Tres grandes grupos empresariales compiten con fuerza en el mundo de las residencias para personas mayores en Catalunya y en Espanya. Eulen Servicios Sociosanitarios, SAR Aquavitae y Sanitas Mayores. Estos conglomerados, junto con un conjunto de compañías de tamaño medio y otras procedentes de la diversificación de sociedades vinculadas con la construcción, han entrado con fuerza en este ámbito en los últimos años. Hacen una apuesta por un sector, el de la atención a la vejez, que a pesar de las restricciones de la ayuda pública tiene una gran expectativa de crecimiento, según fuentes del sector.
Eulen Sociosanitarios da servicio actualmente a 169.000 personas en España. Tiene una facturación que supera los 155 millones de euros y emplea a 8.895 profesionales, que se ocupan no solo de las residencias sino de otros servicios, como centros de día o asistencia domiciliaria.
Domus Vi, es otra marca que apuesta por el mercado de la atención a la vejez. Se trata de otro gigante que tiene casi 22.000 plazas en residencias en todo el Estado español. Tiene también más de 19.000 trabajadores que dan servicio a la asistencia residencial y también a otros ámbitos como la atención domiciliaria. En 2016 facturó unos 460 millones de euros, según la misma compañía.
Sanitas Mayores es la filial creada para el mundo de la geriatría por este grupo de sanidad privada. Tiene 43 residencias, de las cuales 11 en Catalunya. Además, la marca tiene el principado tres centros de día. Esto supone en conjunto unos 3.000 trabajadores para atender 6.000 plazas. En 2016 facturó por valor de 98 millones, con un incremento del 3,18%, según la empresa.
Todas las grandes empresas hace años que invierten en comprar o construir nuevas residencias. Esto a pesar de que las tasas que paga en Catalunya la Generalitat para subvencionar la atención residencial están congeladas desde el año 2010. ¿Cuál es la clave de esta confianza en el futuro?
Los inversores y fondos internacionales en centros para la tercera edad, entre ellos Blackstone, ya hace tiempo que han puesto también sus ojos en este ámbito, en especial en las ciudades de Barcelona y Madrid. Buscan residencias en funcionamiento, a poder ser de al menos 150 camas, afirman fuentes bancarias. Según sus estudios invertir en residencias es una oportunidad de oro por que se trata de “negocios recurrentes” o de ingresos fijos o periódicos que, además, presentan una baja morosidad (no llega al 1%, cuando la bancaria supera 9%) y por la existencia de una demanda in crescendo de acuerdo con las cifras de casi plena ocupació que muestra el sector.
Según un informe de 2016 de la Asociació Catalana de Recursos Asistencials (Acra), la patronal catalana del sector, en Catalunya había 1,36 millones de personas con edad superior a los 65 años, de los cuales casi la mitad superaban los 75 años y 212.000 tienen más de 85 años. El año 2051 el número de personas de más de 65 años habrá crecido un 79%. Las personas mayores de 75 años se habrán incrementado un 114% y las que superen los 85 años un 155%, según las previsiones de futuro.
Acra agrupaba en 2016 un total de 413 entidades y empresas en Catalunya. El cálculo de esta organización es que de las aproximadamente 57.000 plazas que hay en residencias, solo unas 5.000 son directamente públicas. El resto son privadas, la mayoría de las cuales cuentan con aportación de fondos públicos para su funcionamiento en forma de consorcios. Esta dependencia hacía que en 2016 hubiera listas de espera para entrar en los centros públicos mientras que al mismo tiempo había plazas vacías en los centros privados o concertados a causa de la falta de subvención de la administración, según fuentes del sector. Solo en espera de plaza en una residencia pública o privada, en Catalunya hay 24.000 personas dependientes, según informó ese año la entonces consellera de Asuntos Sociales, Dolors Bassa.
En relación con las operaciones de grandes grupos, la patronal Acra es prudente: “esconocemos el porcentaje de mercado que ocupan estas grandes empresas en Cataluña, aunque es cierto que en los últimos años se han incrementado determinadas operaciones de compra y venta de grandes grupos en el sector residencial, sobre todo en España” afirma.
Por otra parte, la patroal catalana considera que ” la implantación de estas grandes empresas no guarda ninguna relación con la adaptación del convenio en Catalunya. El convenio marco estatal, que es el que rige de forma mayoritaria en el sector asistencial catalán, se encuentra actualmente en situación de ultra actividad”.
¿Cuál sería la inyección económica necesaria para hacer que el sector pudiera absorber la demanda de servicios? Las empresas y también los sindicatos del sector: CCOO y UGT, elaboraron un manifiesto a finales de 2017 en el que pedían a la Generalitat una aportación de 300 millones en 3 años para situar en un punto aceptable la atención a las personas mayores de Catalunya.
Las aportaciones públicas, en forma de tasas son decisivas, según patronales y sindicatos, para mejorar las condiciones de los trabajadores en Catalunya. Hay unos 40.000 y la queja expresada es que desde 2010, fecha en que se congelaron las tarifas públicas, estos profesionales han perdido, por lo menos un 10,7% de su capacidad adquisitiva. De rebote, las condiciones de trabajo han empeorado, explican en el sector de geriatría de CCOO, porque para hacer rentables los negocios se «escatima personal, lo que hace que la carga de trabajo sea cada vez más difícil de asumir», Afirma Helena Motos.
Activismo familiar
¿Como afecta la irrupción de grandes grupos económicos en el “negocio” de la geriatría? Sin que se considere representativo del conjunto, está en marcha desde hace dos años un movimiento de familiares de usuarios que llaman la atención respecto de 5 residencias públicas que gestiona en Catalunya una Unión Temporal de Empresas denominada Ingesan-Asproseat. Detrás de este nombre hay otro más conocido: la constructora OHL. Según Josep Luis Olivé, portavoz del grupo de familiares, «La Generalitat cuando debía conceder la gestión privada de estas cinco residencias lo primero que hizo fue rebajar el pliego de condiciones. Después cuando entró la empresa gestora todavía las rebajó más, un 15%, y esto ha hecho que se deteriorara el servicio,
especialmente con reducción de plantilla. Cada planta de 28 camas pasó a tener de 3 a 2 cuidadores especializados », afirma. Fue después de las protestas de los familiares que se ha vuelto a la proporción de trabajadores inicial. La reducción de las condiciones afecta también el mantenimiento de los edificios públicos, que no se renuevan, dice Olivé.
El movimiento de los familiares de usuarios ha conseguido más de 15.000 firmas y un compromiso de la Generalitat de volver a licitar la concesión de las 5 residencias públicas con nuevas bases. La adjudicación debería hacerse antes de julio y los familiares consideran que la situación de interinidad del gobierno catalán hace que actualmente no se sepa dónde está el expediente de tramitación, «en Barcelona o Madrid», lo que inquieta y llena de incertidumbre los usuarios. Mientras las multinacionales siguen apostando por el nuevo negocio de la atención a los abuelos y abuelas.
Catalunya Plural, 2024 
