El sueño y la utopía de Imagine de Lennon, que empezaron el 1968 y que pudieron flotar por encima del desencanto posmoderno y de la proclamada “muerte de las ideologías”, hoy en día se confrontan con la realidad de la actual “Unión Europea”, macro-lobby de intereses económicos y políticos en un mundo lleno de guerra e injusticia.
La deriva autoritaria en Europa de estos últimos años es un hecho que los ciudadanos demócratas tienen que saber combatir y revertir. Esta Unión Europea es una macroestructura al servicio de la economía capitalista y de los intereses de los diferentes Estados. La crisis económica de la pasada década y la miserable respuesta (salvo excepciones) a la masiva demanda de acogida de refugiados han contribuido mucho a abrir los ojos de los ciudadanos sobre la verdadera cara de este club de estados.
En este contexto, la reducción de libertades en el estado español y sus instituciones en las dos últimas décadas es especialmente preocupante y peligrosa. La represión de los movimientos sociales y de las libertades individuales y colectivas ha ido acompañada de la agresión del Estado contra la voluntad democrática de las naciones que lo componen, como patentizan los hechos del primero de octubre de 2017 en Cataluña y la terrible represión y persecución subsiguientes.
La represión de los movimientos sociales no ha podido impedir la emergencia y movilizaciones potentes a favor de la calidad de vida de la población en el terreno de la vivienda, la salud, la educación o las pensiones. En el terreno de las libertades individuales y colectivas, leyes como la dicha Ley Mordaza instauran un clima de terror difuso. Sólo hay que recordar el encarcelamiento de los chicos de Altsasu, Nafarroa, por imaginarias imputaciones de terrorismo, a un territorio donde la lucha armada ha fenecido. Los ataques a cómicos, cantantes o escritores muestran el rostro de un Estado autoritario y la pasividad de una sociedad muy alienada.
La represión del pensamiento crítico a las universidades
En el terreno educativo, se han promulgado leyes que atentan contra el pensamiento crítico y libre y la libertad de cátedra de los docentes. Y se ha restringido la autonomía de las universidades públicas. Estas se rigen por unas leyes conservadoras que van contra la democracia de las personas que estudian y aprenden y los trabajadores que los sirven. En este sentido, es oportuno apoyar a los “27 i més de la Universitat Autònoma”, en el conflicto que se remonta a 2013. Recordamos que aquel año, el 17 de abril, meses después de unas elecciones en que las fuerzas progresistas de la UAB consiguieron un resultado histórico de la persona candidata a rector que proponían, más de 200 universitarios de la UAB ocuparon el rectorado para reclamar que se aplicaran una serie de mociones aprobadas por el Claustro de la Comunitat Universitaria y que el equipo de gobierno no quería cumplir.
Las medidas exigidas ya habían sido aprobadas por los órganos decisorios más importantes de la UAB e iban en la línea de democratizar el sistema universitario y de conseguir la reducción del precio de la matrícula y la implementación de un sistema de becas que sirviera para paliar la subida sufrida el 2012. Aquella acción estudiantil acabó, pero, a los tribunales con varios imputados.
La encerrada en el rectorado de 2013, insistimos, reivindicaba la puesta en práctica de las medidas y acciones aprobadas por el Claustro del 21 y 22 de marzo del mismo año. A pesar de que inicialmente esta fue promovida desde las Asambleas de Estudiantes (CAF) y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), la encerrada y sus reivindicaciones recibieron el apoyo de los comités de empresa de profesorado y personal administrativo. La respuesta fue, cómo hemos dicho, la vía judicial y represiva. En los años siguientes, y en el decurso de la instrucción del caso, se ha puesto en evidencia que la fiscalía española persigue un movimiento político y busca criminalizar cualquier disidencia que vaya contra sus intereses. En este caso revelador centró sus dardos en la persona de Ermengol Gassiot, profesor de la UAB, secretario general de la CGT y delegado sindical.
