¿Histórica? Sin duda. “Se ha roto la falsa ilusión de igualdad. Ha sido una demostración de fuerza que marcará un antes y un después”, asegura Sara Barrientos, activista de la comisión organizadora del 8 de marzo en Barcelona. Justo una semana atrás, mujeres como ella que llamaron a pararse para cambiarlo todo, no se esperaban estar detrás del lema que encabezaría una movilización feminista sin precedentes en el país.
De izquierda a derecha, la manifestación del 8 de marzo ha ocupado titulares en diarios y televisiones y ha hecho que más de uno se tragara sus palabras contra la huelga e hiciera un guiño a la mandada violeta, al ver el alcance de este “estamos hartas” que ha sonado en las calles.
Ahora, las organizaciones feministas que lo han promovido buscan la manera de hacer que esta voz coral no se calle, mientras no se callen los múltiples motivos que lo han hecho clamar. “Ha habido un fuerte efecto de identificar que la violencia, la subyugación, la desigualdad ‘me está pasando a mí’, por lo que, en cierta medida, se ha superado la alteridad entre las mujeres y el estigma de ser feminista”, observa Carla Vall, abogada especializada en violencias machistas.
“¿Y, ahora, qué?”, se han pasado la semana escuchándose decir las activistas que, desde Ca la Dona, han orquestado el 8-M. Medio en broma, y tres cuartos de seriedad, Barrientos nos la vuelve: “¿Y, ahora, que haréis los medios?” Revisar el tratamiento de las violencias machistas, para dejar de contribuir a reproducirlas; superar la infrapresencia de voces de mujeres; desnormalizar la objetualización de sus cuerpos… Son algunos de los puntos para que los medios miren hacia el feminismo también los días que no saca centenares de miles de personas a la calle. Pero, más allá del aviso directo, encontramos como las demandas de los colectivos que se proponen arrancar de cuajo la cultura patriarcal superan, de largo y ancho, el terreno mediático.
Educación, sistema judicial, mundo laboral, sistema sanitario, reparto social de la provisión de cuidados… De hecho, no hay ningún campo de la vida social en el que las demandas del feminismo estén resueltas. “Las mujeres están hartas de las dinámicas de doble y triple jornada de trabajo, de la falta de distribución de las tareas de cuidado, de las pensiones a que dan lugar el paro y la precariedad laboral; de la violencia machista, de la sociedad que día a día desprecia a las mujeres, de la ofensiva machista en las redes sociales… Con los mensajes de la huelga feminista, más allá del plano laboral, todas, desde nuestra propia circunstancia personal, nos hemos sentido interpeladas”, valora Montse Benito, vinculada a las movilizaciones feministas desde finales de los 70.
Además de ser una acción inclusiva de las diferentes realidades de las mujeres en relación a los trabajos, la interpelación ante la convocatoria de huelga feminista ha tenido la fuerza, también, de ser transfronteriza y, así, reunir mujeres de varios orígenes, con luchas diversas. En Cataluña, las mujeres migradas constituyeron, en el seno de la organización del 8-M, una comisión propia, desde la que, a través de un manifiesto, han hecho visible que “la condición de racialización implica privilegios para unas mujeres y violación de derechos humanos para otras”, sintetiza Sara Cuentas, feminista decolonial miembro de la Red de Migración, Género y Desarrollo.
“Las migradas y racializadas, con contextos de opresión particulares, asumimos las demandas del feminismo europeo/blanco si incorporan la diversidad de las mujeres y tienen una visión de discriminación múltiple”, apunta Cuentas. “Nosotras no estamos hablando sólo de la brecha salarial de las mujeres catalanas blancas respecto a los hombres blancos. También hay una brecha salarial respete las mujeres migradas “, ejemplifica.
Urgencias para hacer frente al machismo
Si bien un 8 de marzo masivo no cambia el escenario de opresiones que lo ha provocado, sí que aporta una ola de fuerza social que permite reclamar, con aún más firmeza, respuestas a las instituciones alineadas con las prioridades del feminismo.
