portabella, Alfons Rodés, Maria Àngels Vallvé y Josep Vilarasau ya formaban parte del patronato con Millet.
Línea directa con Convergència
El escándalo de Palau va indefectiblemente asociado a la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya, puesto que, como reconocieron en la vista oral Fèlix Millet y Jordi Montull, la Fundación del Palau había canalizado dinero de grandes constructoras (especialmente, Ferrovial) hacia el partido, a través de donaciones ficticias. En estos últimos años, sin embargo, la institución no ha cortado esa correa de transmisión que la liga al partido de Pujol y Mas, como lo indica el hecho de que entre sus nuevos patrones haya tres tan significativos como David Madí (hombre de confianza de Artur Mas y nieto del mecenas Joan Baptista Cendrós), Joan Vallvé (ex consejero de la Generalitat con Pujol) y Glòria Renom (ex diputada de CDC).
Más allá de los nombres, este vínculo se sustancia sobre todo en el rocambolesco papel que ha ejercido el Palau de la Música durante el proceso judicial, en tanto que acusación particular. Mientras duró la instrucción del sumario el Palau renunció a acusar a CDC, puesto que siempre entendió que los únicos responsables del expolio eran Millet y Montull y que el dinero que había ido a CDC había sido por donaciones legales. A pesar de las evidencias que fueron apareciendo durante la vista oral no varió esa postura, y la acusación particular se acogió a dos informes jurídicos donde más o menos se venía a decir que si originalmente el dinero no era para el Palau sino para un tercero el Palau tampoco lo podía reclamar. El Ayuntamiento presionó al máximo y la Generalitat finalmente accedió a permitir que se acusara a CDC, pero ni así se consiguió, puesto que el abogado se acogió a un tecnicismo para decir que ya no había tiempo para cambios y presentar unas conclusiones finales en las que CDC quedaba exculpada.
Catalunya Plural, 2024 