Junto con él, a otros activistas, como el estudiante Oriol Corral y el trabajador del PAS Jordi Gassiot, se les piden penas de entre 11 y 14 años de prisión. La apertura del juicio oral y el embargo de 511.835,05 € para asegurar las responsabilidades civiles, sobre el grupo de personas imputadas de “Som 27 i més”, empapeladas por haber osado reclamar al equipo de gobierno de la UAB que “cumpliera con los compromisos aprobados al claustro y que suponían parar una subida de tasas que aleja todavía más la universidad de las clases populares y de los principios y valores que tendrían que regir las instituciones públicas”, muestra la crudeza de la acción represiva emprendida por el aparato judicial del sido espoleado por sectores concretos muy minoritarios, pero influyentes, de los estamentos dirigentes en el ámbito económico y académico.
Esta cantidad desorbitada de dinero choca absolutamente con la cifra de poco más de 10.000 euros de posibles daños, según la UAB, de forma que pedir, por parte del ministerio fiscal, un embargo preventivo de más de medio millón de euros supone por las personas encausadas una condena previa nada encubierta.
Ofensiva contra los derechos de manifestación, reunión y libre expresión
Hay que situar el absurdo, pero no por eso menos cruento, proceso de los “27 i més” de la UAB en el contexto de la ya descrito, grave, involución democrática que bescanta la disidencia. Hay que revertir los efectos. Ahora bien, ¿cómo? De entrada, animando a las instituciones democráticas del país a proponer unas vías de resolución rápida y efectiva del proceso de los universitarios de la UAB.
Por eso corresponde pedir a las diferentes instancias de la ciudadanía demócrata, hoy en pie de guerra por el 155, que exijan al Equipo de Gobierno de la UAB el sobreseimiento del caso y la renuncia a la responsabilidad civil hinchada por el anterior Equipo de Gobierno. Este tiene que manifestarse declaradamente en contra de las peticiones de la fiscalía, que chocan frontalmente con los principios que tendrían que regir una sociedad democrática donde la libertad de expresión sea una realidad y no sólo un ideal.
Hace falta que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y su Equipo de Gobierno retiren la responsabilidad civil de los encausados para defender “un modelo de universidad pública, gratuita y de acceso a las clases populares del territorio”. A esto, precisamente, conminaba la moción aprobada en el claustro de la Universidad Autónoma del 15 de diciembre de 2016.
Por otro lado, hay que exigir al cuerpo de Mossos d’Esquadra que borren sus ficheros ilegales de seguimiento, puesto que no es propio de una sociedad libre perseguir la protesta pacífica, en este caso para la mejora de la educación pública. No es admisible perseguir activistas y actividades de agentes sociales como la Coordinadora de Asambleas de Facultad (CAF), el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y los sindicatos de los trabajadores, que continúan en lucha contra el desmantelamiento de la Universidad pública y contra la carencia de democracia de la UAB.
El de los “27 i +” es un juicio político que atenta contra los derechos de manifestación, reunión y libre expresión. Hay que decir al respeto que la UAB, como institución, tiene una posición ambivalente o ambigua. El diciembre de 2016, al primer Claustro del mandato de la rectora Marga Arboix se aprobó por amplia mayoría (129 votos a favor, 29 en contra y 15 abstenciones) una moción en la cual el conjunto de la comunidad universitaria de la Autónoma mostraba su “gran preocupación” por las desmesuradas peticiones de prisión de los inculpados.
El cierto es que el equipo de gobierno de la UAB ha acabado reconociendo que no podía demostrar los gastos hinchados de responsabilidad civil a las personas imputadas, inicialmente presentadas. Aun así, no parece que la rectora ni su equipo hayan trasladado a fiscalía formalmente este cambio ni la preocupación por las penas desproporcionadas.
La ambigüedad de la UAB en este caso es de libro: los acusadores (y a la vez parte en el proceso) han pretendido hacer juntos de “pacificadores” con una pretensa falsa neutralidad, a partir de la propuesta de 2016 de un equipo de mediadores, entre los cuales hay el Síndico de Agravios de la UAB, “escogido a dedo por el Equipo de Gobierno anterior y no por vías democráticas”, según un comunicado de apoyo a los 27i+. Esta propuesta de mediación ha sido juzgada de hipócrita, puesto que aparece cuando se ha cerrado el proceso de instrucción y no se puede parar este proceso judicial. “Obras sueño amores…”: hay que retirar de un golpe la demanda de responsabilidad civil (más de 384.000 €) y solicitar la archivo del caso a la fiscalía.
