El pasado 11 de enero salió a la luz el último caso de abusos sexuales a menores ocurridos en contextos educativos. La detención de un docente de la escuela Vedruna – Àngels de Gràcia y monitor en Agrupament Scout Mas Guinardó pone la última piedra a una investigación activa desde 2015 por presuntas agresiones sexuales a dos menores y posesión y elaboración de pornografía infantil con fotografías de jóvenes del mencionado grupo scout.
Hace dos años, dos miembros de la agrupación denunciaron al profesor por presuntos tocamientos, hecho que llevó al decomiso de gran cantidad de material informático, en el que se encontraron imágenes de niños, pero no explícitas. Así, el docente quedó en libertad con cargos, decisión judicial que él mismo comunicó a la escuela donde impartía clases. El centro decidió mantenerlo en sus funciones, “respetando la presunción de inocencia”.
La investigación siguió y fue a finales de 2017 cuando un juzgado de Barcelona recibió el resultado de uno de los análisis de los Mossos d’Esquadra sobre el contenido de los archivos decomisados: había cerca de 700 fotografías de menores, que incluían imágenes de jóvenes de los dos centros en los cuales trabajaba. Fue detenido y entró a prisión preventiva el día 11 de enero.
Pasaron, pues, dos años desde la primera denuncia de abuso hasta que se esclareció el tema. Dos años durante los cuales el centro realizó un seguimiento al docente, pero no recibió ninguna queja ni de familias ni alumnos. Dos años hasta que el centro puso en conocimiento del AMPA y los alumnos los antecedentes del profesor. Este largo periodo desde el inicio del caso hasta su estallido es el motivo por el cual el Síndic de Greuges anunció que actuaría de oficio para asegurar si los protocolos de prevención de abusos se cumplieron y para responder la pregunta “¿por qué no salió antes a la luz?”.
Los protocolos de prevención, 12 años en revisión
“Tenemos dudas de si se han aplicado todos los protocolos que establecen las acciones que debe llevar a cabo la administración y si el centro adoptó medidas preventivas ante las sospechas”, explica Maria Jesús Larios, Adjunta de Defensa al Niño y Adolescente del Síndic de Greuges. El protocolo al que se refiere es el Protocolo de prevención, detección, notificación, derivación y coordinación de las situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito educativo.
El Síndic instó a la Dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a crear este documento en 2006, a raíz del Caso Alba, una niña de Barcelona que fue maltratada y tuvo que ser hospitalizada en estado muy grave. Ni la policía, ni la administración, ni los servicios sociales advirtieron que la pequeña estaba en peligro. Por eso, la naturaleza del Protocolo era la de hacer fluir la comunicación entre los centros educativos y la DGAIA para detectar y actuar en casos de abusos y maltratos.
Esta primera versión del texto fue revisada en 2016, a raíz del estallido del Caso Maristes, puesto que se evidenciaron lagunas importantes. La principal novedad era que se empezó a considerar a profesores y trabajadores de los centros educativos como posibles autores de delitos de pederastia. Hasta 2016 sólo se los contemplaba como actores que debían detectar y denunciar. Así, 12 años después del primer protocolo, “vemos que los abusos y maltratos a menores continúan siendo una lacra en la cual, por más tiempo que pase, parece que no avanzamos”, reconoce Larios.
El índice de detección de abusos sexuales ronda el 1%
El Consejo de Europa asegura que uno de cada cinco niños es víctima de abusos sexuales. Según el mismo Síndic, 644 niños de hasta 18 años fueron víctimas de abusos sexuales durante 2016. A pesar de estos datos, el Protocolo de prevención sólo se activó 14 veces desde que fue revisado la última vez -en julio de 2016- hasta septiembre pasado. Y esto no quiere decir que “siempre que se active haya un caso detrás que acabe en los tribunales”, reconoce Larios, quien añade que el índice de detección de abusos sexuales a menores “ronda el 1%. Hay algo que no estamos haciendo bien”.
Así, casos como el del Vedruna de Gràcia, que hacía años que estaba bajo investigación, puede ser que tarden tanto en salir a la luz “por desconocimiento de los protocolos, porque directamente no se apliquen o por una mala comunicación entre la DGAIA y el centro”, explica. Los textos estipulan que, ante el más mínimo caso de sospecha de abusos sexuales, el centro escolar tiene que ponerse inmediatamente en contacto con la DGAIA para iniciar una investigación.
