Aunque la sociedad civil palestina lleva más de 70 años denunciando la expropiación de sus tierras, el control sobre su derecho al movimiento, la constante represión y el impedimento de volver a su lugar de origen, no ha sido hasta marzo del año pasado que la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) publicó un informe constatando que Israel ha impuesto un sistema de apartheid a todo el pueblo palestino y pidiendo la aplicación de las medidas del movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) para poner fin al régimen de apartheid de Israel. Las autoras del informe Virginia Tilley, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Illinois, y Richard Falk, antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, concluyen que los Gobiernos nacionales deberían apoyar las actividades de boicot, desinversiones y sanciones y responder positivamente a estas iniciativas, y que se deberían destinar esfuerzos para ampliar el apoyo a la campaña entre la sociedad civil.
El informe narra lo que los y las palestinas llevan manifestando desde hace más de siete décadas: cómo la población palestina en Cisjordania y Gaza está gobernada por una ley militar, mientras que los y las colonas que viven en asentamientos ilegales en Cisjordania están bajo ley civil israelí. Las ciudadanas palestinas en Jerusalén Este son consideradas ciudadanas de segunda y sufren graves discriminaciones a la hora de ejercer sus derechos más fundamentales, como el derecho a la educación, a la salud, al empleo o la vivienda, teniendo que enfrentarse continuamente a expulsiones y demoliciones de sus casas. Existen más de 60 leyes discriminatorias para las palestinas que viven dentro de Israel. Las 7’25 millones de personas palestinas refugiadas en el mundo y más de 700.000 desplazadas internas tienen prohibido volver a sus casas bajo la premisa que representan una “amenaza demográfica” para el Estado de Israel ya que su retorno alteraría el carácter demográfico del país. Mientras tanto, cualquier persona judía del mundo, puede pedir asilo en Israel.
A pesar de que el informe sólo se mantuvo publicado tres semanas, debido a presiones del lobby sionista para su retirada, la publicación marcó un precedente a nivel internacional.
¿Ocultando el apartheid?
Despierta curiosidad que el Estado de Israel destine tantos esfuerzos para ocultar lo que dictan órganos oficiales internacionales sobre sus políticas discriminatorias, con lo abiertamente racistas que son sus instituciones. Ayelet Shaked, miembro del partido político Hogar Judío afirmó el pasado lunes, que Israel debería mantener tanto la mayoría judía como la democracia, pero hizo hincapié en que mantener el carácter Judío puede ser a costa de violaciones de derechos humanos. En su intervención defendió también la proposición de ley que todavía necesita ser aprobada por el Parlamento de Israel, la Knesset[1], que, por primera vez, definiría Israel como el hogar para la población judía. El árabe dejaría de ser un idioma oficial, aunque es la lengua materna de más de 1,7 millones de palestinas y se confirmarían aún más los privilegios de la mayoría judía israelí.
Si bien es cierto que esta ley ratificaría las prácticas que Israel lleva a cabo des de hace años, como dice Marzuq Al-Halabi, esta ley de estado-nación, podría legitimar vulneraciones aún más graves, como por ejemplo la redefinición de las fronteras de Israel desde el río Jordán al Mar Mediterráneo, lo que supone la legalización de la anexión de Cisjordania por parte de Israel. Esto podría traducirse en no hablar más de “ocupación” o “territorios ocupados” sino de la legalización de una plena soberanía de Israel sobre toda la Palestina histórica. La aprobación de esta norma interna en Israel contraviene de pleno el derecho internacional. La conquista y anexión de un territorio por la fuerza está tipificado en el derecho internacional como un crimen de guerra. Legalizar la anexión de Cisjordania sería legalizar los crímenes de guerra, legalizar el apartheid, el colonialismo y los crímenes contra la humanidad.
Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo en esconder lo que tan abiertamente se está llevando a cabo? La foto de Ahed Tamimi, la activista palestina que fue detenida a los 16 años, ya es viral, y con ella la noción de que Israel tiene a más de 350 menores en prisión, en contra de la Convención de los Derechos del Niño que el propio estado ha ratificado.
La definición de Apartheid al completo
El 7 de enero de 2018 se hizo pública la lista elaborada por Israel con 20 organizaciones que a partir de ahora tienen prohibida la entrada al estado. Aunque Israel hace tiempo que deniega la entrada a activistas de solidaridad con palestina y del movimiento BDS, es la primera vez que Israel, aún con todos los esfuerzos por definirse como la nación judía, impide oficialmente la entrada de un grupo judío: Jewish Voice for Peace. Con esta lista, personas judías que apoyan el movimiento BDS tienen prohibida la entrada, mientras que miembros de organizaciones aliadas al nazismo o de partidos políticos antisemitas continúan pudiendo entrar en el país. Como dice Natasha Roth:
“incluso cuando el gobierno israelí deja claro su compromiso de tener la menor cantidad posible de no judíos dentro de sus fronteras, también se está volviendo cada vez más descarado sobre la posesión de criterios para el tipo de judíos que considera kosher”.
La sección f) del segundo artículo de la Convención del Apartheid de 1973 dice que “la persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades fundamentales” también se incluye en la definición de “crimen de apartheid”.
Este 15 de mayo hará 70 años de la Nakba, la catástrofe, que resultó en la expulsión de 700.000 palestinas, hoy en día 7,25 millones de refugiadas en todo el mundo, que han tenido prohibido el derecho al retorno des de entonces. La lista de organizaciones que tienen la entrada prohibida es un claro síntoma más del Apartheid israelí.
Haciendo visible lo invisible: las Semanas de Apartheid Israelí
Ante este escenario la sociedad civil, inspirándose en la resistencia popular noviolenta palestina histórica y en otras luchas globales, organiza desde hace 14 años la Semana Internacional contra el Apartheid Israelí (SAI). SAI son una serie de eventos internacionales que buscan crear conciencia sobre el sistema de apartheid de Israel contra el pueblo palestino y generar apoyo para el creciente movimiento BDS. 2018 marca 70 años de resistencia popular palestina contra el proceso continuo de desposesión y limpieza étnica. De hecho, la resistencia del pueblo palestino contra la colonización ha sido más larga: desde la Declaración Balfour de 1917 hasta ahora, la población palestina no ha cesado en su lucha por su dignidad, sus derechos y sus tierras. A pesar de la batalla legal y de la propaganda de Israel contra la campaña BDS a nivel internacional, SAI y el movimiento BDS continúan construyendo vínculos y solidaridad con otras luchas para alcanzar la libertad, la justicia y la igualdad.
SAI es una oportunidad única para unir esfuerzos contra la injusticia del apartheid sobre el pueblo palestino. Las numerosas actividades organizadas a nivel global pretenden además denunciar el proceso de invisibilización y legalización del sistema de apartheid israelí. Pero el BDS como muchos otros movimientos anti-racistas y pro-derechos humanos continuará haciendo visible lo invisible y exigiendo el derecho inalienable de libertad del pueblo palestino.
[1] El pasado mes de mayo se aprobó una lectura preliminar, se espera que se haga una primera lectura de la ley este año.
Catalunya Plural, 2024 
