Tenemos un problema muy grave, un problema del que el gobierno no quiere ni que hablemos. Nuestro problema, de todas, es encontrarnos de manera cotidiana la imposibilidad de acceder a una vivienda. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, más de medio millón de familias han sido desahuciadas de sus hogares.
A pesar de las recuperaciones económicas que anuncia el gobierno, la emergencia habitacional se ha agravado. El problema de los desahucios hipotecarios persiste y se le añade la crisis del alquiler. Desde 2013 los precios del alquiler han aumentado más de un 40% y miles de familias dedican más de la mitad de sus ingresos a pagarlo. Un gasto al que hay que añadir el coste del agua, la luz y el gas. Frente a esto, tratar de conseguir una vivienda pública tampoco es una opción, ya que nuestro parque público de vivienda no supera ni un 1%.
Los datos hablan por sí solos y muestran que debemos abordar el problema de manera integral. Porque no es en concreto un problema ni de hipotecas, ni de alquiler, ni de escasez de vivienda pública. El problema de fondo es la ausencia total de opciones para acceder a una vivienda sin enormes sacrificios, que en muchos casos son imposibles.
Mientras tanto, los grandes especuladores crean fondos llamados Socimis, para evitar pagar impuestos mientras acumulan viviendas vacías a precios elevados, y así continúan subiendo los precios. Debido a ello, nuestros hijos no pueden ni emanciparse ni llevar una vida estable. A nuestras vecinas de toda la vida no se les renuevan los contratos de alquiler y se las expulsa de sus propios barrios. Los grandes especuladores, en connivencia con el PP, pretenden crear un contexto donde sea imposible desarrollar proyectos de vida largos y asequibles.
Sin embargo, la incapacidad de acceso a la vivienda es un problema estructural, que se puede abordar con soluciones estructurales. En ese sentido, la PAH ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley: la Ley Vivienda PAH. Una propuesta que no sólo acabaría con los desahucios y los cortes de suministros, sino que además pondría las bases de un nuevo modelo de vivienda donde toda la ciudadanía tenga garantizado el acceso a un hogar de acuerdo con su capacidad adquisitiva. Porque, ante todo, estamos hablando de un bien de primera necesidad.
Esta ley contiene, entre varias, dos medidas esenciales para conseguir este objetivo. Por una parte, dotar a los Ayuntamientos de la capacidad de generar índices de referencia para regular los precios del alquiler según las características de la vivienda y la capacidad adquisitiva de la población. Por otra parte, dotar a la Administración Pública de la capacidad de realojar familias en emergencia durante 10 años en pisos de la banca que se encuentren injustificadamente vacíos. Medidas que harían que acceder a una vivienda en alquiler o acogerse a un realojo público en caso de emergencia, fuera lo normal.
La propuesta de ley está registrada. Pero ahora, hasta mediados de marzo, el PP puede impedir que esta ley llegue a debatirse en el Congreso interponiendo un veto. Desde la PAH se ha interpelado a Mariano Rajoy para que el gobierno se comprometa públicamente a no vetar un debate tan necesario. Pero como ya es habitual por su parte cuando se trata de problemas sociales, no se ha pronunciado. Y esto a pesar de que el contenido de la ley ha estado abierto a ser negociado con todos los grupos parlamentarios del Congreso, incluido el PP, durante todo el año pasado.
En el fondo, el PP no quiere hablar del problema que tenemos, porque supondría hablar de las soluciones que la sociedad civil está proponiendo. El PP no quiere que se hable de tu futuro, del de tus hijos, del de tus parientes, ni el de tus amigos, porque prefieren proteger a los grandes especuladores. Su veto a la propuesta de Ley de Vivienda no es un veto tan sólo a la PAH, es un veto contra ti. Contra tu hogar. Contra tu futuro. Su veto, es dejarte indefenso ante un posible desahucio. Y todo en nombre de los fondos buitre, las Socimis, las grandes inmobiliarias y los bancos.
Mientras el PP mantiene su silencio, la propuesta de ley de la PAH ya ha recabado apoyos entre toda una pluralidad de sectores. Más de 200 colectivos y sindicatos de base se han adherido a la propuesta de ley. Más de 100 Ayuntamientos de todos los colores políticos han aprobado mociones a favor de que se legisle. Tienen apoyos en más de 14 Parlamentos Autonómicos. Incluso la relatoría de vivienda de la ONU se ha posicionado a favor de que se debatan y se aprueben estas demandas. Y desde que se registró esta propuesta de ley, cada día en las redes sociales salen a defenderla periodistas, músicos, académicos, artistas, activistas y vecinas.
Nosotras, las ciudadanas y los ciudadanos, a pesar de la vulnerabilidad que supone poder perder nuestros hogares en cualquier momento, practicamos la democracia cada día. Somos nosotras las que en medio de una situación límite como la que atravesamos nos encontramos capaces de dialogar. Si nosotras somos capaces de hablar de soluciones estructurales al problema de la vivienda, exijamos que el gobierno no sea menos. Recordémosle que, frente a su veto, están nuestros hogares. Y que es su obligación política permitir que se debata y se apruebe una ley que protegería nuestras casas y la de nuestros hijos.
El problema de la vivienda en España tiene soluciones, y estas soluciones están recogidas en la Ley Vivienda PAH. Sí se puede. Siempre se ha podido, desde 2008. Otra cosa es que no quieran.
Catalunya Plural, 2024 