“¿Prioridad? ¡Cambiarlo todo!”, lanza Benito al pedirle cuáles serían. “Las propuestas para los diferentes ámbitos de acción pública hace tiempo que están encima de la mesa. Las administraciones ya tendrían que estar haciendo los deberes, atendiendo las propuestas que han ido recibiendo y ante las que no han reaccionado”, asegura Benito.
Nutrir presupuestariamente las medidas previstas para abordar las violencias machistas y promover cambios para erradicar-las, del Pacto de Estado a los planes locales de igualdad de género y LGTBI, aparece como urgencia feminista. Entre un nivel y otro de gobierno, también encontramos la demanda de mejorar la dotación presupuestaria de la ley catalana contra la violencia machista.
“Una ley no soluciona el problema. Las personas que atiendan a las mujeres en situación de violencia tienen que tener formación feminista, hay que eliminar las trabas que encuentran las mujeres en situación administrativa irregular para acceder a las medidas de protección y atención integral y también que la prevención de la violencia machista sea una política prioritaria”, concreta Benito, repasando algunas de las medidas que propone el colectivo al cual pertenece, Noviembre Feminista.
En el ejercicio 2017, el gasto consolidado del programa de políticas de mujeres de la Generalitat (dirigido a impulsar las acciones para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos; incrementar el valor y visibilización de las mujeres en el mundo laboral, mejorar los mecanismos para incorporar la perspectiva de género en la acción del Gobierno y mejorar los mecanismos para prevenir, detectar y erradicar la violencia machista), ha sido de casi 8 millones de euros.
Supone un 11,5% del total de 69,5 millones de euros dedicados a promoción social (el cajón de política pública de la Generalitat que incluye políticas de juventud, acción cívica y voluntariado y relaciones con las confesiones religiosas, junto al programa de políticas de mujeres). Si nos fijamos en el gasto consolidado total del sector público catalán (28.310 millones de euros), las políticas de mujeres representan un 0,02%. Ha sido la cantidad gestionada por el Instituto Catalán de las Mujeres, el organismo que diseña, impulsa, coordina y evalúa las políticas para la equidad de género de la Generalitat.
“Encontramos a profesionales que están trabajando muy bien, pero en recursos totalmente desbordados por la falta de presupuesto”, denuncia Barrientos que, a continuación, también apunta a una insuficiente acción preventiva de las violencias machistas. “Lo que estamos pidiendo no es hacer unos talleres de educación sexual, de prevención de la violencia o para prevenir el acoso escolar LGTBIfóbico; lo que planteamos es un sistema de coeducación, que no reproduzca estereotipos de género y que incluya la diversidad sexual y de género. Para que sea una realidad hay que formar a los profesionales del mundo educativo”, expone Barrientos. A la demanda, repetida entre las activistas feministas, Cuentas añade que, en la coeducación, el enfoque de género se dé la mano con la perspectiva intercultural.
Una forma de violencia contra las mujeres que quedó fuera de la ley catalana contra la violencia machista −alabada por la amplia mirada sobre el fenómeno que aporta− es la violencia institucional. Es una de las más denunciadas por el movimiento feminista, sobre todo, a raíz de juicios por casos de violencia sexual y violencia machista en la pareja o ex pareja . “Encontramos juzgados especializados en violencia que cuestionan a las mujeres hasta el punto de, prácticamente, convertir los procesos en un juicio hacia ellas”, advierte Barrientos.
Según recoge Feminicidio.net, a partir de datos del 2016 del Consejo General del Poder Judicial, más del 47% de denuncias por violencia machista son archivadas y el porcentaje de agresores condenados, teniendo en cuenta el total de denuncias presentadas, no llega a dos de cada 10 en Cataluña.
