La decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de investidura previsto para hoy ha hecho estallar las tensiones entre los grupos independentistas. Los portavoces de Junts per Catalunya y la CUP, acusan a Torrent de convocar a la prensa para anunciar la desconvocatoria del pleno sin informarles. Como réplica, ERC ha informado de que Torrent ha intentado hablar con Puigdemont por teléfono antes de anunciar su decisión hasta cuatro veces y no le ha contestado. Dicen que no coge llamadas de desconocidos. Tanto la formación de Carles Puigdemont como la CUP aseguran que no eran partidarios de desconvocar este pleno de investidura, lo que quiere decir que están dispuestos a seguir plantando cara al Gobierno central y al Tribunal Constitucional (TC).
Defienden la legitimidad de Puigdemont porque fue el más votado entre las formaciones independentistas y es el candidato propuesto formalmente por las tres fuerzas del bloque soberanista para acceder a la presidencia y que no tiene ninguna condena que le impida ser candidato. De ahí una parte del problema, el TC dice que podría presentarse a la investidura de forma presencial, pero que lo tiene que autorizar el juez del Supremo. Juez que no piensa aceptarlo porque debería sacar a todos de la cárcel y ya ha dicho que no tiene ninguna intención de hacerlo. Es cierto que a Puigdemont le ampara la legitimidad, pero también lo es que se deben recuperar las instituciones lo antes posible y la vía de la legitimidad no parece que pueda ser la más efectiva.
Ya se está notando en todas partes la aplicación del 155 porque el gobierno del PP está tomando decisiones que perjudican, y mucho, tanto las inversiones en aspectos muy diversos e importantes para el autogobierno, como la sanidad o la educación y especialmente los aspectos sociales tales como las subvenciones para ONGs o empresas del tercer sector, como en el capítulo de los nombramientos en las consejerías. La realidad es que, aunque en unos días se pudiera hacer la investidura de Carles Puigdemont, probablemente no habría garantías para poder hacer efectiva esta investidura porque, entonces sí, la impugnaría el Tribunal Constitucional. En consecuencia, lo más probable es que tenga que buscar otro candidato. Se habla de Jordi Sánchez, aunque debería obtener el “permiso” del juez Llarena del Tribunal Supremo.
Otra posibilidad es que al final se tengan que hacer nuevas elecciones, posibilidad nada descartable teniendo en cuenta el conflicto que existe entre las formaciones independentistas. Ahora bien, esta posibilidad alarga mucho la aplicación del 155 y no está claro a quién beneficiaría más. Al parecer a quien perjudicaría menos sería a los partidos independentistas, que el martes han vuelto a sacar a miles de personas en la calle. Aunque podría ser que una parte de sus votantes se abstuviera para expresar su descontento con cómo se han llevado las cosas especialmente por las desavenencias entre las tres formaciones.
Del lado de los “constitucionalistas”, el Partido Popular podría recuperar posiciones o no, tal vez tendrían más castigo para la corrupción. Ciudadanos quizás tampoco mejorarían porque ni siquiera se han atrevido a intentar una presidencia alternativa; los socialistas aparecen como comparsas del PP, y a los Comunes probablemente tampoco les beneficiarían unas nuevas elecciones polarizadas. No son descartables tampoco porque Junts per Catalunya no quiere ni oír hablar de un candidato, o candidata, alternativo.
No, probablemente unas nuevas elecciones tampoco serían la solución al el callejón sin salida en el que está inmersa la política en Catalunya. Y para la española en general, parque el Gobierno del PP aún no ha conseguido aprobar los presupuestos y no parece que el PNV les pueda apoyar mientras está en vigor el 155. Porque, quién les dice a los vascos que en un futuro no pueda tocar a ellos el mismo trato que reciben ahora los catalanes?
Catalunya Plural, 2024 
