En el 2012 podíamos leer en la prensa que el BBVA compraba UNIM por 1 euro. En el 2017 era el Banco Santander que se hacía con el Banco Popular por la misma cantidad. Mientras tanto, del 2008 al 2017, 725.259 familias en todo el Estado han sufrido un proceso de ejecución hipotecaria y 69.693 han sido desahucias solo en 2017. EL 64% de estos desahucios se deben a impagos de alquiler. En ciudades como Barcelona este porcentaje sube al 85%.
Cifras, números, que parece que se han normalizado e interiorizado, creando una especie de distinción o barrera invisible en las mentes, como si las familias desahuciadas no fueran dignas de ser reconocidas como tales. El Gobierno del Partido Popular ha empujado hacia esa consciencia diciendo en conferencias internacionales que los desahucios son cosas del pasado, ayudados por directivos de bancos que los llamaban «leyendas urbanas» y los medios de comunicación… ¿dónde quedaron?
Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria no ha habido ningún cambio legislativo estatal que garantice el realojo a familias vulnerables mediante un alquiler social de las viviendas vacías que acumula la banca, ni una moratoria real a los desahucios tanto de alquiler como de hipoteca de las más de 500.000 familias deudoras de buena fe a las que han echado de sus casas, ni mucho menos una ley de segunda oportunidad para volver a empezar para aquellas familias que han perdido su hogar. Hay que recordar y remarcar que no ha habido ningún cambio legislativo para garantizar el derecho a la vivienda porque no ha habido voluntad política en el Gobierno: el Partido Popular bloqueó en el 2013 una iniciativa legislativa popular (ILP hipotecaria) avalada por el triple de firmas de las necesarias para ser presentada y con un consenso social del 80% de la población. La ILP proponía 3 medidas de mínimos: dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y la creación de un parque público de alquiler., En realidad sí que hubo cambios legislativos, pero en las comunidades autónomas y mayoritariamente impulsadas por la PAH, pero el partido de Mariano Rajoy bloqueó y suspendió las leyes autonómicas que ponían fin a la emergencia habitacional: en Catalunya, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana.
Lo que no ha dejado de hacer el PP durante estos años es seguir protegiendo los intereses de la banca y legislar para amordazar y recortar en salud y educación.
A veces me pregunto si, ahora en abril del 2018, sabemos o tenemos consciencia del significado de las cifras y del resultado. ¿Dónde viven las familias que no pudieron pagar su casa (que se quedó después el banco?) ¿Qué han hecho los bancos con las viviendas que acumulan vacías sin cumplir con su función social? ¿Por qué hay gente sin casa y casas sin gente? ¿Cuándo se va a exigir una contraprestación a las entidades financieras por la inyección de 74.000 millones de euros a la banca? ¿Por qué seguimos haciendo caso a una ley estatal cuando el TJUE ha manifestado en varias ocasiones que es abusiva? Algunas de estas preguntas siguen en un agujero negro, otras no.
Begoña, Mari, Delia, Mercedes, Marta, Yolanda, Flor, Sonia, son alguna de las luchadoras que perdieron su casa. Que no entran en las cifras oficiales del CGPJ porque no llegaron a tener una fecha de desahucio. Lo que sí tuvieron y compartieron cada una de ellas fue vergüenza, miedo, inseguridad, impotencia, depresión, parálisis al ver como la ilusión de un proyecto de vida se iba desmoronando hasta convertirse en una pesadilla. La pesadilla de perder tu hogar. Diferentes circunstancias que las llevaron a no poder pagar la cuota de su hipoteca y a perder su casa. Unas pierden y la banca gana. Todas ellas se conocieron en la PAH de Barcelona y todas ellas consiguieron, a base de sudor y lágrimas – colectivas- un alquiler social.
Hasta aquí la historia sería feliz pero su felicidad solo duró 3 años. La lógica del mercado y beneficio sigue presente, también para ellas. La llamada burbuja de alquiler se expande. El 85% de los desahucios en Barcelona son consecuencia del alquiler. Y ellas se han visto también afectadas, otra vez.
Acabado su contrato de alquiler social los bancos acechan, no quieren dejar de ganar ni un solo euro, cueste lo que cueste. Y es así, no se quedan atrás en competir con las SOCIMIS, fondos de inversión y sus propias inmobiliaria para echar a las familias de sus casas para rentabilizar un derecho. Y es que BBVA, Bankia y la Caixa son las entidades financieras que a día de hoy están presionando a nuestras compañeras y no renovando sus alquileres sociales. Recordemos que estas entidades financieras se quedaron con la vivienda, fueron rescatadas y siguen cobrando un alquiler a las familias. Hay que poner rostro y señalar a los responsables, a los culpables.
Pero ¿quién desahucia? ¿A quiénes desahucian? ¿Hay menores en el desahucio? Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) diferencian los tipos de desahucios según impago de hipoteca o alquiler desde el 2013 gracias a la demanda de la ciudadanía, que quería poner luz donde no había. Es en el último informe del Observatorio DESC donde podemos ver que el 70% de las personas entrevistadas hipotecadas de la PAH de Barcelona tienen problemas con el BBVA y que el 81% viven con menos de 400 € al mes. A día de hoy estamos muy lejos de tener estadísticas de calidad que contesten a las preguntas anteriores. Mientras tanto es trabajo de todas visibilizar y dar voz a las vidas lloradas, porque toda vida es digna de ser llorada, tal como dice Judith Butler.
Catalunya Plural, 2024 
