El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado el pleno de investidura del presidente de la Generalitat, cargo al que a estas alturas sólo hay un candidato que se Jordi Sánchez, para el próximo 12 de marzo. Es el próximo lunes, pero de aquí a allá pueden pasar muchas cosas. Puede suceder que el juez del Supremo, Pablo Llarena, no acepte la petición de salir de la prisión de Soto del Real que ya han presentado los abogados de Sánchez. En el escrito los abogados piden que se deje libre a su cliente para poder asistir al pleno de investidura y para poder ejercer como presidente de la Generalitat, también porque ya no existen los motivos que lo llevaron a la prisión preventiva. Sánchez también ha pedido al Tribunal Constitucional que deje sin efecto su prisión preventiva después de que el alto tribunal ha admitido su petición de amparo. Y Junts per Catalunya también ha anunciado que si el juez Llarena no deja en libertad a Sánchez para ir al pleno de investidura y para ejercer de Presidente, planteará una querella por prevaricación contra esta decisión. Consideran que el juez no puede decidir quién debe ser presidente de la Generalitat y quién no.
También puede ocurrir que, si Sánchez obtiene el visto bueno para ir al Parlament, llegue al pleno de investidura y no consiga suficientes votos a favor y por tanto no pueda ser invertido. Hoy por hoy, todo apunta a que no tiene votos suficientes. Ciudadanos, PSC y PP ya han dicho que votarán en contra y probablemente también lo harán los Comuns, aunque ERC les está presionando para conseguir su abstención. En total serían 65 votos en contra, 66 a favor de ERC y Junts per Catalunya (que son 64 mientras Puigdemont y Comin no renuncien a su escaño, lo que no tienen previsto hacer de momento).
La CUP, a su vez, ya ha dicho que se abstendrá. La consecuencia de esto será que Sánchez no podrá ser elegido, que comenzará a partir de este momento a correr el contador del calendario de la investidura que se puede alargar hasta los dos meses. O sea, que si en dos meses no se ha producido la investidura, automáticamente se convocarían elecciones que nuevamente estarían controladas por el Gobierno en virtud de 155. Esta nueva convocatoria electoral sería una irresponsabilidad política evidente. En primer lugar, porque siempre es irresponsable que los partidos políticos compliquen el panorama general en lugar de encontrar soluciones y, en segundo lugar, porque el resultado de estas hipotéticas elecciones pueden no sólo no aportar nada nuevo, sino que pueden complicar el panorama todavía más.
Los independentistas están convencidos de que volverían a ganar pero esto no se puede decir nunca, y menos ahora que irían a las urnas no habiendo sido capaces de resolver las diferencias entre ellos para formar un Gobierno. Además, ¿sería la futura independencia de Cataluña el gran argumento? ¿Se volverían a presentar Puigdemont y Junqueres? ¿O los dejarían presentarse? Sin el cartel de Puigdemont, probablemente Junts per Catalunya no repetiría resultado. ¿Y con Puigdemont? A saber si los que le votaron no se plantearían ahora la utilidad de volver a hacerlo. De la parte unionista todo hace pensar que las cosas no se moverían mucho las cosas, ¡aunque nunca se sabe! La victoria de Ciudadanos tampoco ha servido para nada porque ni siquiera ha provocado que se presente un candidato o candidata del unionismo con posibilidades de tener un apoyo mayoritario.
Quizás para tratar de evitar que todo esto pueda llegar a pasar, estos días se alzan voces que reclaman realismo y cambios de perspectiva desde dentro del independentismo. Es el caso de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que hace pocos días dijo en una entrevista que “Cataluña necesita un gobierno estable dentro de la legalidad para que empiece a hacer política y se deje sin efecto el 155”. Y remachó el clavo cuando dejó claro que por su partido lo que quiere es un Gobierno que desde el Palau de la Generalitat lleve a cabo el trabajo diario de recuperación de las instituciones y haga frente a PP y C’s. En consecuencia, si el juez no le deja libre, Sánchez dejaría de ser un buen candidato para el PDeCAT.
El último en apuntar una solución de futuro en otra dirección ha sido el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà. En un artículo en El Periódico, Tardà ha hablado de establecer puentes con los Comuns e incluso con el PSC como vía para ampliar la base soberanista. En este sentido, no se ha referido a la cuestión más cercana de la investidura sino que, en un aspecto más reflexivo, considera que el Estado deberá actuar para solucionar el conflicto un día u otro. Porque hasta ahora no ha mostrado ningún interés y, por ello, cree que el independentismo deberá actuar con más cerebro y menos estómago y acercarse a los que, al menos, apoyan el referéndum.
Los ‘hiperventilats’ del independentismo no han tardado nada en acusar Tardà de abandonar las tesis independentistas y de despertar los fantasmas del Tripartit. Mientras, esperamos la respuesta del juez Llarena para saber si deja salir a Jordi Sánchez de la prisión y si realmente el día 12 se podrá celebrar el pleno de investidura.
Catalunya Plural, 2024 