Siguiendo los datos de 2017 del Consejo General del Poder Judicial, Cataluña es el territorio del Estado español con más medidas de protección denegadas, casi la mitad (49%). La cifra es 19 puntos superior a la media estatal. “Un alto porcentaje de mujeres retiran las denuncias y no siempre es porque quieran echarse atrás, sino porque no ven garantías de seguridad”, denuncia Vall. Para revertirlo, la abogada remarca que la fórmula es la formación. “Si no hay medidas formativas a todos los operadores jurídicos, ya podemos tener normas increíbles pero no serán nunca aplicadas. Son los que se encargan de los procesos, de quienes depende que las mujeres los saquen adelante”, remarca la abogada.
La vida, en el centro
“Poner la vida en el centro” puede sonar más a lema que no a objetivo posible de aterrizar. “Implica ver la parte reproductiva como una parte esencial de la vida”, sintetiza Barrientos sobre un cambio, no cortoplacista, irrenunciable para los feminismos.
Pide cambios en el plano laboral y económico −como por ejemplo medidas de conciliación y flexibilidad horaria, permisos de paternidad igualados a los de maternidad, repartir el trabajo y reducir las jornadas laborales, así como potenciar la economía social y solidaria− y en la organización social de la provisión de curas. “Hay que fomentar la corresponsabilidad de los cuidados, no sólo dentro de la pareja, sino en el plano comunitario y social”, expone Barrientos.
Directamente vinculado a la respuesta que socialmente ofrecemos a la necesidad de cuidados de las personas, hay la dotación presupuestaria para garantizar servicios públicos básicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, por lo que blindarlos como derechos universales es una demanda vertebral del feminismo. “En tiempo de recortes, lo primero que se toca es lo que afecta al cuidado de la vida, que se lleva al mundo privado y recae sobre las mujeres”, expone Barrientos. Un claro ejemplo ha sido la infradotada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de dependencia.
Sin red pública de servicios de atención a las persones dependientes desarrollada y con la generalizada incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, las trabajadoras del hogar se han convertido en el principal recurso para delegar la provisión de cuidados de personas dependientes en nuestro entorno. Siguiendo la última Encuesta de Discapacitados, Autonomía y Situaciones de Dependencia, en el Estado, las persones dependientes que tienen una trabajadora como cuidadora principal supera el 8%. La cifra triplica el número de personas con dependencia atendidas por servicios sociales (un 2,37%).
Ahora bien, este recurso de provisión de cuidados externo a la familia, altamente feminizado y con gran presencia de migradas , está históricamente discriminado y subprotegido, con unas condiciones laborales inferiores a las del resto de trabajadores y trabajadoras (por ejemplo, no tener derecho a la prestación del paro o poder ser despedidas sin causas objetivas). Por eso, la ratificación del convenio 189 de la OIT, para equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar a los que establece el régimen general de la Seguridad Social, es una petición principal de las feministas, liderada por entidades de mujeres migradas como Sindihogar, Mujeres Pa’lante, Mujeres Migradas Diversas y Las Libélulas.
En paralelo a la lucha para dignificar las condiciones en el sector laboral del trabajo del hogar, principal y primera opción para muchas mujeres migradas en el Estado, las feministas migradas reivindican derogar la actual ley de extranjería. “Es una ley racista que viola derechos humanos y, en el caso de las mujeres que sufren violencia machista, las pone en evidencia ante las instituciones donde tienen que denunciarla, por lo que dificulta que lo hagan”, explica Cuentas.
Cerrar los CIE, habilitar los recursos para acoger a las personas refugiadas y políticas de gestión de la inmigración y de interculturalidad lideradas por personas migradas y racializadas, completan las demandas centrales de los feminismos no hegemónicos que se han hecho oír en la organización de la huelga feminista; demandas, fruto de opresiones particulares que, denuncia Cuentas, el feminismo blanco tiende a eclipsar con su agenda. En el camino de descolonializar los espacios feministas, también el 8 de marzo pone un punto y seguido.
Catalunya Plural, 2024 
