Todo indica que el pleno de investidura se realizará el próximo lunes 29 de enero. Por ahora, tenemos un único candidato propuesto, Carles Puigdemont, quien para una mayoría de catalanes es el presidente legítimo. De hecho lo es porque fue destituido por el Gobierno central en aplicación de un artículo de la Constitución, el 155, que no prevé ninguna destitución, usurpación del poder ni prácticamente nada de todo lo que está pasando. Al amparo de este artículo constitucional el gobierno del PP podría haber convocado elecciones sin destituir a nadie mientras los tribunales hacían su trabajo, sin forzar el código penal. Pero estamos donde estamos y deben buscar una salida.

El viaje de Puigdemont a Copenhague respondía probablemente a una provocación, eso parece, pero la decisión del juez Llarena, del tribunal supremo, la podríamos enmarcar en esta serie de actuaciones estrambóticas que, a ojos de los profanos en el mundo del derecho, parecen no conducir a ninguna parte más que a autoprotegerse el proceso judicial o, peor, evitar situaciones políticas que no quiere el gobierno central. Si Puigdemont quería que lo detuvieran en la capital danesa, como dice el juez Llarena, lo tiene muy fácil porque sólo debe regresar de Bruselas. Cuando entre en España la policía lo detendrá y lo pondrá en la cárcel. No debemos descartar que Puigdemont vuelva, antes o coincidiendo con el debate de investidura. Y si no vuelve? Pues habrá que ver qué pasa en el debate de investidura, si se hace la votación telemática y si el gobierno lleva la votación en el Tribunal Constitucional.

Todo esto ya son demasiado futuribles para unas actuaciones políticas que nos sorprendente día tras día. Hoy por hoy, no parece que la hipótesis de nuevas elecciones esté sobre la mesa. Lo más probable es que en unas nuevas elecciones el mapa que no se moviera mucho. Por eso todos los actores políticos se limitan a intentar mantener las posiciones conseguidas. Excepto el PP, que, ciertamente, tiene poco que perder. Además, las elecciones siempre son como un melón sin abrir y ya se sabe que a pesar de que el buen aspecto a veces cuando se abre, decepciona.

Visto con cierta perspectiva, nos podríamos preguntar si Puigdemont y demás exiliados y encarcelados se podían presentar a las elecciones (no están condenados por ningún tribunal y por tanto rige la presunción de inocencia) porque ahora no pueden ocupar cargos? Es que en el caso de optar a un cargo deja de regir este principio? En puridad democrática y parlamentaria, si se han podido presentar a las elecciones y si han sido los elegidos por el pueblo, deben poder acceder a los cargos por los que han sido escogidos. Otra cosa es que si un día, esperamos que sea pronto, hay una sentencia, tal vez deban dejar estos cargos.

Pero también tienen otra opción, renunciar a los escaños y dejar paso a otros candidatos, dejar que corra la lista. De hecho esto es lo que ha pasado en la elección del presidente del Parlament, Roger Torrent. Es de ERC, por tanto de la mayoría más numerosa en la cámara, y ha accedido al cargo después de que Carmen Forcadell rechazase repetir, pero no está pendiente de ningún proceso judicial. Aunque el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha negado a recibirlo, lo que no augura nada bueno, él tiene la legitimidad y al mismo tiempo no tiene nada pendiente con la justicia. No lo reciben porque ha designado Puigdemont candidato a la investidura como presidente. Es que podría haber nombrado a otro? Él no decide eso, él debe escuchar las propuestas de los grupos y ver quién tiene más garantías de salir elegido por el pleno de la cámara.

Parece como si el gobierno central se haya dado cuenta ahora que lo del procés va en serio, que tiene muchos seguidores y por tanto consideran que le deben hacer frente de todas las formas posible. Bueno, de todas menos una. No parece que estén dispuestos a hacer ninguna propuesta. No están porque no pueden. “que conste que yo soy independentista pero tengo que decirte que si aceptaré el pacto fiscal y reconoces a Catalunya como nación, esto lo paras”. Respuesta de Rajoy: “Si hago esto, me matan”.

Algún día, esperamos que sea pronto, se les deberá asumir que su obligación es aportar soluciones a los problemas, no añadir otros nuevos. Por consiguiente, deben pasar de las palabras a los hechos, e iniciar un diálogo político. Sin tabúes.

Share.
Leave A Reply