El centro por la defensa de los derechos humanos Irídia denuncia las dificultades para investigar los delitos de violencia institucional debido a que la policía no va identificada correctamente con el número TIP de manera visible. Así lo explican en el informe anual del SAIDAVI, su Servicio de Atención y Denuncia de Violencia Institucional. “Hemos visto situaciones graves en las que se golpea a la gente en la cabeza y esto es una práctica policial que debe cesar” asegura el abogado y director estratégico de la entidad, Andrés García Berrio. Sin embargo, ante estas situaciones, asegura el letrado que es “muy difícil” identificar a los agentes si no van correctamente identificados. Por ello piden “medidas urgentes” como un código “entendible y memorizable para la población general” que esté visible “por delante, por detrás y en el casco” de los agentes.
“Estamos preocupados por la falta de mecanismos de control policial, tanto de la Policía Nacional como de los Mossos d’Esquadra”, aqueja García Berrio, que asegura que desde su entidad han visto como han aumentado las situaciones de violencia institucional en 2017, comparadas con el año anterior. Una tendencia que, dicen, sigue al alza en lo que va de 2018. La violencia institucional son las situaciones en las que las instituciones públicas vulneran los derechos de las personas por medio del ejercicio de la fuerza física o psicológica fuera de los supuestos establecidos por la legislación.
A lo largo de 2017, el SAIDAVI ha recibido un total de 72 solicitudes de actuación ante presuntas vulneraciones de derechos humanos. De estas, 52 han sido por parte de personas que han sufrido situaciones de violencia institucional: 31 en contextos de reunión y manifestación, 14 en el espacio público, 5 en centros penitenciarios y 2 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona.
Una de las principales preocupaciones que muestran desde Irídia es que “no hay políticas públicas en materia de prevención de la violencia institucional” porque “de momento no ha existido voluntad política de abordar este fenómeno”. Ante lo que consideran un “vacío legal”, recomiendan implementar planes integrales contra la violencia institucional que propongan reformas legislativas y normativas que “apuesten de manera decidida por cambiar las prácticas actuales”.
Elisenda Pradell, coordinadora del Área de Psicosocial de Irídia, añade que además de las consecuencias físicas, la violencia institucional también conlleva “impactos psicosociales”, pero que en ocasiones no se tienen en cuenta. “Hemos detectado carencias en el mundo judicial en términos de valoración del daño psicológico”, asegura Pradell. Ante esta situación exigen “criterios objetivos y mecanismos efectivos para valorar el impacto psicológico de la violencia para poder garantir una valoración global del daño”.
“La indefensión, la incomprensión, la rotura de la cotidianidad y el impacto en las creencias básicas –como entender como funciona el Estado de derecho–, si vienen causadas por contextos de represión o violencia institucional, tiene afectaciones psicosociales a las que se debe dar respuesta” explica Pradell. Desde Irídia recomiendan a los departamentos de salud que hagan campañas de prevención para abordar los impactos psicosociales de la violencia institucional que pueden afectar a la persona vulnerada directamente, pero también a su familia, su entorno social e incluso “a toda la sociedad en conjunto, al verse reducidas sus libertades y derechos”.
Una de estas situaciones en las que “se ve rota la cotidianidad y el impacto en las creencias básicas” fue el 1 de octubre. “Hemos comprobado que la actuación policial del 1 de octubre estuvo perfectamente pensada y coordinada para extender el pánico entre las personas que acudieron a los centros de votación” denuncian desde Irídia. Explican que, si bien han podido identificar a parte de los agentes implicados en las actuaciones de ese día, uno de los principales problemas con los que se encuentran es poder identificar a los agentes por su número TIP. Actualmente llevan 12 casos de los hechos ocurridos en seis centros educativos de Barcelona. Uno de ellos es Roger Español, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una bala de goma disparada por un agente del Cuerpo Nacional de la Policía. Con su litigio estratégico quieren mostrar que este proyectil es “altamente peligroso” y “abrir un proceso de verdad, reparación y justicia colectivas”, zanjan desde Irídia.
Catalunya Plural, 2024 
