La aprobación del anteproyecto de fórmulas de gestión podría haber sido lo más revelador del último Govern ya que, 27 años después del despliegue de la LOSC, habría iniciado la regulación de la larga lista de contrataciones y concertaciones existentes en Catalunya.
Además, esta ley habría permitido que servicios como los que ofrece Barnaclínic, la planta privada del Hospital Clínic de Barcelona, encontraran una fórmula jurídica bajo el término sanidad público-social que los permitiría seguir con su trabajo actual. Del mismo modo que la ley quedó bloqueada con el fin de la última legislatura, Barnaclínic todavía no ha cambiado la situación que la Sindicatura de Cuentas denunció en su último informe sobre el Hospital Clínic y sus empresas asociadas. Además, la situación de los trabajadores también sigue siendo la que destapó el informe de la Sindicatura: muchos de ellos hacen trabajos para Barnaclínic estando contratados por el Clínic y sin percibir nada a cambio.
Ahora, si la conocida como ley Comín se aprobara con el nuevo Govern, si Barnaclínic cambiara su fórmula jurídica podría ser un buen ejemplo de como las empresas “público-sociales” pasarían a integrarse dentro del sistema público catalán. El anteproyecto de ley que permitiría esto, establece las diferentes maneras que tienen las entidades de salud para acomodarse a la concertación. Además, el anteproyecto de ley mantiene el mercado de salud catalán y lo ratifica: mantiene el Servicio Catalán de Salud y su estructura de mercado (proveedores, compradores y vendedores).
Ana Martínez, enfermera del Hospital Clínic de Barcelona y activista por la Sanidad y la Salud Pública opina que “mientras se mantenga la estructura de mercado, por mucho que se regule, siempre habrá una dificultad añadida de control y siempre habrá una (o más) puertas abiertas a la parasitació privada”.
Barnaclínic o cómo se sigue ofreciendo sanidad privada en la séptima planta de un hospital público
La Sindicatura de Cuentas presentaba en el mes de marzo del 2017 un informe donde analizaba los ejercicios del Hospital Clínic y de sus empresas asociadas, como por ejemplo Barnaclínic, del año 2010 al 2012. El informe indicaba que en 2012 los 524 trabajadores del centro público que prestaban servicios también a Barnaclínic no habían obtenido el reconocimiento de compatibilidad para el desarrollo de la actividad privada a Barnaclínic.
El Dr. Campistol, actual Director General de l’Hospital Clínic de Barcelona que entonces no estaba al frente del Clínic, valora que el informe del Hospital era correcto a pesar de haber mucho a mejorar. Añade, no obstante, que ya se han mejorado muchas cosas, entre ellas que “el 2010 el entorno jurídico del hospital no estaba definido y ahora ya sí”. En cuanto a Barnaclínic señala dos problemas: por un lado el marco jurídico que reconoce Barnaclínic como empresa pública y por la otra el espacio donde Barnaclínic opera.
En cuanto al marco jurídico, Campistol indica que la regulación ya se está llevando a cabo y está en manos del Departamento de Salud y, antes del cese, también en manos del Gobierno de la Generalitat.
En cuanto al espacio de trabajo, el director general del Clínico reconoce haber “identificado un vacío legal que se tiene que corregir” pero también apunta que los últimos 4 años se han mejorado muchos aspectos: “siempre es por la tarde, dando prioridad a la actividad pública y sin interferir en esta actividad pública”.
En la práctica, el informe confirma lo que los trabajadores ya habían denunciado. Barnaclínic utiliza los recursos estructurales del Clínico. Es decir, sus quirófanos, los servicios de la imagen (como por ejemplo las maquinarias para realizar TAC o ecografías) y ocupa una planta del edificio central. Cuenta con enfermería y auxiliares pero sus médicos trabajan tanto en el Clínic como en Barnaclínic. Ana Martínez, trabajadora del centro indica que “el caso más flagrante de utilización de personal público es el de los camilleros”, puesto que están contratados únicamente por el Clínic.
A su vez, Martínez tilda de “deuda histórica” la que Barnaclínic tiene con el Clínic. Según Martínez, Barnaclínic no paga todo lo que debería, los precios que fija el Clínic son muy bajos y los trabajadores que ofrecen servicios a la privada no perciben nada. “Los únicos que lo hacen son los de endoscopia digestiva que se plantaron. Como ahora cobran, las profesionales están muy contentas pero nadie habla del dilema ético que supone hacer endoscopias a las 8.30h de la mañana cuando podrían estar haciendo endoscopias por la pública. Se soluciona cobrando”, explica Martínez.
