Hace pocos días hemos conocido la iniciativa, por parte de algunos municipios y del Área Metropolitana de Barcelona, de presentar un recurso contra la subida injustificada de un 11,8% del coste del agua en alta suministrada por la compañía Agües-Ter-Llobregat (ATLL). Un incremento autorizado por el Consejo de Administración de la Agència Catalana de l’ Aigua (ACA), el pasado mes de diciembre.
Debemos recordar que el año 2013 la Confederació d’ Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), fue expulsada de dicho Consejo como consecuencia de la conocida Ley Ómnibus. En ese momento precisamente, desde la CONFAVC y en el marco del Consejo, ya hicimos cuestionar la privatización de la ATLL – que ahora una sentencia del Tribunal Supremo revoca por irregularidades- y ya anticipamos que esto conllevaría un continuo incremento de los precios, como ha sucedido: en los últimos 5 años soportamos un alza de un 85% del recibo del agua, lo que constata lo que ya denunciábamos en aquellos momentos, con otras organizaciones.
Por lo tanto, desde la CONFAVC hoy nos sumamos y apoyamos todos los municipios, en esta justa reclamación, que pensamos que debe ser atendida, y obviamente aplaudimos la sentencia del Tribunal Supremo que revoca la concesión de ATLL a Acciona para tratarse de un procedimiento con grandes irregularidades.
Desgraciadamente este incremento no viene solo: va acompañado de otro disparate como es el alza de la factura de los suministros eléctricos de un sistema, monopolizado, que nos obliga a asumir los precios que determinan un grupo muy reducido de empresas. Precios por otra parte injustificados, explicaciones numantinas como que no llueve o no hace vieneto. La cuestión es que el precio de la electricidad para la ciudadanía se ha disparado.
Si todo esto fuera acompañado de una apuesta, decidida, valiente y clara de ayudar a las situaciones de las personas más vulnerables, es decir, a la población afectada por la pobreza energética, podríamos ver alguna acción en la otra parte de la balanza. Apuesta que no vemos en absoluto. Por ejemplo, tenemos casos como el de Reus, donde se murió una mujer quemada a quien se le había cortado el suministro eléctrico por impago, y muchos otros, que por desgracia, se siguen produciendo cada día. No podemos dejar de mencionar la complejidad para entender un recibo y los «goles» que las comercializadoras nos ponen para vender más servicios, innecesarios y inadvertidos por la ciudadanía.
Los alquileres, tampoco escapan de esta marea de subidas, injustas e inaceptables. El abusivo incremento de los precios, continúa erosionando la vida de nuestros barrios, creando una gentrificación artificial y que quiere ser silenciosa. Por ello es fundamental hacer una denuncia pública. Por ejemplo, uno de los últimos casos más ofensivo es el bloque de pisos de Sant Joan Despí en manos de la entidad Pyrenees Acquisitions LTD; controlada en su totalidad por una subsidiaria del grupo bancario Goldman Sachs. Este caso en que 140 vecinos y vecinas están en peligro de irse porque la empresa gestora los sube el alquiler entre un 40 y 100%, es un buen ejemplo de este fenómeno descarnador del acceso a la vivienda y de lucha al que tendremos que ir acostumbrándonos. Está claro aquí las subidas, venden por una ley que abona el terreno del no arraigo: contratos de 3 años y un precio libre. Alguien puede pensar que de esta manera podremos construir unos barrios con vida de vecinas? Podrán hacer su proyecto de vida Parecen preguntas obvias pero hoy en día no tienen una respuesta a favor de la construcción de una sociedad más igual y con arraigo en el territorio.
“¡Hola! ¿Hay alguien ahí?”. La sensación que cualquier vecina puede tener, es esta impunidad e indefensión ante estos abusos. Pero más allá de esta interpelación, necesitamos unos gobernantes que asumir todo esto: todo un reto, toda una necesidad.
Para muchas personas, en especial, las más vulnerables, no sólo han de tragarse cada día estas realidades, sino que también vienen condimentadas por otra parte importante: la de los escasos ingresos. Vemos, al mismo tiempo, un deterioro y cuestionamiento de las pensiones y también la desigualdad real, en cuanto a género. Una ocupación, muy parcial y muy precaria. Factores todos ellos que complican la lucha diaria por el proyecto de vida de nuestros vecinos y vecinas.
Si de verdad hay alguien, sería necesario que se haga visible y que ponga todo ello en el centro de las políticas que se deben hacer y aplicar. A nosotros, las vecinas, nos tocará salir a la calle y denunciar estos abusos y exigir soluciones. Todo parece un mal sueño y da la sensación de que detrás de esta ofensiva no hay nadie detrás de la puerta capaz de ayudarnos: ¿donde está la clase política?
Catalunya Plural, 2024 
