La PAH se ha movilizado este martes por la mañana en las calles de la Barceloneta. En esta ocasión, sin embargo, la diana no han sido las entidades financieras, como es habitual, sino la ciudadanía. Bajo el nombre de “Mi silla, mi ley” varios activistas han plantado unas cuantas sillas blancas de plástico y una mesa en la plaza frente al mercado del barrio para explicar a los vecinos la importancia de la Ley de Vivienda estatal que registró la entidad el pasado 10 de enero en el Congreso de los Diputados.Las sillas, dicen, provienen “de los hogares de familias afectadas por la vivienda, para que escuchen las historias que están detrás de las demandas de la PAH”.
Una de las personas que ha aceptado una de esas sillas ha sido Cecilia López. La joven vivió varios años en la Barceloneta y firmó un contrato de alquiler con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) vigente. Estuvo tres años pagando 500 euros por un piso de 28 metros donde vivían ella, su pareja y su hija pequeña. Después de este periodo, el alquiler se elevó hasta los 750 euros. “No podíamos asumir la subida. Sabemos que no es mucho, pero era un piso de 28 metros y éramos tres”, recuerda.
Para ella, dice, lo más importante es que su hija no quiere cambiar de colegio. Ahora viven en el Poblenou y se desplazan cada día hasta la Barceloneta. Por ello, Cecilia ha firmado para mostrar su apoyo a la Ley de Vivienda estatal de la PAH, pero no es la única. A su lado, bolígrafo en mano, Pepa Picas.
Picas es una histórica del movimiento vecinal de la Barceloneta, miembro de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta, de la Taula del Bon Veïnatge y la Associació de Veïns de l’Òstia. Tiene un piso en la calle Alcanar desde 1992, justo antes de las Olimpiadas en la capital catalana. “Soy de Sants, pero me enamoré de la Barceloneta, además era lo único asequible en ese momento”, recuerda con sorna. Ahora cuenta preocupada los numerosos desahucios que hay en el barrio, culpa de la gentrificación y de la subida de los alquileres mientras varios vecinos se acercan a la plaza y rellenan los formularios de la PAH. En ellos se piden datos como el nombre, los suministros energéticos, los ingresos o los gastos. En la mayoría son más elevados los gastos que los ingresos.
“Queremos explicar a la ciudadanía los beneficios que tiene la ley”, explica el portavoz de la Ley de Vivienda de la PAH, Luís Sanmartín. Hace pocos días se registró en el Congreso de los Diputados con el apoyo de Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu. Ahora el PP dispone hasta mediados de marzo para interponer un veto que implicaría, según Sanmartín, “que ni siquiera se pueda debatir en la cámara”.
“No es sólo una ley de emergencia, es una ley de vivienda integral que introduce un nuevo modelo de vivienda en el que todas las familias pueden mantener un hogar como lo que es: un derecho básico que no requiere de sacrificios”, añade. La Ley de Vivienda estatal de la PAH se basa en cinco puntos: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, parar los desahucios, vivienda social para realojar familias en pisos vacíos de la banca y suministros básicos garantizados. “Estamos hablando de una ley que contiene demandas para corresponsabilizar a los culpables de la emergencia habitacional y que, por primera vez, regularía los precios del alquiler para garantizar que sea accesible a todo el mundo”, defiende Sanmartín.
Desde la PAH se muestran muy críticos con las políticas del PP y opinan que “actúa en la cámara como el mayor lobby que ha tenido jamás la banca y las grandes suministradoras”. La entidad recuerda que en España se desahucia a una familia cada ocho minutos y que hay más de cinco millones de estas que no pueden hacer frente a las facturas de los suministros básicos.
Catalunya Plural, 2024 
