Las pruebas externas de tercero de primaria -convocadas del 5 al 16 de marzo y a las que están convocados 81.161 alumnos de 2.999 centros- vuelven a empezar rodeadas de una fuerte llamada al boicot por parte de la FaPaC, la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI), la Assemblea Groga de Gràcia y el MUCE. Es el cuarto año consecutivo que estas entidades piden a familias y centros escolares desobediencia para estas evaluaciones, -así como para las de sexto de primaria, que serán en mayo, y a las de cuarto de ESO, que fueron el pasado mes de febrero.
Igual que años anteriores, estas entidades denuncian que las pruebas para evaluar el nivel académico tal y cómo están configuradas actualmente son “instrumentos para consolidar sistemas educativos basados en la competición”, según rezaba el comunicado de prensa que la FaPaC hizo público el 14 de febrero. También califican la estandarización de las pruebas, que no son sensibles a la situación de cada niño, como “reduccionista” y aseguran que derivan a no educar a los jóvenes, sino a “adiestrarlos” para superar unos exámenes que consideran “impuestos”.
Desde que la LOMCE instauró las pruebas externas, “Cataluña ha sido la comunidad autónoma que con más rigor ha aplicado la ley Wert, después de Madrid. Pero el departament d’Ensenyament siempre ha jugado a la confusión, diciendo que no respondían a la LOMCE sino a la Ley de Educación de Cataluña (LEC)”, afirman desde la FaPaC. De ser así, la normativa establece que estas pruebas no son obligatorias. “No lo han sido nunca, al menos no más que cualquiera otro examen que estuviera marcado en el currículum”, apuntan fuentes del departamento de Ensenyament.
Pero entidades como la FaPaC consideran que las pruebas externas siempre han tenido un carácter censal y no muestral en Cataluña. “Por eso llamábamos a la insumisión, porque para no realizar estos exámenes tenías que pasar por encima de la ley”, afirman desde la Federación. Pero este año la situación ha cambiado: con la aplicación del Real decreto de ley 5/2016 que modifica la LOMCE se estableció que las pruebas de evaluación de primaria serían muestrales y, por lo tanto, dejarían de ser obligatorias.
El boicot recae en las familias, que buscan el aula vacía y la acción comunitaria
Desde la XEI denuncian que, a pesar del Real decreto, el departamento de Ensenyament sigue anunciando las pruebas como “un derecho y una obligación. De hecho, así se definían los exámenes de tercero de primaria en su web hasta el día después de que hiciéramos la rueda de prensa insistiendo en que las pruebas ya no podían ser obligatorias”. Pero a pesar de haber realizado esta modificación en la web, Ensenyament reitera que “no habrá ningún cambio en las pruebas externas respecto cursos anteriores”.
Pero en el llamamiento al boicot sí que ha habido cambios: “ya no pedimos desobediencia, sino negarnos a realizar unas pruebas que legalmente no son obligatorias”, puntualizan desde la FaPaC. El peso de la acción recae, pues, en las familias, que son las que decidirán no llevar a los niños a clase el día que se hagan los exámenes. “Sabemos que muchos docentes son funcionarios y no queremos comprometerlos pidiéndolos desobedecer”, explican desde la XEI.
Lo que sí se intenta es involucrar a los centros para que colaboren con las familias para que avisen con tiempo de los días en que realizarán las pruebas. “Los hay que las hacen en días no consecutivos o que no avisan con tiempo para que podamos decidir no llevar a los niños a clase. Pero si la escuela colabora, nos permite hacer una acción de boicot organizada entre todas las familias del centro e, incluso del barrio”, explica Meritxell Casellas, madre de un alumno de tercero de primaria que empieza hoy las pruebas en la escuela Patronat Domènech de Gràcia.
Este centro es uno de los que ha colaborado con las familias y, gracias a esto, “seguramente podremos conseguir tener el aula vacía durante las pruebas, como los años anteriores”, confirma Meritxell. Durante los tres días que durarán las pruebas -de lunes a miércoles- los niños de tercero no irán a clase por las mañanas. Así, realizarán actividades “pedagógicas y lúdicas, que también tendrán un toque de denuncia”, afirma esta madre. Por ejemplo, decorarán la entrada en la escuela, irán a un museo, harán talleres con los castellers de Gràcia o pintarán camisetas con el amarillo de las asambleas de educación. “El último día haremos una acción conjunta con otros centros del barrio porque queremos hacer cosas visibles”.
La filtración de los resultados del 2017 “echa por tierra toda la tarea pedagógica”
A pesar de las críticas que acostumbran a versar sobre las pruebas de evaluación externa, las familias y entidades no se posicionan en contra por los exámenes per se sino por su carácter “estandarizado que lleva a la competitividad entre centros”, según Meritxell. Respecto a este último punto, la administración siempre ha asegurado que los resultados nunca se usarían para realizar rankings y que, por lo tanto, nunca serían de dominio público.
Pero esto no ha sido así este año, debido a una filtración de los resultados de las pruebas de sexto de primaria del año pasado de los centros de Barcelona, que han sido usados por algunos medios de comunicación como El País. “El tratamiento de este medio, en el que se elabora un ranking que se puede filtrar por centro, posicionamiento respeto la media de la zona, grado de complejidad y tanto por ciento de alumnos receptores del fondo social, nos parece que refuerza el carácter elitista de estas pruebas”, denuncian desde la XEI.
Desde el Consorcio de Educación de Barcelona, entidad responsable de estos datos, se muestran muy “preocupados” con esta filtración y coinciden con que estos resultados “no tendrían que ser públicos. Causó mucho malestar que los datos se publicaran y que se hiciera de aquella manera, relacionando renta y rendimiento académico”, aseguran. Y es que, según el Consorcio, la imagen que se destila de este tratamiento “echa por tierra todo el trabajo hecho para conseguir la equidad y la igualdad de oportunidades de los niños y niñas de Barcelona”.
Desde la FaPaC consideran que esta filtración visibilitza un problema de base, y es que “si las pruebas no se usaran para clasificar diferentes centros educativos, esta filtración no se hubiera producido y mucho menos de este modo”. Así, tanto familias como entidades destacan estar a favor de una evaluación del sistema educativo, pero siempre que “propicie un debate científico, educativo y político de la calidad de la educacion, preguntando no sólo a los niños sino a los centros y teniendo en cuenta la diversidad de situaciones y necesidades de cada cual”, opina Meritxell.
Catalunya Plural, 2024 
