“Los derechos humanos y las libertades civiles no empiezan ni terminan con el proceso catalán”

La sociedad abierta es un ideal desarrollado por los filósofos Henri Bergson y Karl Popper en que el gobierno constituido actúa de forma dialogante y tolerante y los mecanismos políticos se fundamentan en la flexibilidad y en la transparencia. Trabajar para construir sociedades abiertas y tolerantes, y para que los gobiernos respondan de su acción ante la ciudadanía es uno de los objetivos principales de la fundación Open Society creada por el magnate George Soros. Se trata de la segunda organización filantrópica internacional más importante del mundo, después de la de Bill Gates, que desde su fundación en 1984, ha dado más de 32.000 millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro que luchan contra la injusticia social.

El año 2013 inauguraron oficina en Barcelona y acaban de abrir el espacio Societat Oberta; un punto de encuentro destinado al debate, difusión y reflexión sobre los Derechos Humanos y libertades civiles. El nuevo espacio de acceso gratuito está a disposición de activistas y organizaciones locales que tengan como objetivo conectar con los ciudadanos, comunidades y movimientos de Barcelona. ¿Cómo podemos tejer sociedades más abiertas garantizando los derechos y las libertades de las personas? Lo abordamos con Jordi Vaquer, director regional para Europa del Open Society Foundations.

¿Son malos tiempos para los derechos y las libertades?

Hay una situación de fondo, es decir, una vulneración de derechos y libertades que no son nuevos. Por ejemplo, el caso de los controles fronterizos y de la inmigración hace muchos años que los arrastramos. En los últimos años, es cierto, hay una aceleración, una cierta determinación, de derechos y libertades que tienen que ver en enfrentarse con el poder y sus abusos. Con las manifestaciones del 15M y las posteriores movilizaciones, el Estado creó una ley de seguridad ciudadana muy restrictiva.

En otros países, como Francia y Bélgica, los ataques terroristas han originado también una ola de restricciones relevantes. Sin olvidar el Reino Unido y Alemania donde se han producido escándalos muy graves de vigilancia electrónica. Hay una tendencia que viene motivada por la presencia tecnológica y la situación política de muchos países que hacen que éstos no respeten límites muy básicos del Estado de derecho. Desde mirar la correspondencia a no poder decir lo que piensas.

¿Los derechos y las libertades fundamentales admiten discusiones? ¿Deberían ser sometidos a referéndum?

Una de las principales características del recorte de derechos y libertades actuales y, hasta cierto punto, del Estado de derecho, es, precisamente, esta vocación de los gobiernos elegidos democráticamente de hacer y deshacer sin tener en cuenta los límites, no sólo los que tienen que ver con derechos y libertades, sino aquellos que tienen que ver con el equilibrio de poderes. La idea de que puedan ser sometidos a referéndum, que quien tenga la mayoría pueda cambiarlo todo, o oponerse a la mayoría democrática, todas estas ideas autoritarias, están erosionando el estado de las cosas que, si bien nunca fueron perfectos, los últimos años habían experimentado mejoras sustanciales. El debate de si la prisión preventiva, la cadena perpetua o la pena de muerte permanente debe ser sometida a referéndum no parece formar parte de la agenda de los países de tradición democrática.

¿Qué tarea realiza la fundación Open Society?

Somos una organización que funciona con unos programas temáticos centrales como el periodismo independiente, la justicia, los derechos en el ámbito de la salud, los derechos humanos, los derechos de las mujeres. También tenemos en marcha una serie de programas que son regionales y fundacionales de muchos países. En estos programas lo que hacemos básicamente es tratar de identificar grupos de derechos civiles, principalmente, grupos de activistas que se dediquen a trabajar derechos y libertades en los diferentes ámbitos temáticos. Nosotros lo que hacemos es dar apoyo financiero, se puede consultar en nuestra página web, financiación transparente, no es dinero público y nos hace excepcionales.

