Al preguntar a Marisa Fernández si, diez años después de aprobarse la ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, habría que incorporar cambios al texto, la jurista, que fue una de sus redactoras, responde sin dudar: “En 2018 no habría ley contra las violencias machistas que no incorporara la violencia institucional. El 2008 no lo conseguimos de ninguna forma”, recuerda.
Sobre el valor de incorporar la violencia institucional a la Ley 5/2008, a pesar de ser una ley sin capacidad sancionadora, la abogada Carla Vall apunta que “reconocerla permitiría concienciar a la administración sobre el trato que reciben las mujeres en situación de violencia machista por su parte, ya sea por parte de los Mossos d’Esquadra, del personal sanitario o de los funcionarios de los juzgados, y sobre la necesidad de hacer cambios”.
Trabajar el concepto de consentimiento en las relaciones sexuales, para recoger que puede retirarse en cualquier momento, hacer constar a las personas con identidades transgénero (el texto actual menciona solo a mujeres transexuales ) y crear un observatorio de los derechos de las mujeres en la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), son otros cambios que Fernández plantearía incorporar a la ley aprobada el abril de hace diez años, ampliamente reconocida como una ley pionera en el Estado y de las más progresistas a escala europea.
Un acompañamiento más inclusivo
Una mejora que las expertas consultadas coinciden a apuntar es incorporar al día a día de los servicios la mirada interseccional que recoge la ley, para superar desigualdades de acceso y de mantenimiento en los procesos de recuperación y reparación.
Según los estándares comunes de servicio, la actuación tiene que partir de “las diversidades de las mujeres para disminuir los efectos estructurales de la violencia machista y, a la vez, tiene que tener en cuenta la diversidad de las mujeres y las especificidades propias de determinadas tipologías y ámbitos de la violencia machista”.
Míriam Vázquez, psicóloga experta en violencias machistas, lo ejemplifica con el caso de las mujeres gitanas, a las que se refiere como “las grandes excluidas” de los servicios de atención y recuperación. “Se han dedicado pocos esfuerzos a permitirles entrar como ellas querrían hacerlo; a incorporar su mirada, por lo que las que acaban accediendo a recursos payos es porque el tema es muy grave y, de hecho, muy pocas acaban el proceso de recuperación y reparación”, explica, a la vez que plantea la necesidad de que cada proceso se adecue a lo que cada mujer necesita y desea. “Desarrollar formas de acompañamiento más personalizadas no valdría más dinero y beneficiaría a todas las mujeres, porque hay algunas que necesitan un equipo que esté allí y hay mujeres que esto lo viven súper mal. No todas queremos ni necesitamos el mismo, tampoco las que viven situaciones de violencia”, remarca la psicóloga, que, a la vez, detecta una mirada más asistencialista que de empoderamiento en el trabajo de atención y recuperación de las mujeres que han vivido violencia machista.
La diagnosis de la Red de Atención y Recuperación Integral para las mujeres en situación de violencia machista –encargada por la ICD y elaborada por el Grupo de Investigación Antígona de la UAB en 2016– detecta que las situaciones más explícitas de doble discriminación son las que sufren algunas mujeres migrantes, por la situación administrativa y las dificultades comunicativas derivadas de no conocer el idioma. Si bien no tener la situación administrativa regularizada impide acceder a prestaciones económicas, todas las mujeres tienen derecho a acceder a los servicios de atención y recuperación. “Tenemos que trabajar el acercamiento a las mujeres migradas para que nos perciban como una ayuda, cosa que ahora no pasa en muchos casos”, explica Marta Álvarez, psicóloga especializada en violencia machista. Conseguir la complicidad de las asociaciones de mujeres migradas para que se conviertan en vías de información en sus comunidades y contar con la figura de mediadora cultural son algunas de las herramientas para remediarlo.
Prevenir para no tener que curar, una lógica pendiente de implementar
Sobre el colectivo de mujeres más jóvenes, el diagnóstico detecta que muy pocas llegan a los servicios de la Red y, según la investigación de Antígona, la infrarepresentación no significa que las mujeres jóvenes y adolescentes no sufran situaciones de violencia. Las acciones de sensibilización en las escuelas e institutos son una posible vía para facilitar que puedan identificar su situación y conocer los servicios para salir de ella, concluye el documento.
La ley 5/2008 se refiere a la coeducación como “elemento fundamental en la prevención de la violencia machista” y afirma que la educación tiene que hacer disminuir el sexismo y el androcentrismo. “La ley recoge la prevención y la formación, pero desplegarlo necesita recursos, programas que se mantengan en el tiempo y no ir a hacer tres talleres al año en una escuela”, critica Álvarez. “Como ideal, la prevención y sensibilización tendría que hacerse al profesorado para que puedan trabajarla todo el año de manera transversal, porque, si está claro que cuando hay un mal tenemos que repararlo, también tenemos que tener claro que hay que prevenirlo”, reivindica.
Además de por la atención a las mujeres en situación de violencia y por el derecho de reparación de todos los daños causados por la violencia, la ley catalana apuesta también por la prevención y la detección. Aun así, es una pata de acción débil, según señala el diagnóstico de la red encargado por la ICD y elaborado por el grupo Antígona. Más de siete de cada diez (73,7%) de los y las profesionales encuestadas, dedican menos de un 25% de su jornada laboral a la prevención y la sensibilización. “Con los recursos existentes no queda espacio para la prevención”, afirma el diagnóstico de la Red, que detecta consenso sobre la necesidad de dedicarle recursos. Otra crítica es que la gran mayoría de las acciones de prevención y sensibilización se centran en una única expresión de la violencia machista: la que tiene lugar en el marco de la pareja.
Si bien el grado de sensibilización ante las violencias machistas ha crecido visiblemente −de manera inimaginable una década atrás, apuntan algunas de las entrevistadas−, el retumbo social que el feminismo ha conseguido hacer en los últimos tiempos −especialmente para condenar la violencia sexual−, no tiene que llevar a relajar esfuerzos. Todo lo contrario. Las expertas consultadas abogan por qué el clima de receptividad social se aproveche para labrar prevención. “La población en general tiene que hacerse responsable de detectar las diversas formas de violencia; no solo tiene que ser cosa de los servicios, porque hay mujeres que nunca llegarán a ellos”, plantea Vázquez, por lo que reivindica un papel más activo del sistema educativo y de los medios de comunicación para corresponsabilitzarnos de erradicar las violencias machistas.
Catalunya Plural, 2024 