A menudo se ha relacionado mantener la privada con mantener el talento. Elva Tenorio, médico y miembro de Resistencia Clínic, cree que como médico se tienen “unos ciertos privilegios sociales” y hay un reconocimiento: “la gente dice ‘esto lo dice el médico’ y tú te sientes el brujo de la tribu”. Añade que facilitar hacer trabajo en la privada y además también poder dar clases en la facultad de Medicina se ha creado para “retener el talento porque con los salarios de la pública esta gente se iría”.
Lo que se ha permitido durante 17 años, ahora con el Anteproyecto de ley de fórmulas de gestión de la asistencia sanitaria con cargo a fondo público y con el cambio en la nomenclatura jurídica de Barnaclínic podría ser permanente.
Sergio Lachica, del sindicato Lluitem Clínic, considera que la permanencia o no de Barnaclínic dentro del Hospital es un tema político: “por mucho que lo denunciamos y hacemos actos si la política no cambia, Barnaclínic buscará cualquier estructura válida donde cogerse y salir adelante”. Así, a pesar de consultar asesorías jurídicas en varias ocasiones, ven “difícil” emprender acciones legales.
Ahora, con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya número 131 dibujándose, poco se puede saber sobre el futuro de la innovadora ley Comín que actualizaba 27 años después la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña. Lo que sí que se puede saber es que los agentes sociales seguirán adelante con sus reivindicaciones. Unos, en lucha frontal contra la “privatización del sistema público catalán de salud” y, los otros, en defensa de los intereses de las entidades de sanidad privadas.
La Dirección del Clínic justifica la necesidad de tener empresas privadas del tercer sector trabajando para la sanidad pública
Más allá de las dudas sobre si se retomará o no una ley que abría las puertas a la contratación, en el mes de junio también se aprobaba una ley que garantizaba el acceso universal a la asistencia sanitaria en Catalunya. Salía como respuesta al Real decreto Ley 16/2012 del Partido Popular, que restringía el acceso de la sanidad a ciertos colectivos. La nueva ley establece que el acceso a toda la cartera de servicios será inmediato para todos los ciudadanos empadronados en Catalunya. Aunque no lo parezca, una y otra ley pueden ir muy ligadas.
El Director General del Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Campistol, celebra a la vez que alerta sobre la “ley Comín”. “Tenemos una sanidad muy buena y universal en todo tipo de procesos y que otros países vean que Catalunya ha abierto las puertas a determinados tratamientos o a determinados elementos asistenciales puede provocar un efecto llamada que no podamos regular”, señala. El jefe del Clínico valora que además de las tareas que realiza un Hospital como el que dirige, para que la ley funcione es necesario integrar “la parte del terciarismo, la parte más primaria y la más preventiva”. Entiende que la ley es “claramente integradora” pero es necesario no “olvidar la parte social que cada vez tiene más importancia”.
En los países occidentales se ha aumentado mucho la esperanza de vida pero según el parecer del Dr. Campistol, el impacto que tiene sobre esto la sanidad es mínimo. Indica que si ha aumentado ha sido gracias al hecho que el nivel socioeconómico y social de la población ha mejorado muchísimo: “aparte de la sanidad lo que más ha impactado es que tengamos agua corriente, que nos podamos duchar… esto no lo podemos descuidar”.
Así, para el Dr. Campistol abrir la atención asistencial no puede significar despreocuparse de las tareas que realiza el tercer sector. El tercer sector también se conoce por lo que sería la economía social y solidaria, integrada por cooperativas, empresas de trabajo asociado, sociedades laborales, organizaciones no lucrativas o asociaciones caritativas. Es decir, todas aquellas fórmulas que podrán pasar a integrar el sistema sanitario catalán gracias al Anteproyecto de ley de fórmulas de gestión de la asistencia sanitaria con cargo a fondo público.
Siguiendo el mismo hilo, Lluís Monset considera que se tiene que primar la calidad y el precio en vez de la estructura de las empresas a la hora de contratarlas. Ante la necesidad que empresas desarrollen tareas terciarias, ve que limitar las candidatas por su estructura legal es no dar igualdad de condiciones. “Querer hacer desaparecer empresas como algunos grupos quieren”, según Monset, “sería una situación gravísima que traería el país y la sanidad a la época franquista donde la administración era la única que daba servicios”. Para él, al frente de las entidades de sanidad privada, “si todo fuera público volveríamos 40 años atrás y a corto y medio plazo se vería una bajada de la calidad muy fuerte”.
Mientras desde diferentes frentes se opina sobre el anteproyecto y qué tiene que integrar o no, quien ya está cambiando su forma jurídica para no variar su actividad es Barnaclínic, la planta privada del Hospital Clínico de Barcelona.
Catalunya Plural, 2024 