Hay casos en que los centros, conscientes de la gran repercusión y lacra social que comporta ser tildado de pederastia, no avisan a la administración hasta que las sospechas se confirman. Pero en estos casos, acostumbra a ser tarde para poner una denuncia y precisamente lo que el Síndic quiere averiguar es si fue esto lo que sucedió en el Vedruna. Aunque a veces los centros tardan a ponerse en contacto con la DGAIA por desconocimiento de la existencia de los protocolos. Por eso, el Síndic recomienda que en cada centro haya un docente de referencia que conozca los textos y a quien el resto de profesorado se pueda dirigir en caso de duda.
En esta línea, Larios asegura que hace falta más difusión del documento, pero que lo que también hace falta es “mucha más inversión en la formación de los profesionales y de los niños. Puede ser que las criaturas no tengan la información necesaria para detectar que están sufriendo abusos. Olvidamos escucharlos y son un aliado imprescindible”.
La importancia de los niños para prevenir es clave, tal como también reconoce Jose Antonio Ruiz, responsable de contenidos y relaciones de Fundesplai. Asegura que “el ser humano está programado para cuidar de sus crías, no para abusar de ellas. Por lo tanto, cuando se dan casos de abusos nos encontramos ante una patología y detectarlas es difícil. Necesitamos a los niños y profesionales alerta, porque va más allá de toda la prevención que podamos hacer” y añade que lo que ha pasado en el Vedruna “nos podría haber pasado en cualquier centro educativo”.
Así, la prevención de base se centra en poner a los pequeños en el centro y hacerlos entender qué son los abusos, “así como favorecer un clima de confianza para que puedan hablar de cualquier situación extraña”, considera Larios. Pero levantar la voz y denunciar acostumbra a ser difícil porque se trata de situaciones “perversas: los adultos son figuras de referencia en las que se reflejan y el aprecio los acalla e, incluso a veces, no ven que sufren abusos”, considera Ruiz.
“Kiko y la mano” y otros métodos para prevenir los abusos
En los espacios educativos en los cuales la fuerza comunicativa recae en los adultos de manera unidireccional la denuncia es muy difícil. Así, se les tiene que “poner en el centro y crear un clima de participación real en el que vean que su voz tiene peso. Así se dan ambientes óptimos para que levanten la voz y para que los adultos referentes puedan notar cambios de conducta preocupantes”, expone Ruiz.
Por tanto, dotar a los pequeños de herramientas activas para la detección y la prevención es clave. En esta línea, existen propuestas didácticas para que puedan detectar los límites de una relación sana con un adulto. Como el cuento “Kiko y la mano”, iniciativa del Consejo de Europa contra la violencia sexual sobre niñas y adolescentes y que Fundesplai recoge en su protocolo de prevención de abusos sexuales, elaborado conjuntamente con la Fundación Vicky Bernadet. Se trata de una historia que enseña a los niños a identificar y proteger sus zonas íntimas.
“Toda precaución es poca”, reconoce Ruiz, quien recomienda dar instrucciones a los adultos para la prevención. Por ejemplo, que nunca se quede un educador solo en un vestuario. “Pero el abusador ya conoce estas medidas y buscará maneras de evitarlas”, reconocen desde Fundesplai. “Por eso la luz de alerta debe encender siempre que tengamos la más mínima sospecha, aunque después nos equivoquemos”.
“Es mejor prevenir, porque las consecuencias son muy duras”, asegura Larios. Por eso, desde el Síndic quieren garantizar que cualquier persona que haya sufrido abusos tenga acceso a tratamiento psicológico gratuito. “A pesar de que a veces la oferta pública no es suficiente y se han dado casos de saturación en que algunas familias han tenido que recurrir a terapias privadas”, añade.
En lo que tanto Larios como Ruiz coinciden es en la necesidad de afrontar el tema con el resto de miembros de la comunidad. “No puede ser un tabú: es un momento en que todos se tienen que unir para crear un clima de seguridad”, opina Ruiz. Por su parte, Larios considera que momentos como el que ahora está viviendo el Vedruna son claves: “se tiene que poder transmitir calidez porque es imprescindible que si alguna otra persona ha sufrido abusos lo pueda explicar con garantías”.
Catalunya Plural, 2024 
