El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aplazado el pago de la Renda Garantida de Ciutadania (ERG) hasta mediados de febrero, según ha informado la Cadena SER. Según COCO esta medida podría ser cierta, lo que supondría un grave perjuicio económico para los ciudadanos que menos tienen, según el sindicato.
Diosdado Toledano, portavoz de la comisión que impulsó la iniciativa legislativa popular que recogió durante más de cuatro años cientos de miles de firmas, hace una lectura cauta de la información de la cadena radiofónica. Según Toledano la ley da cinco meses para resolver los expedientes presentados a partir del 15 de septiembre. “Si se cuenta, la fecha que sale es justamente el 15 de febrero” indica, lo que le hace pensar que puede haber un error en la interpretación periodística.
Toledano refuerza su percepción -no ha sido informado ni por Trabajo, ni por el Gobierno central en otro sentido- en el hecho que la Renda Garantida de Ciutadania ya se paga a los más de 26.000 beneficiarios de la Renda Mínima de Inserción y también se ha subido la percepción hasta el nuevo mínimo de 586 euros a aquellas personas que tenían pensiones no contributivas inferiores.
La Renda Garantida de Ciutadania (ERG) está pensada para garantizar unos ingresos mínimos a las personas en situación de pobreza, según recoge en el artículo 24.3 del Estatuto. En julio de 2017 se aprueba la ley finalmente por el Parlamenta de Catalunya después de una campaña de movilizaciones de más de cuatro años que consiguió el apoyo de más de 70 entidades.
La ERG afecta a las personas de manera universal, sin que tengan que demostrar, como en otras ayudas, una situación de necesidad. Así, la ERG asegura unos ingresos iniciales de 554 euros al mes, si en la unidad familiar sólo hay una persona. La cifra incluye una cantidad de 150 euros vinculados a un plan de inserción laboral o de inclusión social. Esta cantidad puede subir hasta 664 euros mensuales en 2020.
En el caso de que haya dos perceptores en la unidad familiar se percibirían de entrada 836 euros mensuales. Si en un hogar hay dos personas adultas y una menor de edad, desde el 15 de septiembre se percibirían 911 euros. Si hay dos adultos y dos menores la cifra sube hasta 986 euros y si hay dos adultos y tres menores se ha previsto que el núcleo familiar reciba 1.061 euros al mes.
Según COCO la decisión del ministerio que comanda Fátima Báñez, afectará inmediatamente un millar de personas que habían hecho las gestiones para recibir esta ayuda y que al menos hasta mediados de Febrero, si no cambia la situación, no podrán acceder a esta ayuda pensada para las personas en situación de máxima necesidad.
La ERG estaba previsto que beneficiara 68.000 unidades familiares cuando extendido plenamente implantada, en el año 2020, según las previsiones de la Generalitat. Hay que decir que los dos primeros meses de tramitación se realizaron unas 50.000 citas previas que han supuesto la creación de 30.000 expedientes que deben ser resueltos en un plazo inicial de cinco meses como máximo, mientras que a partir del 15 de noviembre el tiempo de tramitación se reduce hasta dos meses. En caso de no responder se considera que la petición ha sido aprobada, según Toledano.
Dotación insuficiente
Para gestionar las peticiones la Generalitat anunció que contrataría 403 profesionales. Pero esto no gustó a los promotores que planteaban una ampliación de la plantilla del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC), cuando lo que se han hecho, según los sindicatos ha sido contrataciones pensadas para asumir la avalancha de petición, que no mejora la calidad necesaria del servicio.
Fuentes de la campaña han manifestado a través de las redes sociales su interés en que no se haga una lectura política del aplazamiento del pago. Cabe recordar que la ley que instituía la ERG fue votada por unanimidad de todos los partidos políticos con presencia en el Parlamento, incluidos el PP y Ciutadans. También hay que decir que el gobierno comandado por Carles Puigdemont hizo de esta ley una muestra del interés integrador del ejecutivo catalán.
Toni Mora, secretario de Política Territorial, Acción Social y Migraciones de COCO de Catalunya, se muestra crítico con el anuncio oficioso de parada del pago. Por un lado considera que si se confirma, el hecho se puede leer se ha frenado como un efecto de la situación política que vive Catalunya “tenemos informaciones de otros departamentos de la Generalidad donde hay también programas parados para que todo se ha de decidir en Madrid “, afirma. Por otra parte, los sindicatos ya se mostraron muy críticos con la forma como se ha establecido la tramitación de las ayudas. Reivindicaron una estructura estable y preparada para tramitar la avalancha de solicitudes.