El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite la demanda presentada el pasado mes de febrero por el Col·lectiu Ronda en representación de Domiciano Sandoval –uno de los rostros más visibles de Marea Pensionista– por la pérdida acumulada de poder adquisitivo que sufren los jubilados del Estado español desde el año 2012. Ese año, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy decidió que la actualización del importe anual de las pensiones se haría por debajo del incremento del coste de la vida.
El Col·lectiu Ronda –que ha mostrado su satisfacción por la resolución del TEDH– afirma que esta política «vulnera el deber de elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social y no garantiza la exigida suficiencia económica a los pensionistas.» Así lo demuestran, por ejemplo, añade la nota de esta cooperativa de abogados, unos datos hechos públicos por el sindicato UGT que señalan que «los pensionistas españoles han perdido de media unos 670 euros el año en términos de capacidad adquisitiva en el periodo comprendido entre el año 2010 y 2017.»
La demanda elevada por Col·lectiu Ronda frente al TEDH afirma que el Estado español «incumple tanto el convenio 102 de la OIT –firmado y ratificado por España– cómo, de forma más específica, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea». La mencionada normativa establece de forma inequívoca la obligación por parte de los estados de garantizar y preservar el poder adquisitivo de los pensionistas ante el incremento del coste de la vida. Yendo todavía más allá, en el caso de la Carta Social Europea –-vinculante por los estados miembros de la UE– se determina la exigencia de «tender progresivamente a elevar el nivel de protección de la Seguridad Social» y, por lo tanto, a actuar de forma diametralmente opuesta a cómo lo están haciendo las últimas novedades legislativas introducidas por el gobierno español en materia de pensiones y Seguridad Social.
Miguel Arenas, abogado del Col·lectiu Ronda responsable de la dirección jurídica de la demanda, destaca que «el gobierno español está dictando leyes y normas que vulneran la legislación comunitaria, que es de obligado cumplimiento y de superior jerarquía legislativa. Preservar el poder adquisitivo de los pensionistas no es cuestión de voluntad política, es una obligación legal. Por supuesto, también una obligación moral, pero por encima de todo, una obligación legal. España no está respetando la legislación comunitaria y está violentantdo los derechos de sus pensionistas».
El Col·lectiu Ronda aprecia la admisión a trámite de la denuncia porque, según datos del mismo Tribunal, «sólo el 5% de las demandas elevadas al Tribunal de Estrasburgo denunciando vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos son admitidas a trámite y acaban siendo resueltas por el TEDH».
Catalunya Plural, 2024 
