“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación policial”. Esta es una de las conclusiones que presenta el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en 2017 y que analiza 159 países y territorios. Plasman que la policía disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma e hirió de gravedad a una persona, que perdió la visión de un ojo, durante la operación policial contra el referéndum del 1-O.
Otro de los comentarios en referencia a España es que en esas mismas fechas se “restringió desproporcionadamente” el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de “personas que apoyaban la independencia catalana”. Desde Amnistía recuerdan que en Madrid y Vitoria, los tribunales prohibieron dos reuniones públicas de apoyo al referéndum y el Ayuntamiento de Castelldefels dictó una prohibición general del uso de los espacios públicos para celebrar reuniones a favor o en contra del referéndum.
El informe hace referencia también a la orden de la Audiencia Nacional que dictó prisión provisional para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes en aquel momento de Ómnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, respectivamente, una medida que tachan de “excesiva y desproporcionada”. Ambos fueron detenidos y acusados de sedición, delito definido “de manera muy general”, en relación a las protestas organizadas en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre, por lo que pidió que se retirasen las acusaciones. En noviembre esta entidad consideró que los Jordis no eran “presos de conciencia”. En el informe no se hace referencia a Oriol Junqueras ni a Joaquim Forn. Según explica en declaraciones a Catalunya Plural el portavoz de Amnistía Internacional en Catalunya, Dani Vilaró, es porque entienden que “se les ha impuesto esta medida haciendo referencia a requisitos previstos en la legislación” y porque no han tenido acceso al expediente judicial completo. Sin embargo, aseguran estar haciendo seguimiento del caso y se muestran “preocupados” por algunos aspectos del caso.
Durante el 2017 decenas de personas fueron procesadas por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” en redes sociales. Una de ellas fue Cassandra Vera por la publicación en Twitter de chistes de Carrero Blanco. Finalmente la tuitera no ingresó en prisión. Amnistía recuerda que en muchos casos, las autoridades presentaron cargos contra personas “que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos”.
España solo reubicó a 1.328 refugiados, de los 15.888 prometidos
España incumplió su compromiso de reubicar a 15.888 solicitantes de asilo, tal como había prometido en aplicación del programa de reubicación de emergencia de la UE, según Amnistía Internacional. La entidad afirma que durante el 2017 fueron reasentadas únicamente 1.328 personas, 592 de las cuales de nacionalidad siriana.
De las más de 25.000 solicitudes de asilo que se presentaron, en muchos casos “seguían recibiendo con retraso la decisión sobre su solicitud”. Esto provocó que el plazo durante el que estas personas tenían derecho a recibir apoyo del gobierno mientras aguardaban la respuesta a su solicitud expirase “mucho antes de que se hubiera tomado la decisión”. Según cifras de la agencia Frontex, dedicada a la gestión de las fronteras, hasta septiembre hubo 21.663 entradas irregulares por la ruta del Mediterráneo occidental, más del doble que en el mismo periodo de 2016.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las conocidas como devoluciones en caliente –el retorno inmediato a Marruecos de personas migrantes que intentan acceder a territorio español– son ilegales y violan el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Violencia de género o derecho a la vivienda, otros puntos calientes del informe
El informe presentado por Amnistía también recoge que 48 mujeres y 8 menores de edad “perdieron la vida a manos de sus parejas o ex parejas” en España, según cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En cuanto al derecho a la vivienda, miles de personas sufrieron “desalojos forzosos sin garantías judiciales adecuadas ni provisión de alojamiento alternativo” por el Estado español. Según las cifras facilitadas por Amnistía, hubo 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria. Pese a la demanda creciente de vivienda social asequible, el gasto público en vivienda continuó disminuyendo, un hecho que afectó “especialmente a las madres solteras y a las sobrevivientes de la violencia de género”.
Amnistía Internacional también denuncia que las autoridades españolas “continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional” cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, argumentando que “no era posible” investigar los crímenes denunciados. Esto incluye desapariciones forzadas y tortura debido, en parte, a la Ley de Amnistía y a la prescripción de los delitos. “Siguieron [las autoridades españolas] sin adoptar medidas para localizar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, dejando que las familias y las organizaciones interesadas acometieran los proyectos de exhumación sin el apoyo del Estado” reflejan en el informe.
Un 2017 “cegado por el odio” y en el que es peligroso alzar la voz
“El odio patrocinado por los Estados refuerza una nueva era de activismo social” afirman en el informe internacional de Amnistía. Y es que, si bien se muestran preocupados por las “terribles consecuencias de la retórica del odio” que “amenaza de normalizar” la discriminación a gran escala de grupos minoritarios, la organización constata que existe un aumento del número de activistas. Con ello confían en poder dar la vuelta a esta “tendencia a la opresión” en un año marcado por los lemas xenófobos de las marchas nacionalistas de Varsovia (Polonia), las concentraciones supremacistas blancas de Charlottesville (Estados Unidos) o la “represión generalizada” de la comunidad LGTBI “des de Chechenia hasta Egipto”.
“La clara medida de odio que adoptó el gobierno de los Estados Unidos en enero de 2017, cuando prohibió la entrada de personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, preparó el terreno para un año en que los que han ejercido liderazgo han llevado la política del odio hasta sus últimas y más peligrosas consecuencias” ha afirmado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, en un comunicado. Pone también como ejemplo las políticas de los líderes Abdelfatah Al Sisi (Egipto), Rodrigo Duterte (Filipinas), Nicolás Maduro (Venezuela), Vladímir Putin (Rusia) o Xi Jinping (Xina), que siguen los “pasos atrás” de Donal Trump.
Mirando hacia el futuro, desde Amnistía opinan que en 2018 “ya no podremos dar por sentado que tendremos libertad para reunirnos en una protesta o para criticar a los gobiernos”. Por ello, Shetty afirma que “alzar la voz se está volviendo cada vez más peligroso”, recordando a los múltiples periodistas encarcelados en Turquía, Egipto y China, además de los cientos de activistas que “las autoridades mataron”.
Catalunya Plural, 2024 