Las libertades son inseparables
La democracia no puede hacer como los cangrejos, o sea recular. En la calle, en la fábrica o en la escuela hay que impulsar procesos que reviertan la involución autoritaria que hemos descrito. El desafortunado proceso de los “27 i més” pone sobre la mesa de disección los límites y carencias graves de la democracia a la enseñanza superior. El comportamiento de la cúpula de las universidades públicas en las respuestas ciudadanas en cuanto a la aplicación del 155 contra las instituciones y el pueblo de Cataluña es paradigmático de una posición poco implicada y fría.
Un par de muestras de esto. A la UB se impidió antes de Nadal la lectura al Concierto oficial de Navidad (el día que estaban las autoridades académicas) de un manifiesto contra la represión promovido por el Coro y la Orquesta de la UB. A la UAB, tres meses y pico después, el decano de la Facultad de Economía, Diego Prior, retiró la autorización al acto en solidaridad con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, profesor de la misma universidad, encarcelado desde hace meses. Este acto se tenía que hacer en la sala de actas de Económicas UAB, pero su decano la vetó y se acabó haciendo en otro espacio del Campus. Justo es decir que el Equipo de Gobierno justificó el veto de la Facultad de Económicas con razones cínicas. El 10/04/2018 el decanato de la Facultad de Economía y Empresa y el Equipo de Gobierno de la UAB se sacaban las pulgas de sobre proclamando que “ni el Decanato de la Facultad ni el Equipo de Gobierno de la UAB han tenido, ni ahora ni en ninguna ocasión, la voluntad de censurar la realización de ningún tipo de acto a la Universidad”.
La motivación censora se delata al razonar que la Facultad de Económicas tiene por norma no mojarse por “la complejidad de garantizar la realización con normalidad de actas de carácter o contenido político”, razón por la cual no cede espacios si no es por actos “académicos, de investigación o institucionales. Este ha sido el único motivo para denegar el uso de la sala de grados”. Lo que ha inquietado más al Decanato y al mismo Rectorado UAB ha sido que en los espacios vírgenes e impolutos de la Facultad de Económicas se pudiera hacer un acto de homenaje al Consejero de Economía de la Generalitat, ahora preso político, acto, concluye el comunicado oficial de la UAB, “publicidad inicialmente como ‘Homenaje a la democracia’, hecho que dio pie a la interpretación no académica de la propuesta”.
Exigir con toda la firmeza la absolución de los encausados de 2013 es algo que se enmarca en el movimiento que reclama el fin del encarcelamiento y/o exilio de profesores y de políticos y el fin de la persecución de decenas de activistas sociales, músicos, docentes, sindicalistas y, últimamente, activistas de movimientos sociales. Esto supone denunciar el autoritarismo académico y reclamar a nuestras autoridades académicas un compromiso decidido con la libertad, contra la represión y, también, con el ejercicio de la libertad de expresión a los recintos escolares y universitarios.
En todos los procesos de progreso político y social, desde hace siglos, se hace patente que las libertades políticas, económicas y sociales son indisociables. Quiere decir que no se puede luchar para garantizar una calidad de vida en salud, trabajo o educación haciendo abstracción de las libertades de reunión de expresión y del derecho de autodeterminación de los pueblos. Los grandes ideales y valores de progreso humano y social -que tantos compartimos- sólo son fecundos y operativos si una grande y permanente movilización ciudadana denuncia y desactiva las estructuras de poder al servicio del capital y de los intereses oligárquicos de los estados. Una movilización así requiere uso de plataformas como la universidad, la prensa o el tejido asociativo, si realmente se quiere revertir la actual práctica autoritaria y al servicio de las élites neoliberales a la judicatura, el mundo académico o los medios. Y justamente por eso el caso de los “27 y más” nos merece a todos una lectura va mucho más allá de un caso Altsasu en pequeño.