No hay muchos donantes privados que inviertan en el ámbito de derechos y libertades. Es una financiación relacionada a cuestiones que son polémicas porque muchas veces no gustan al Estado, ponemos en duda sus políticas, no gustan a las mayorías. Cuando uno defiende los derechos de los gitanos o los consumidores de drogas, o los derechos de según qué minorías, puede generar antipatías a las mayorías. En estos casos apoyamos todo estos grupos que defienden estas cuestiones.

¿Qué pretenden con el nuevo espacio Societat Oberta?

Llevamos desde hace cinco años trabajando en Barcelona. Hemos querido abrir este espacio para ponerlo al servicio de organizaciones que trabajan en el ámbito de derechos y libertades, con un sentido muy amplio, que quieran conectar más directamente con la ciudadanía barcelonesa. Nuestro propósito es que este debate de derechos y libertades tenga un punto de referencia, un punto de encuentro, un punto de conexión entre las diferentes causas.

A veces, los activistas catalanes a favor de los derechos de las personas migrantes, los que trabajan en el ámbito digital, o los que trabajan por unas políticas de drogas menos restrictivas, no se conocen unos a otros. No disponen de un espacio de referencia y, además, la mayoría de espacios que hay en Barcelona son de titularidad pública. Es importante que la iniciativa privada se implique en estas cuestiones y no se queden en manos del gobierno o la iniciativa pública.

Uno puede pensar que la inauguración de este nuevo espacio viene motivado por el momento político que vive Catalunya.

Ampliamos el foco, los derechos humanos y las libertades civiles no empiezan ni terminan con el proceso catalán. No hemos venido a Barcelona ni hemos abierto esta nueva sede por el proceso y lo que pueda suceder en un futuro en las instancias de derechos humanos europeas. Si, en cambio, hemos estado pendientes de las sentencias de Estrasburgo de la quema de fotografías del rey o la que condenaba al Estado por trato inhumano y degradante a los autores materiales de los atentados de la T4 de Barajas.

También los abusos en los controles de inmigración del Tarajal en Ceuta o el control del discurso del odio o la llamada exaltación del terrorismo a titiriteros, raperos, twiters que han pasado por juicio y, en algunos casos, con condenas muy duras. Nuestra mirada es muy amplia, no se centra en un tema específico como la gestión del famoso uno de octubre, los presos o exiliados. Todas estas cuestiones entran en un contexto mucho más amplio, en un contexto europeo, forman parte de la agenda pero no son la razón por la que existimos y estamos en Barcelona.

En la inauguración en 2013 de la oficina del Open Society Foundations en Barcelona marcaban como objetivo otorgar a la ciudad el rol de modelo a seguir en la reactivación de los principios democráticos y la integración europea. ¿Visto el contexto de los últimos meses es necesario replantear este rol?  

Es un contexto donde la ciudad, el país, y Europa, han cambiado mucho. En algunos aspectos se ha perdido la ejemplaridad de la situación. Sigo pensando, sin embargo, que aunque en Europa tenemos una sociedad de las más abiertas desde el punto de vista de tolerancia e, incluso, de apoyo a derechos y libertades así como rechazo a la discriminación. Es cierto que en Europa no vivimos un momento político e institucional modélico. Esta es una de las razones para continuar trabajando.

¿Barcelona es una buen lugar para la práctica del activismo social y por los Derechos humanos?

Hay una tradición muy extendida y muy valiosa, pero también hay aspectos de los que aún tenemos mucho que aprender. El litigio estratégico no se ha utilizado mucho en la sociedad civil catalana o la cuestión de la discriminación de las personas nacionalizadas por razón de ética o de aspecto. Son temas que en ciudades europeas como Londres, Amsterdam, Rotterdam han trabajado con más profundidad. A menudo Barcelona se encuentra a la vanguardia pero, al mismo tiempo, también da pasos atrás. Tenemos un tejido asociativo puntero, como la lucha contra los desahucios, pero en muchos aspectos todavía tenemos que mejorar.